El reclamo por la legalización del aborto tiene una larga historia en la Argentina, pero por primera vez en muchos años logró traspasar los espacios de militancia y ubicarse en la agenda pública. Que estemos ahora debatiendo sobre el tema es el resultado del reconocimiento de luchas por la ampliación de derechos que llevan ya muchos años.
Durante un largo tiempo, el debate político en torno de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo fue postergado y silenciado por nuestros/as representantes. Llegó el momento de que se nos escuche.
El aborto clandestino es un problema de salud pública
Al momento de debatir la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo se apela a diferentes tipos de argumentos tanto para sostener posiciones a favor, como en contra. Sin embargo, los argumentos que deben predominar en este intercambio –y sobre los cuales deberían fundarse las decisiones de los/as legisladores/as– son aquellos que hacen referencia al aborto como un problema de salud pública.
No es que deba ignorarse la dimensión ético-moral de esta problemática, ni tampoco los argumentos científicos (especialmente aquellos que tratan de determinar el comienzo de la vida humana), ambas esferas contribuyen al debate. Sin embargo —frente a desacuerdos que históricamente no han logrado conciliación entre las posiciones encontradas— la realidad nos enfrenta con un hecho ineludible: la prohibición, lejos de impedirlo, empuja a las mujeres a abortar en la clandestinidad, arriesgando su salud y sus vidas.
Para hablar de permisión o prohibición del aborto es necesario –en pos de una argumentación seria– especificar de qué hablamos cuando hablamos de vida ¿Hacemos referencia a todo tipo de vida? ¿hablamos de vida humana? ¿o acaso estamos apelando al concepto de persona? No se puede pasar por alto que las implicancias de elegir una u otra definición para intentar zanjar este debate llevan a conclusiones muchas veces opuestas.
La comunidad filosófica, con su larga historia, no ha alcanzado nunca acuerdo sobre el tema. Los atributos que hacen que un ser vivo sea considerado persona (es decir, un ser poseedor de ciertas características y merecedor de ciertos derechos) no han sido definidos de modo ecuánime. La comunidad científica tampoco ha logrado nunca consenso sobre este tema. Ni siquiera ha probado, de modo irrefutable, que la vida comience con la concepción (término que, por su vaguedad, involucra graves problemas conceptuales). Las opiniones personales son también atendibles, pero no pueden ni deben guiar esta discusión. Los diferentes miembros de la sociedad tienen visiones muy diferentes sobre cuándo comienza la personalidad (o la vida humana) y está bien que así sea, la falta de acuerdo sobre algunos temas es parte de las características deseables de una sociedad democrática y pluralista. Sin embargo, es necesario que lleguemos a un consenso sobre la posición que se debe adoptar a la hora de legislar sobre el aborto.
El análisis de esta problemática se debe realizar desde la perspectiva de la salud pública. Así se acordó en IV Conferencia Mundial de Población y Desarrollo (El Cairo – ONU) y así lo muestran también las cifras, que ofrecen un panorama imposible de ignorar.
Se calcula que en Argentina se realizan aproximadamente 450.000 abortos clandestinos por año, la gran mayoría en condiciones sanitarias absolutamente inadecuadas. Este número se desprende de una estimación realizada por dos demógrafas profesionales, en base a dos metodologías diferentes, a pedido del Ministerio de Salud de la Nación. Y se trata de una estimación porque en la Argentina nunca se registraron estos casos de manera sistemática, por lo cual no se puede medir directamente la cantidad de abortos inducidos. La falta de registros integrales impide ver la real dimensión de esta práctica que constituye un problema de salud pública urgente de abordar.
Al tratarse de una práctica clandestina, en muchas ocasiones se realiza en condiciones de poca higiene y a través de métodos no seguros. Esto genera complicaciones como abortos incompletos —con alto riesgo de infección— y hemorragias. Las complicaciones por aborto inseguro son la primera causa individual de muerte materna en 17 de las 24 provincias.
La tasa de mortalidad materna en nuestro país es muy alta, y el aborto inseguro está entre las primeras causas. Como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, Argentina había asumido el compromiso de reducir un 75% la mortalidad de las mujeres en el embarazo, parto y puerperio entre la década del ´90 y el año 2015. No sólo no alcanzó a cumplir con este Objetivo, sino que casi se ha mantenido estable los últimos veinte años (por eso se considera que somos un país “estancado”). Actualmente, la tasa de mortalidad materna duplica la meta de 1,3 muertes por 10.000 nacidos vivos que el país se había comprometido a alcanzar.
Las altas cifras de embarazo adolescente son también un indicador de la magnitud de este problema. En nuestro país nacen anualmente entre 2800 y 3200 niños de mujeres menores de 15 años. Cada tres horas da a luz una niña de entre 10 y 14 años. Todas ellas deberían poder acceder a interrumpir su embarazo (que muchas veces pone en riesgo sus vidas) y sin embargo no sucede.
Las altas cifras de embarazo adolescente son también un indicador de la magnitud de este problema. En nuestro país nacen anualmente entre 2800 y 3200 niños de mujeres menores de 15 años. Cada tres horas da a luz una niña de entre 10 y 14 años. Todas ellas deberían poder acceder a interrumpir su embarazo.
Esto afecta también sus posibilidades de desarrollo. El 69% de las madres adolescentes (de hasta 20 años) declaró que sus embarazos no fueron planificados. De ellas, 60% tuvo que abandonar sus estudios por causa del embarazo. Un tercio de estas madres adolescentes apenas tiene la primaria completa (y dos tercios de ellas no han terminado la secundaria).
El aborto ilegal es también un problema de inequidad
La prohibición del aborto es también un problema de inequidad. En los países donde este derecho no es reconocido, las consecuencias de la ilegalidad golpean con más fuerza a las mujeres más pobres, que son las que no pueden acceder a un aborto seguro.
Quienes carecen de los medios necesarios para interrumpir un embarazo en condiciones seguras tienen que recurrir a métodos terriblemente precarios (acceder a un aborto puede costar en nuestro país entre 3 mil y 20-30 mil pesos, dependiendo del método). Ellas son quienes más sufren. Las mujeres que pueden pagar abortan de forma segura y las mujeres que no, arriesgan su vida en el intento. Porque donde el estado está ausente, se afirman y reproducen las desigualdades entre las personas.
Es por ello que no alcanza con la despenalización de esta práctica. Si no se garantiza el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, no se resuelve el problema. Sin aborto legal, la pobreza seguirá siendo un determinante de salud en estos casos.
Además de la educación sexual, la OMS recomienda la legalización del aborto como una forma de prevenir los casos de muerte o daños permanentes a la salud consecuencia de la clandestinidad. De acuerdo con el último reporte, entre 2010 y 2014 se produjeron en el mundo unos 25 millones de abortos inseguros, casi todos ellos en países en desarrollo (3 de cada 4 abortos practicados en América Latina se produjeron sin condiciones de seguridad sanitaria). Esto representa una de las más amplias e injustas brechas en materia de salud entre las naciones desarrolladas y en desarrollo.
Conclusiones
El derecho al aborto es una deuda fundamental de nuestra democracia. Esto fue ratificado por las recomendaciones que el comité de expertos de la CEDAW (ONU) realizó en noviembre de 2016 a la Argentina. El Estado es quien debe velar por la salud de las mujeres, no sólo a través de la legalización, sino también de la articulación adecuada de los programas de salud sexual.
Las restricciones legales a la interrupción voluntaria del embarazo (no importa su magnitud) no contribuyen a reducir la incidencia del aborto (y ponen en riesgo las vidas y la salud de las mujeres). Este debería ser el punto central del debate. A nivel mundial se ve con claridad que las tasas de mortalidad materna disminuyeron luego de reformas legales más permisivas. El caso del país vecino, Uruguay, es ejemplar: luego de la legalización en 2012 alcanzó la tasa más baja de Latinoamérica (segunda del continente, luego de Canadá). Previo a la legalización, los abortos eran responsables del 37% de las muertes maternas. Entre los años 2011 y 2015 disminuyeron hasta representar alrededor de tan solo el 8% de las muertes.
Que una mujer esté dispuesta a correr riesgo de muerte para interrumpir un embarazo es muestra de que sus derechos (a su salud, integridad física, desarrollo, a su cuerpo y a su privacidad) no están siendo reconocidos ni protegidos. La decisión de interrumpir un embarazo nunca se toma a la ligera, los derechos de las mujeres tampoco deberían considerarse de ese modo.
Referencias
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http://www.cedes.org/morbilidad-materna-severa-en-la-argentina-prevencion-y-calidad-de-la-atencion-para-reducir-la-incidencia-y-consecuencias-adversas-del-aborto.php
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6. Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva OSSYR (2014) Hoja informativa n°10. http://www.ossyr.org.ar/hojas-informativas-10.html
7. IPPF (2006) Muerte y Negación: Aborto Inseguro y Pobreza http://www.despenalizacion.org.ar/pdf/publicaciones/muerte_y_negacion.pdf
8. OMS (2017) Prevención del aborto peligroso http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs388/es/
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