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Una ley que legalice el aborto no le va a sacar derechos a nadie, sino que va a ser un logro que disminuya la mortlaidad materna y los riesgos para la salud a las mujeres que decidan la interrupción de un embarazo.

En primer lugar quiero decir que con el avance de la discusión ha suscitado todo tipo de reacciones positivas, tanto en nuestro país como en otros países vecinos. Todos los días vemos nuevos pronunciamientos a favor, nuevos sectores que se suman al reclamo, de una manera impresionante y avasalladora.

Quería puntualizar en tres aspectos que nos preocupan de cara al dictamen y el avance de la discusión.

Despenalización y legalización

En los países con aborto legal, el 90% de los abortos se practican de manera segura porque hay un sistema de salud que los garantiza. En cambio en países donde el aborto está más restringido, los abortos seguros van desde el 25% al 42% es decir, la mitad, aumentando el riesgo para la salud y la vida de las mujeres. En el Cono Sur el 34% de los embarazos terminan en aborto. Según el Instituto de Investigaciones Guttmacher. En los países donde el aborto es legal y está menos restringido, la cantidad de abortos ha disminuido, en cambio en los países donde el aborto tiene más restricciones, la cantidad de abortos ha aumentado, según el mismo informe del año 2017.

La falta de acceso a servicio de salud en condiciones de igualdad, dignidad y seguridad para todas las mujeres en situaciones de embarazo no deseado constituye una práctica discriminatoria en los términos del artículo 1 de la CEDAW, que vulnera derechos únicamente de las mujeres y a las personas con capacidad de gestar. La omisión estatal de brindar a las mujeres la posibilidad de ejercer sus derechos reproductivos tiene como resultado anular el ejercicio de los derechos humanos en condiciones de igualdad de las mujeres a la vida, a la salud, a la integridad física, psíquica y moral, a la autonomía, intimidad, dignidad y a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Si sólo despenalizamos seguimos fomentando un acceso desigualitario y una criminalización selectiva, en términos de clase. Si sólo despenalizamos mantenemos la desigualdad en el acceso a los servicios de salud, si sólo despenalizamos no vamos a poder reducir los riesgos del aborto clandestino y vamos a seguir cristalizando desigualdades sociales con este tema.

Objeción de conciencia

En Uruguay, la objeción de conciencia es el principal obstáculo para el acceso al derecho al aborto. El 40% de los médicos se declara objetor de conciencia, según un informe del Ministerio de Salud Pública, y en una investigación de MYSU sobre 10 departamentos, la objeción de conciencia supera el 60% en seis departamentos.

Es importante que los servicios garanticen el derecho a decidir, y que la objeción de conciencia no se convierta en un obstáculo para el acceso a los derechos, tanto los ya consagrados como el derecho a la anticoncepción, como el derecho que vamos a lograr pronto.

Aborto y Estado laico

Las creencias de una parte de la población no pueden determinar al resto de las personas y coartar sus derechos. En el año 2013 desde la campaña presentamos un proyecto para derogar el artículo 33 del Código Civil que consagra a la Iglesia Católica como persona pública, lo que constituye un privilegio frente a otras iglesias. En nuestro país el 83% de la población se declara católica, sin embargo, el 60% de la población está de acuerdo con la despenalización y legalización del aborto, por lo tanto, hay un solapamiento, y un desacato de la población católica con respecto a lo que opinan las jerarquías conservadoras y fundamentalistas.

Una ley que legalice el aborto no le va a sacar derechos a nadie, sino que va a ser un logro que disminuya la mortlaidad materna y los riesgos para la salud a las mujeres que decidan la interrupción de un embarazo.

Una ley que legalice el aborto no le va a sacar derechos a nadie, sino que va a ser un logro que disminuya la mortlaidad materna y los riesgos para la salud a las mujeres que decidan la interrupción de un embarazo.

Esta Xámara de diputados tiene la posibilidad de quedar en la historia y cambiar el futuro de las próximas generaciones, sancionando una ley que nos de más derechos, y que constribuya al cambio y al destierro definitivo de una cultura del tutelaje que pesa sobre las mujeres.