La explicación más acertada para entender para qué sirve la política sostiene que ésta es una herramienta para resolver los clivajes sociales, es decir, las desigualdades presentes en toda comunidad. Las sociedades no son homogéneas: por un lado, hay desigualdad en la distribución de recursos, que genera la división entre ricos y pobres, entre quienes pueden satisfacer sus necesidades y quiénes no.  En segundo lugar, hay desigualdad en la construcción social del género y los distintos roles asociados al mismo. La política es una herramienta colectiva que nos permite resolver estas desigualdades.

Por esto, lo que nos convoca hoy es un debate profundamente político. La despenalización del aborto es un tema que atiende directamente a estos dos clivajes: la desigualdad en la distribución de recursos (y oportunidades) y el de los roles de género.

La penalización del aborto no evita que las mujeres abortemos. Las mujeres interrumpimos embarazos por muchas razones, tantas como personas gestantes existen. Sin embargo hoy, la legislación sólo reconoce tres razones y castiga y penaliza al sinfín de experiencias y decisiones personales que no son previstas en la ley. Y aun así, aunque reconoce tres causales, las mujeres no tenemos garantías: recordemos que en 9 provincias no existen protocolos de atención, mientras que en las restantes la burocracia termina por quitarnos la voluntad ante una decisión que exige celeridad.

Las infinitas razones que la ley desconoce no se ahogan en la penalización. Todo lo contrario: se materializan como abortos clandestinos. Cuando una mujer decide interrumpir voluntariamente su embarazo, hará todo lo posible para hacer de su voluntad una realidad. Quienes cuenten con recursos podrán interrumpir su embarazo en condiciones medianamente seguras, aunque nunca podrán eliminar el miedo a ser descubiertas decidiendo sobre su cuerpo y su vida. Mientras que aquellas que no cuenten con los recursos materiales, recurrirán a cualquier herramienta que les permita definir el  curso de sus vidas. Y es aquí en donde se hace evidente la primera desigualdad: las mujeres sin recursos ponen su vida en riesgo para poder decidir sobre su cuerpo. Producto de la negativa del Estado a proveer una prestación de servicios de salud reproductiva atenta a las necesidades de las personas gestantes, se profundiza esa desigualdad socioeconómica y así, la ley y el Estado le fallan a la política y a las mujeres.

Despenalizar el aborto es una decisión que la política puede y debe usar como herramienta para eliminar la desigualdad socioeconómica entre mujeres, y así brindarnos mayor justicia social.

Por otra parte, la legalización del aborto resolverá el segundo clivaje social: el generado por las diferencias socialmente construidas entre hombres y mujeres. La feminidad y la masculinidad son construcciones sociales. Nadie nace sabiendo ser hombre o mujer; aprendemos roles y responsabilidades asociados a ellos, aprendemos en qué espacios podemos actuar y qué podemos sentir o pensar de acuerdo con el género con el que nos identificamos. Las mujeres aprendemos desde temprano, explícita e implícitamente, que nuestra feminidad está determinada por nuestra capacidad de gestar. Así, la maternidad determinó a lo largo de la historia que nuestro rol social era el reproductivo y nuestro espacio, el doméstico. Este fue nuestro destino durante siglos, hasta que el feminismo cuestionó estos roles y nos mostró nuestro verdadero abanico de decisiones y oportunidades.

A partir de este descubrimiento, a través de la política hemos entrado en el espacio público, encontrado nuevos roles sociales, cuestionado los estereotipos asociados a la feminidad. Y hoy la política nuevamente nos debe ayudar: legalizar la interrupción voluntaria del embarazo es reconocer que nuestra identidad la definimos cada una de nosotras de acuerdo a nuestra voluntad y deseos.

Entonces, quienes insisten en sostener el aborto en la clandestinidad lo único que hacen es reducir y forzar nuestra identidad a ciertos roles sociales de género, basados no en nuestros deseos sino en meras habilidades reproductivas. Quienes se oponen a la despenalización y legalización del aborto no están protegiendo la vida potencial sino los roles de género que determinan la plenitud de la mujer únicamente en su capacidad de gestar; protegen una estructura socio-política donde las mujeres somos ciudadanas de segunda clase.

La restricción a la interrupción voluntaria del embarazo priva a las personas con capacidad de gestar del control sobre el momento de la maternidad, sobre el deseo de la maternidad. De esta manera, el Estado profundiza las desigualdades en la vida educativa, económica y política entre mujeres y hombres, entre ricos y pobres.

Hoy, las diputadas y diputados tienen la oportunidad y el privilegio históricos de emplear la política para lo que existe: garantizar justicia social. El aborto legal, seguro y gratuito es reconocer a las mujeres como sujetos políticos plenos con autoridad, autonomía y derecho de dirigir sus propias vidas.

Entendamos entonces, de una vez y para siempre, que la maternidad sólo será deseada; por eso, las mujeres exigimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.