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En Argentina, la legislación vigente es restrictiva y el cumplimiento de las provincias, del último protocolo de atención diseñado por el Ministerio de Salud de la Nación en 2015, es totalmente heterogéneo, generando una absoluta desigualdad de acceso a abortos no punibles para las mujeres de las diferentes localidades, inclusive dentro de la Provincia de Santa Fe.

Soy médica clínica y sexologa, egresada de la Facultad de Cs. Médicas de la UNR, donde trabajo como docente hace 14 años. La formación médica que recibí durante la carrera en los contenidos sobre aborto y derechos sexuales de las personas, fue muy restringido, con una mirada reduccionista, punitiva y orientada hacia la resolución con técnicas arcaicas como el legrado uterino.

Más tarde, como especialista pude ver la realidad de las mujeres que concurrían al “servicio de urgencias” con hemorragias, abortos incompletos y otras complicaciones de aborto inseguros, provocados por sondas y otras maniobras instrumentales criminales. Una de mis guardias, atendí una mujer muy joven, no llegaba a los 30 años, tenía una hija pequeña y estaba con un cuadro de sepsis por un aborto inseguro. No pudimos salvar su vida, a pesar de los antibióticos, la histerectomía y los cuidados intensivos. No recuerdo su nombre, pero si su cara y la sensación de impotencia que me marcaron profundamente.

Hoy trabajo en el equipo de salud sexual y reproductiva de un hospital municipal, donde, entre otras actividades, garantizamos el acceso de las mujeres a la Interrupción Legal del Embarazo (Art 86 Código Penal y Protocolo Nacional de atención integral para personas con derecho a la ILE), gracias a la política pública que lleva adelante la Municipalidad de Rosario desde el año 2007, con varias dificultades derivadas de la penalización del aborto.

Frente a esta realidad, a principio de 2016, presentamos junto a otras compañeras de la “Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir”, el proyecto pedagógico denominado “El aborto como problema de salud”, que se aprobadó por unanimidad en el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la UNR, el 4 de mayo de 2017, convirtiendosé así, en la primera materia curricular del país que aborda el aborto como un problema de salud, de derecho y de justicia social. Dicho proyecto, integra la oferta de materias electivas de la curricula de grado y responde la necesidad imperiosa de capacitar adecuadamente a las y los estudiantes en este tema. Realizamos un cursado exitoso, a pesar de los múltiples intentos de los grupos antiderechos, por impedirlo.

Como lo han referido en días previos mis colegas, el aborto inseguro constituye la primera causa de muerte materna en nuestro país, desde hace varias décadas y no se he reducido a pesar de las medidas implementadas por el Estado, para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio pactados con la OMS hasta el año 2015. Mueren casi 50 mujeres por año por abortos inseguros: un total de 3030 mujeres desde el retorno de la democracia. La última fue María Campos, una mujer de 37 años, madre de 5 niñas y 1 varón, a causa de un aborto inseguro provocado en Santiago del Estero, una provincia que aún no adhirió al Protocolo Nacional y que tampoco garantizó el acceso de esta mujer a un método anticonceptivo eficaz. Su hija menor tiene 2 años. Esta muerte y todas las muertes de las mujeres por abortos inseguros son responsabilidad del Estado y es el momento de cambiar esta situación.

Sin embargo, el aborto inseguro como problema de salud de las mujeres, no se reduce solamente a la muerte, como la violencia de género no se reduce al femicidio. El femicidio es la forma más extrema de violencia. En Argentina se calcula un rango de entre 350.000 y 500.000 abortos por año, con casi 50 mil internaciones anuales por complicaciones (M. Sal.), pero la mayoría de las mujeres que sufren complicaciones de abortos inseguros sobreviven, y no consultan a un efector de salud. Y aquí cabe preguntarnos ¿por qué?

El concepto de salud que nos rige fue proclamado por la OMS en 1948 y ratificado por el Fallo FAL, y pretende lograr el más alto nivel posible de bienestar en tres sus dimensiones: biológica, psicológica y social. Los riesgos para la salud integral de las mujeres que consultan por complicaciones de aborto incluyen no sólo aspectos físicos, sino el daño psíquico debido a la violencia institucional a la que son sometidas y el riesgo de privación de libertad por la penalización actual (Caso Belén en Tucumán).

En Argentina, la legislación vigente es restrictiva y el cumplimiento de las provincias, del último protocolo de atención diseñado por el Ministerio de Salud de la Nación en 2015, es totalmente heterogéneo, generando una absoluta desigualdad de acceso a abortos no punibles para las mujeres de las diferentes localidades, inclusive dentro de la Provincia de Santa Fe.

En Argentina, la legislación vigente es restrictiva y el cumplimiento de las provincias, del último protocolo de atención diseñado por el Ministerio de Salud de la Nación en 2015, es totalmente heterogéneo, generando una absoluta desigualdad de acceso a abortos no punibles para las mujeres de las diferentes localidades, inclusive dentro de la Provincia de Santa Fe.

Consideramos que una ley nacional de legalización y despenalización del aborto permitirá corregir estas desigualdades para las personas con capacidad de gestar, y al mismo tiempo mejorar las condiciones de trabajo de los equipos de salud que las asistimos.

Entendemos que el acceso al aborto seguro es un derecho humano, entendido como parte de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las personas, así como el acceso a salud y educación de calidad, que favorezcan el pleno ejercicio de ciudadanía.

Las mujeres somos personas, y estamos hartas de ser consideradas objetos o instrumentos para un fin. Se nos invisibiliza y se nos despoja de nuestro derecho a decidir en casi todas las instancias en las que se ponen en juego nuestros derechos sexuales: nos abusan, nos violan, se apropian de nuestro cuerpo cuando queremos parir (80% de cesáreas cuando la OMS recomienda máximo 30%). Nos quieren hacer creer que no podemos amamantar si así lo deseamos o que no podemos abortar, si no queremos ser madres. La ilegalidad del aborto no modifica la decisión de una mujer de interrumpir un embarazo, sólo genera desigualdad. Como decía Lohana Berkins: “la biología no es un destino”, la maternidad es una elección, no puede ser forzada.

Ahora es el momento de saldar esta deuda, que la democracia tiene para con las mujeres. Necesitamos una ley superadora, que habilite el ejercicio de plena ciudadanía de las mujeres y la autonomía sobre sus cuerpos, con interrupción voluntaria hasta las 14 semanas, como sucede en los países desarrollados, pero al mismo tiempo, es necesario considerar despenalizar el aborto por causales más allá de las 14 semanas, dado que las mujeres más vulnerables muchas veces no acceden al sistema de salud en el primer trimestre o en los casos de diagnóstico de malformaciones fetales graves. Legalizar el aborto sólo hasta las 14 semanas, sin mantener la posibilidad de interrupción en el 2do trimestre implica que un porcentaje de mujeres sean expulsadas del sistema de salud, teniendo que recurrir a lugares clandestinos, manteniendo las desigualdades entre quienes pueden pagar y quienes no.

E abordaje adecuado del aborto seguro incluye: garantizar ESI en todos los niveles educativos, acceso pleno a métodos anticonceptivos seguros y eficaces y derecho al aborto legal, seguro y gratuito en todo el territorio nacional.