Soy médica generalista y formo parte de la Red de profesionales por el derecho a decidir.
En el primer nivel de atención, donde trabajo, ubicado en un barrio periférico de la ciudad de La Plata, capital de la provincia, asistimos diariamente a una gran cantidad de mujeres que viven en un contexto de extrema vulnerabilidad social y económica: mujeres trabajadoras pobres, desocupadas, o precarizadas, con salarios que no cubren ni la canasta básica, cooperativistas que perciben 4 mil pesos, o dependen exclusivamente de la asignación universal por hijo para subsistir, adolescentes. Son mujeres con una historia de derechos vulnerados. Sin acceso a educación, anticonceptivos, y salud sexual para poder decidir de manera autónoma, libre y voluntaria sobre sus vidas y sus cuerpos. Mujeres sometidas a la violencia machista y patriarcal, que no le permite decidir cuándo tener relaciones y cómo cuidarse. Mujeres angustiadas, desesperadas, que consultan porque no pueden ni desean continuar su embarazo, ya sea porque el mismo significa perder su trabajo, porque se encuentran a cargo del cuidado de niños y de ancianos, habitan viviendas precarias, sin servicios básicos, con una alimentación deficitaria o sufren violencia sexual y económica. Y este embarazo irrumpe en sus vidas desestabilizando ese complejo equilibrio con el que sobrellevan su vida y sus proyectos a pesar de todos estos obstáculos.
A los centros de salud, acuden al menos las que saben que cuentan con esta posibilidad, para solicitar ayuda.
Los trabajadores de la Salud, podemos intervenir si estos casos se enmarcan en una interrupción legal del embarazo o aborto no punible, según el artículo 86 del Código penal. Sin embargo, la Provincia de Buenos Aires, bajo el gobierno de María Eugenia Vidal, no adhiere al Protocolo Nacional de Atención de Abortos No Punibles. No nos extraña de parte de la gobernadora, que desde que asumió se ha encargado de dar la espalda a los reclamos de los trabajadores y del movimiento de mujeres. Una verdadera hipocresia de su parte, como vemos con los reclamos de las trabajadoras de la educación y la salud, como el Hospital Posadas. De todos modos, en esa instancia se trabaja con equipos interdisciplinarios para garantizar interrupción con medicación, o instrumental, si fuera necesario en el 2do nivel de atención.
Pero también actuamos con lo que en la Provincia de Buenos Aires fue legalizado como Consejerías para la Reducción de Riesgos y Daños en Situaciones de Embarazos no Planificados. Esta ley, aunque fue creada en julio de 2015, aun no fue reglamentada por el gobierno de Vidal. En este caso, brindamos información segura y desestimamos las prácticas riesgosas. Lo que es muy limitado porque las mujeres decididas a abortar igual tendrán que buscar la manera de hacerlo en clandestinidad, usando las pastillas que compraron si pudieron juntar el dinero (porque cuestan alrededor de 4 mil pesos, que es lo que gana hoy una cooperativista o empleada doméstica por mes). Deben recorrer decenas de farmacias donde le exigen una receta archivada a la que no tienen acceso, deben soportar la mirada estigmatizante de la sociedad, por la ilegalidad.
Pero la otra situación con la que nos encontramos diariamente y es por la que hoy estamos debatiendo en este recinto, es cuando las mujeres ya llegan al hospital con las consecuencias de los abortos inseguros que se practicaron en clandestinidad.
Según el Ministerio de Salud de la Nación, las muertes por abortos inseguros en Argentina representan el 17% del total de las muertes en el embarazo. 2 de cada 10 de las mujeres fallecidas por causas asociadas al embarazo, murieron por abortos inseguros: 47 mujeres por año. Pero sabemos que este es un subregistro y seguiremos desconociendo los datos verdaderos mientras el aborto siga siendo ilegal. Lo que sí sabemos quienes trabajamos en los centros de salud es que aquellas que sobreviven y llegan a los hospitales lo hacen con graves complicaciones en su salud que terminan en fallo renal, histerectomías, amputaciones. Éstas son algunas de las lesiones irreversibles que sufren las mujeres, ya que el miedo a la penalización hace que, muchas veces, dilaten la consulta y cuando llegan a los hospitales ingresan directamente a terapia intensiva con riesgo inminente de muerte. Son 60 mil internaciones por aborto, 135 por día, y por cada mujer que se interna, sabemos que hay otras 10 que se practicaron el aborto de manera clandestina de la forma que encontraron, sin recurrir al hospital público.
Es una brutalidad, porque en pleno siglo XXI, las mujeres de las grandes mayorías populares siguen usando perejil, agujas, sondas, rayos de bicicletas, y todo lo que este a su alcance para interrumpir el embarazo, mientras existe una manera altamente segura y científicamente probada para hacerlo con medicación y otros métodos no riesgosos, como así lo muestran las cifras de mortalidad cero en países donde el aborto es legal.
El aborto es un problema de salud pública y de clase. La casi totalidad de estas muertes son evitables, el aborto realizado en condiciones adecuadas en el sistema de salud, es seguro. El Estado viola el derecho a la vida de las mujeres más pobres, insistiendo en un régimen que penaliza sus decisiones reproductivas. Lo que mata es la clandestinidad. Por esto entendemos que la única manera que se pueda garantizar este derecho es mediante la legalización del aborto. Por eso nuestro apoyo al proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. El Estado debe garantizar el pleno derecho a la educación sexual integral, acceso a los anticonceptivos para no abortar, de capacitar y garantizar esta atención en todos los servicios de salud, la producción nacional de misoprostol, y garantizar la calidad, universalidad y gratuidad del derecho al aborto de toda mujer o persona gestante.
Las trabajadoras de la Salud, trabajadoras sociales, enfermeras, psicólogas nos organizamos en nuestros lugares de trabajo junto con nuestros compañeros y participamos en la conformación de cátedras libres de aborto en las universidades para que los futuros profesionales se formen en esta problemática. Es por la lucha que viene dando el movimiento de mujeres y porque nos organizamos junto a otros sectores de trabajadores y la juventud que hoy podemos debatir en el Congreso.
Desde Pan y Rosas y el PTS en el Frente de Izquierda estamos convencidas que aunque se discuta en el Congreso, éste derecho se gana en las calles. Y haremos que las miles de voces de las mujeres que murieron por abortos inseguros bajo todos los gobiernos, como también las voces de aquellas que hoy sufren en silencio, se escuchen en el Congreso y en cada rincón de nuestro país hasta que el aborto sea legal.
