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El Tribunal Superior de Justicia aún no se ha expedido sobre este tema, a pesar de la intervención de múltiples organizaciones y expertos, que se han manifestado en la causa como “amigos del tribunal” a favor de la vida y de la autonomía de las mujeres cordobesas.

Buenos días Sres. y Sras. diputados, quiero agradecer este espacio que nos permite a las ciudadanas y ciudadanos que uds. representan, poder expresar nuestros argumentos para apoyar una ley que creemos fundamental en el logro de alcanzar nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestros deseos.

Vivo en la Provincia de Córdoba, cuna de la Reforma del 18, que en estos días cumplirá 100 años… Reforma que permitió disputar la conducción de la universidad y la formación que ésta brindaba, con los sectores conservadores, clericales, de aquella época. No nos podemos olvidar de esa frase del manifiesto liminar: “Desde hoy contamos para el país con una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan”.

¿Y por qué traigo a colación ese evento revolucionario? Porque en Córdoba en la actualidad siguen operando estos sectores conservadores, siguen imponiendo sus valores morales sobre las normas y las políticas públicas. Tan es así, que en el año 2012 el Ministerio de Salud de la provincia aprueba un protocolo de aborto no punible en consonancia con el fallo FAL y al poco tiempo, una organización denominada Portal de Belén presenta un amparo y deja en suspenso e incumplimiento un derecho que las mujeres tenemos desde el año 1922: el derecho al aborto legal. Entonces, digo: Hoy tenemos en Córdoba una vergüenza más y una libertad menos.

El Tribunal Superior de Justicia aún no se ha expedido sobre este tema, a pesar de la intervención de múltiples organizaciones y expertos, que se han manifestado en la causa como “amigos del tribunal” a favor de la vida y de la autonomía de las mujeres cordobesas.

El Tribunal Superior de Justicia aún no se ha expedido sobre este tema, a pesar de la intervención de múltiples organizaciones y expertos, que se han manifestado en la causa como “amigos del tribunal” a favor de la vida y de la autonomía de las mujeres cordobesas.

Hace 5 años que en Córdoba no podemos acceder a la Interrupción legal del embarazo, y si alguna mujer llega a un hospital público a solicitar una interrupción por causal salud, riesgo de vida o violación, corre el riesgo de que los efectores antepongan la objeción de conciencia como un recurso para no cumplir con su deber de agentes públicos. Una vergüenza más y una libertad menos.

La objeción de conciencia es uno de los argumentos más utilizados, especialmente en el campo de la medicina, para negarse a realizar intervenciones o brindar asistencia argumentado esa abstención desde posiciones morales y creencias personales; que les incumben, claro, en sus vidas privadas, pero no como agentes públicos. Estas actitudes van en contra de la definición moderna de un Estado Laico, presente en nuestra constitución y viola múltiples tratados y convenciones internacionales que el propio Estado ha suscripto.

Los grupos que se oponen con estas acciones a la interrupción legal, presumen estar “a favor de la vida”. Cuando lo hacen, parecen dejar a las mujeres en un lugar difuso. Como si  nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros derechos, estuvieran inexorablemente subordinados a este mandato de la maternidad más allá de toda circunstancia.

La vida no es solo el desarrollo de células que se van multiplicando. Implica también que se pueda gozar de una “calidad de vida”, la responsabilidad de acompañar esa “vida” desde un deseo subjetivo y material por parte de las mujeres, de personalizarla y darle entidad. Las mujeres no somos envases. Todavía no hay útero artificial que cree la vida. La vida en potencia necesita de nosotras las mujeres, que somos sujetos bio-psico-sociales; necesita de nosotras para ser vida humana.

Quienes deciden interrumpir un embarazo, lo hacen claramente condicionadas por diferentes circunstancias: una determinada situación económica, encontrarse en un contexto de violencia, la delimitación de un proyecto de vida diferente, sentir que no se quiere, no se puede o no se desea ser madre. La maternidad no tiene por qué ser obligatoria y responder a una fatalidad, a un determinismo biológico.

Sabemos que la prohibición legal o religiosa del aborto no es efectiva a la hora de disminuir o impedir a las mujeres la interrupción de un embarazo no deseado. Más bien, el único éxito del que da cuenta esta criminalización, es el de poner en riesgo la salud y la vida de  las mujeres.

Ustedes ya deben haber escuchado sobre los datos oficiales del Ministerio de salud: En 2016 ocurrieron 46 muertes por aborto en Argentina. Sabemos que esas muertes son evitables y así lo han considerado diversos países en donde el aborto legal, la existencia de políticas públicas de salud  integrales y el compromiso del Estado de acompañar a las mujeres cuando deciden no ser madres, ha logrado disminuir la mortalidad materna a cero, como lo es el caso de Uruguay.

Entonces, desde el amplio y diverso movimiento feminista nos preguntamos: ¿Por qué se nos ponen tantos obstáculos para ejercer nuestro derecho a decidir? ¿Porqué algunos sectores del campo del derecho y de la salud pretenden tutelar e imponer sus creencias y prácticas morales sobre los cuerpos y decisiones de las mujeres?

También la religión católica, de la cual soy parte pero disiento profundamente con su moral sexual, ha jugado un rol fundamental para obstaculizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, sosteniendo un sentido común punitorio sobre las mujeres que deciden sobre su cuerpo, sexualidad y reproducción.  

Uno de los mayores efectos de las religiones no es detener o prevenir los abortos (Por ejemplo apoyando una educación sexual integral o promoviendo el uso de anticonceptivos seguros). Al contrario, buscan crear problemas de conciencia, imponer el estigma, naturalizar que sí o sí existe la culpa en la conciencia de las mujeres que abortan. Sostienen la suposición de que la interrupción de un embarazo implica necesariamente estar en contra de la vida humana y  juzgan desde esa posición. Desconocen, niegan nuestra capacidad para tomar decisiones en libertad de conciencia. Pretenden imponer un modelo de mujer que solo es reconocido en sus posibilidades reproductivas y heteronormativas.

El derecho al aborto, estimadas diputadas y diputados, es una deuda de la democracia  y una lucha que desafía al patriarcado. Que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo y sus proyectos de vida, no siempre ligados a la maternidad, resulta un tema polémico, a veces intolerable para este sistema.

En este sentido, Rita Segato (antropóloga y feminista) ha manifestado que negar el acceso al aborto por parte del Estado es como una “violación”, supone imponer un estado que la mujer no desea. Para nosotras, salirnos de ese lugar de atribuciones y exigencias, retirar nuestra una sexualidad al servicio de la reproducción, es una batalla que contribuye a mover todas las estructuras de la sociedad.

Por todo lo dicho y por lo expuesto por las demás compañeras y compañeros argumentando a lo largo de estas jornadas, no dejamos de exigir al Congreso que apruebe el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo de la Campaña, para que podamos realmente avanzar en los derechos de las mujeres. Educación Sexual para Decidir, Anticonceptivos para no Abortar y aborto legal para no morir.

Muchas gracias!