Muy buenas tardes. En primer lugar celebro el espacio que se ha brindado para que participen diversas voces a fin alimentar el debate que se darán los legisladores y legisladoras a partir de la próxima semana.
Agradezco la invitación a exponer, intentando sumar y aportar ya no desde la información académica ni datos estadísticos ni de historia personal, dado que otras expositoras y expositores han realizado valiosos aportes en estos aspectos. Sino desde la gestión concreta de las políticas publicas de salud sexual y procreación responsable.
Este debate es fundamentalmente político, no sólo legal, ni científico, en tanto implica una discusión sobre la transformación colectiva de nuestra sociedad y del papel fundamental del Estado como garante de derechos. En este sentido, es que hablo de la dimensión política de la legalización del aborto donde la mejor ley posible es aquella que amplia derechos.
La discusión de esta legalización hace visible la lucha de las mujeres organizadas. Y no sólo que las visibiliza, las empodera y las invita a seguir derribando muros, a recuperar espacios negados, a caminar para alcanzar nuevos horizontes de derechos.
Me gustaría aportar algunos argumentos que considero relevantes respecto de la importancia de la ampliación de la legalización del aborto en el marco de la implementación de políticas públicas de salud, y más específicamente desde una política Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
En el año 2002 Argentina logra sancionar la ley Nacional Nº 25.673 de salud sexual y procreación responsable. Fue una ley conquistada por los movimientos de mujeres, en el marco de las reivindicaciones por el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y sancionada por este mismo cuerpo legislativo.
Al año siguiente, con la firma por parte del entonces presidente Néstor Kirchner del decreto 1282/03 se reglamentó la ley y se puso en funcionamiento una política pública nacional específica basada en los derechos sexuales y reproductivos, enmarcada en una política que recuperaba el rol del Estado y el pleno ejercicio de los Derechos Humanos.
Argentina avanzó en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como parte integral de los derechos humanos, estableciendo la centralidad del acceso universal a la salud sexual y reproductiva. Algunos de los objetivos principales de esta ley, recordemos que son:
Alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable, con el fin de adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia.
Disminuir la morbimortalidad materno-infantil
Prevenir embarazos no deseados
Promover la salud sexual de los adolescentes
Contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, de vih/sida y patologías genital y mamaria.
Garantizar a TODA la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable
Potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable.
En el marco de estos objetivos, garantizar los instrumentos para la interrupción voluntaria del embarazo resulta un desafío crucial en el cumplimiento de los objetivos de salud pública en general y de la salud sexual y reproductiva en particular, que aún no ha sido resuelto por el Estado.
Sin dudas, la implementación de esta política sanitaria llevó un proceso complejo, que no ha estado exento de tensiones y los avances realizados fueron acompañados por nuevos desafíos:
Recordemos q las políticas de salud pública y lo que aquí se define legislar debe tener presente la mirada federal de nuestro país. Abordando la realidad de las mujeres a los largo de nuestro territorio con sus múltiples y diversas historias y realidades complejas.
En la actualidad, se requiere superar la brecha de implementación de servicios integrales de salud sexual garantizando el acceso equitativo, la disponibilidad de insumos anticonceptivos, las consejerias de pre y post aborto y la atención post aborto, además de prevenir y responder a los efectos que el aborto en condiciones de clandestinidad tiene sobre las mujeres. Los abortos son consecuencia de embarazos no deseados, y sabemos que para prevenirlos deben ser implacables y constantes en todo el territorio la implementación de la educación sexual integral y el acceso a servicios de salud sexual y métodos anticonceptivos. Así como es fundamental, garantizar como Estado que no muera ninguna mujer por abortos inseguros.
En consecuencia, el aborto constituye un problema de la salud pública y de inequidad de género que debe contar con una respuesta integral por parte del estado y de las políticas de salud sexual y reproductiva que se implementan.
Aún hoy Argentina no cumple cabalmente con estos objetivos, siglos de control y regulación sobre el cuerpo femenino aún persisten en la memoria de nuestras practicas y convierte en un laberinto muchas veces incluso el efectivo acceso a las interrupciones legales del embarazo permitidas por el Código Penal. Desde el Programa también se llevaron a cabo acciones legales, una de las formas de intervención implementada consistió en la presentación judicial de Amicus Curiae. En el periodo en el que me desempeñé como coordinadora del programa se presentaron cinco Amicus Curiae, en todos los casos por incumplimientos en el acceso al aborto no punible.
Este incumplimiento del Estado en su responsabilidad nos afecta a todas, aunque de modo más acuciante a las personas con capacidad de gestar/mujeres, de menores ingresos que no pueden acceder a la realización de abortos en condiciones de calidad.
En Argentina las muertes por aborto siguen teniendo un peso central en las causas directas de muerte materna. Las barreras de acceso y la escasa información a los casos en que ya hoy esta vigente la interrupción voluntaria del embarazo según algunas causales ya definidas por nuestro país en 1921, lleva a muchas mujeres, en general aquellas de menores recursos, a recurrir a procedimientos inseguros para interrumpir un embarazo no deseado poniendo en riesgo su salud y su vida.
Las mujeres en situación de aborto enfrentan barreras para su atención médica debido a la clandestinidad legal, social y familiar de esta práctica, además de la incapacidad o falta de disposición de los servicios de salud para dar una respuesta oportuna y efectiva a estas mujeres.
Es fundamental asumir que la tan necesaria y justa ampliación en la legalización del aborto requerirá de la implementación y fortalecimiento de acciones de salud pública para la atención efectiva en el sistema público de salud en todo el territorio nacional.
Esto requiere de la voluntad política e institucional del Ministerio de Salud de la Nación y de los Ministerios provinciales como organismos rectores en el campo de la salud así como la provisión de recursos para el cumplimiento efectivo de esta normativa, fundamentalmente contar con el recurso del Misoprostol como uno de los mecanismos mas seguros para la IVE según la OMS.
Nos propusimos en especial garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo, para lo cual se elaboró la Guía en el 2007 que fue actualizada en el año 2010 y se implementaron mecanismos de transferencias de recursos a las provincias, se amplía la cobertura de MAC, se capacita a las provincias en atención integral de la salud sexual y reproductiva, en la planificación del embarazo y en consejerías pre y post aborto, en atención post aborto, consejeria a mujeres en situación de aborto para la reducción de riesgo y danos, entre otras. No obstante ello, persisten obstáculos para el acceso a este derecho.
Algunas acciones ya implementadas:
Dispositivos de consejería en salud sexual y reproductiva y acceso universal a MAC para prevenir embarazos no deseados.
Consejería a mujeres en situación de aborto para la reducción de riesgos y daños de abortos inseguros
Atención Integral Post Aborto incluyendo la entrega de MAC al momento del egreso.
Atención integral de ANP bajo los mismos parámetros que otros componentes del servicio de salud, respetando estándares de calidad, confidencialidad, competencia técnica, rango de opciones disponibles e información científica actualizada.*
Guía para el mejoramiento de la atención post Aborto, 2010.
¿Qué aprendimos en ese proceso?
Por muchas décadas las mujeres que habitan la Argentina han sido impedidas de ejercer
un derecho fundamental que se encuentra reconocido desde el año 1921 en el artículo 86,
segundo párrafo del Código Penal: el derecho de acceder –si así lo desean- a un aborto frente a determinadas circunstancias. Estas circunstancias tienen como características:
a) la imposición del embarazo a través de la violencia (violación),
b) la priorización de la vida y la salud de la mujer frente al desarrollo de ese embarazo (peligro para la vida o la salud de la mujer).
c) resultado de una relación (atentado al pudor) sobre una mujer demente o idiota.
En el ejercicio de este derecho se ponen en juego numerosos derechos humanos como la igualdad, la autodeterminación, la privacidad, el principio de legalidad y la no discriminación. Por consiguiente, el derecho de las mujeres de acceder a los abortos previstos por el Código Penal constituye propiamente un derecho humano de orden constitucional.
La Guía técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles fue desarrollada para en cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado y generar un protocolo de actuación para quienes conforman el sistema de salud publico. Ya una investigación realizada en 2011 en la provincia de Neuquén sobre “Percepciones, prácticas y actitudes de los profesionales médicos en la atención del aborto”, mostraba resultados contundentes:
El 71% estaba de acuerdo con que el hospital público debe hacerse cargo de realizar los abortos permitidos por la ley vigente.
El mismo porcentaje considero que la IVE es una decisión y derecho de la mujer.
El 93% ya en ese entonces estaban en desacuerdo con penar a aquellas mujeres que hayan decidido la interrupción del embarazo
El 76% considero que la despenalización del aborto contribuye a disminuir la mortalidad materna.
También la Línea 0800 de salud sexual y reproductiva fue pensada como una herramienta de acceso y monitoreo del cumplimiento de nuestros objetivos.
La línea 0800 – 222- 3444 es la línea telefónica nacional, gratuita y confidencial de Salud Sexual, y Salud Reproductiva que brinda información sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, de forma integral a toda la población. Como parte de la estrategia para favorecer el acceso de las personas a servicios de salud de calidad, desde el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR), de forma conjunta con el equipo que integra la línea, referentes provinciales y otros organismos han organizado una red de derivación a servicios de salud de todo el país.
Esta herramienta le permitió al programa conocer con mayor profundidad las barreras al acceso por parte de mujeres no sólo a un aborto no punible, sino también a la atención de un post aborto, al acceso a la realización de una ligadura tubaria, a una consejería integral en salud sexual y salud reproductiva. En estos y otros casos el Programa da respuesta directa a través de sus equipos técnicos y de la participación de los Programas Provinciales de Salud Sexual y Reproductiva, de este modo se buscó resolver situaciones concretas de vulneración de derechos e identificar el estado y calidad de la atención de los servicios de salud sexual y reproductiva. En el marco de esta estrategia las consultas para acceder a a interrupción voluntaria del embarazo es una constante.
La despenalización es un paso fundamental. Pero debemos ir más allá, la legalización es la herramienta jurídica que permitirá garantizar el acceso de todas las mujeres a un aborto de calidad, seguro y gratuito. Estaremos avanzando en el cumplimiento de los derechos y en disminuir las desigualdades existentes.
Hoy no se trata de debatir que vida vale más, no se trata de debatir si un embarazo puede ser impuesto por violación o en contraposición a la salud o la vida de la mujer, eso ha sido establecido hace casi 100 años. Hoy se trata de debatir si queremos un Estado que respete y garantice la vida de aquellas mujeres que decidiendo interrumpir sus embarazos (por diversas razones y sin necesidad de exigir razones acordadas o regladas) puedan acceder a un ámbito donde su salud y su vida sea resguardada y garantizada, dando las herramientas al sistema de salud para que cumpla con su tarea sin presiones ni ataduras. Muchas gracias.
