“Consulta aborto legal. En este CESAC acompañamos interrupciones del embarazo”, advierte un cartel colorido sin eufemismos ni vacilaciones en el centro de la sala de espera del Centro de Salud y Acción comunitaria (CeSAC) 47 de la Villa 31-31 Bis, de Retiro. Una whipala enorme pintada en la pared acompaña la información junto con las fotos de las tres jóvenes víctimas de femicidio en el barrio. Antes de que el aborto sea ley en Argentina, las profesionales de la salud pegaban cartelería sobre el acceso a la interrupción legal del embarazo que después aparecía en el suelo. Por eso se inventaron una contraseña compartida entre administrativas, seguridad, limpieza y el resto del personal para cada vez que una paciente necesitaba abortar. Se activaba el “Código Verde”, que también devino en grupo de Whatsapp. Hoy ya no es necesario hablar en códigos pero el grupo se mantiene.
Hasta hace dos años eran sólo tres las profesionales de la salud del Hospital Sub-Zonal Materno Infantil Eduardo Oller de San Francisco Solano, en el municipio de Quilmes, que acompañaban interrupciones legales del embarazo. Compraban ellas mismas la medicación en la farmacia del barrio con plata de caja chica y las pacientes que necesitaban llegar a ellas tenían que sortear una serie de obstáculos y laberintos para arribar al lugar donde las atendían. Ahora cuentan con las partidas de Misoprostol que les envía el gobierno bonaerense, el Consultorio de Salud Sexual Integral y Diversidad está junto al resto de los consultorios externos, en la entrada del lugar y tienen un ecógrafo propio. En los dos primeros meses del 2021 ya hicieron 80 abortos, casi el mismo número que acompañaron en todo 2020.
Este 14 de marzo se cumplen los primeros dos meses de la promulgación de la flamante ley de interrupción voluntaria del embarazo 27.610 en Argentina y todas las prácticas, saberes y acompañamientos que antes circulaban a diario de manera subterfugia en los centros de salud del área metropolitana de Buenos Aires, salieron a la superficie como forma de garantizar y robustecer derechos. Una pulseada ganada al sistema médico hegemónico que todavía sigue en tensión y transformación. LatFem recorrió un centro de salud de atención primaria, otro del segundo nivel y un tercero del sector privado para conocer cómo se está implementando la ley feminista conquistada en diciembre pasado.
—Para nosotras es una gran tranquilidad trabajar de esta manera. No tener que pedir explicaciones es fantástico. Es un alivio. Es otro tipo de consulta y una se siente más cómoda—dice a LatFem, Andrea Benhabib. Lleva puesto barbijo, anteojos de protección y un ambo celeste. Ella es médica generalista en el CeSAC 47, que funciona en la zona del barrio conocida como Bajo Autopista, una de las más postergadas. Se llega hasta ese lugar de construcciones apretadas, atravesando la feria, en la que venden desde palanganas, yuyos, CDs, hasta Cytotec. Por esta zona, los cables no cruzan el cielo porque casi no se ve. El verdadero techo es la autopista Illia. El trabajo de Andrea y sus compañeras no cambió mucho en lo cotidiano porque ya venían garantizando abortos legales, pero la nueva legislación les permitió correrse del lugar de interrogatorio judicial que obligaba el sistema de causales.
La trabajadora social Pilar García Pumarino refuerza la idea de su compañera: “Hay quienes quieren contar la situación o los motivos por los cuales tienen que abortar y quienes no. Lo prioritario es resolver la interrupción. Como tenemos un equipo interdisciplinario trabajamos desde el primer momento con ese enfoque y si no es en esa primera consulta, si la persona necesita otro tipo de intervención o acompañamiento por una situación de violencia de género, por ejemplo, va a surgir en todo el proceso”.
El ejercicio feminista de la escucha sigue estando, a pesar de que ahora no es necesario demostrar las causales para que una persona pueda decirle que no a un embarazo no deseado, al menos, hasta la semana 14 y el Estado la acompañe.
Estefanía Cioffi es médica generalista, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y coordina el equipo de Salud Sexual en el Hospital Oller, en San Francisco Solano, a casi 30 kilómetros de la Villa 31. “Antes lo que hacíamos era pedir una justificación para que puedan acceder al derecho y ahora esa justificación no la pedimos pero sí acompañamos todo lo que le pasa a esa persona. Para nosotras la interrupción de un embarazo es la puerta de entrada al sistema de salud y a abordar el resto de los problemas que traiga esa persona que, en general, son muchos. Muchas veces nos escriben al mail sin entender cómo es el recorrido. Les respondemos que necesitamos una ecografía y les referenciamos los horarios que tienen que venir acá para hacerse una de manera gratuita. Y después le damos el turno. Ese mismo día si tienen menos de doce semanas se van con la medicación. Si tienen más de 13 semanas, se procede a la internación. Y a partir de las 14 semanas seguimos construyendo causales”, explica en tono pedagógico.
Tanto en Solano como en la Villa 31 trabajan en duplas y en equipos interdisciplinarios: médicas generalistas, ginecólogas, obstétricas, psicólogas y trabajadoras sociales. Es otra herencia de las prácticas feministas que hace que el trabajo sea de calidad, integral y en profundidad.
Hospital Oller 
CeSAC 47
Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir
El aborto no es el punto de llegada sino el de partida para una vida sexual más plena y con más recursos y herramientas al momento de planificar futuros.
—Está buenísimo todo lo que vino con la ley. Pero a nosotras en ese sentido no nos cambió tanto porque seguimos trabajando en el mismo recorrido: no es darle la medicación y que se vaya. Es interdisciplinario y con un seguimiento fuerte —dice Laura Sasso, médica tocoginecóloga en el Hospital Oller y parte del equipo de IVE. Ella agrega: “Ya desde la primera entrevista se empieza a conversar sobre el método anticonceptivo que van a usar después de interrumpir. No siempre están los recursos: si desea la ligadura, generar todo el pre quirúrgico. Mientras tanto se le provee un anticonceptivo hormonal por lo general, o sino un DIU”.
Las rutas para acceder al derecho son similares y siempre integrales. En el caso de Hospital Oller las pacientes llegan mayoritariamente a través del correo electrónico del Consultorio de Salud Sexual Integral y Diversidad, inaugurado por la intendenta Mayra Mendoza a mediados de 2020. A partir de ahí, se les asigna un turno para una ecografía, para saber las semanas de gestación, luego acceden a una primera consulta y pueden llevarse la medicación de la Farmacia del propio Hospital. “Desde admisión e incluso limpieza: todos los actores del Hospital juegan un rol clave para que se garantice el derecho. El trabajo que hicimos con el área de Farmacia fue importantísimo”, dice a LatFem, Matías Gallastegui, director del Hospital Oller.
Como sucede en otros espacios, también en el Hospital la mayoría de los tratamientos son ambulatorios. Son contados los casos de quienes quedan internadas. Luego del aborto, tienen una consulta post en la que los equipos tratan que la persona se vaya con un anticonceptivo de larga duración. Además repiten la ecografía. Aunque este paso no es obligatorio ni figura en los protocolos y guías, para el equipo es una tranquilidad para evitar posibles infecciones u otras complicaciones. Al Oller llegan mujeres de todo Quilmes, pero también de otros municipios como Almirante Brown, Florencio Varela y hasta Ciudad de Buenos Aires.
Al CeSAC 47, en Villa 31-31 Bis, llegan por demanda espontánea y a partir del boca en boca: una vecina, amiga o familiar les pasó el dato. Allí no cuentan con ecógrafo, por lo que derivan primero a otro centro emplazado en el barrio y después el recorrido es similar: medicación que se entrega en el propio Centro, seguimiento y consulta post para garantizar anticoncepción de larga duración.
Las limitaciones más allá de la objeción
Es ley pero las limitaciones siguen estando en cuanto al acceso porque hay trabajadores de la salud que todavía ponen obstáculos. Más allá de la objeción de conciencia, el foco está en quienes obstaculizan que el proceso sea una trayectoria sin maltratos ni violencias, como debería ser cualquier trayectoria dentro del sistema de salud. También están quienes no quieren hacerlo porque significa mucho trabajo o realmente no tienen la formación necesaria.
Para el equipo de IVE del Hospital Oller muchas veces las trabas están en las personas a cargo de las guardias, en los momentos del paso por la internación y la articulación con otros centros de salud y hospitales. Siguen trabajando en la sensibilización de todo el personal porque todavía se encuentran con personal de limpieza que, durante las internaciones, no quieren cambiar las sábanas o higienizar los baños de quienes abortan.
Por otra parte, aún hay personas que siguen lucrando con el derecho y la desesperación de quienes cargan con un embarazo no deseado: “Ayer estuve de guardia y vino una paciente queriendo hacer una interrupción del embarazo que ya había estado con un médico particular que le cobró 4.000 pesos la ecografía, no se la dio y además le querían cobrar 50.000 pesos la interrupción. Averiguó y vino para acá. Ya tiene el turno otorgado y la ecografía hecha”, cuenta Ayelén Salinas, médica tocoginecóloga, del equipo de IVE del Hospital Oller.
También se acercan para abortar en el Hospital Oller personas que tienen prepagas u obras sociales porque no pueden esperar las dilaciones y turnos espaciados de los servicios que pagan o sus estructuras aún no están preparadas o simplemente no quieren ir con el médico que las atiende por temor o vergüenza. “Vienen personas que tienen prepagas por esta situación específica que por ahí para otras situaciones no vendrían al Hospital. Estamos trabajando cómo también ellas deberían reclamar que las obras sociales tenían que hacerselo y no se lo hacen”, dice Cioffi. Y agrega: “El gran problema es que tenemos un sistema de salud fragmentado: no tenemos un mecanismo que haga que el circuito de las personas sea más claro. No tenemos con quien comunicarnos si en una obra social o prepaga no le quieren garantizar el derecho. No existen vías de comunicación entre estos subsistemas”.
La demanda del equipo de IVE del Hospital Oller también aumentó porque absorven prácticas post-aborto que las prepagas y obras sociales se niegan a realizar, como el parto gama. Una atención que necesitan las mujeres cuyo grupo sanguíneo es Rh negativo y en ocasiones forman anticuerpos Rh cuando tienen un feto Rh positivo. Aquellas que interrumpen sus embarazos después de la semana 10, deben aplicarles la vacuna de anti-D, para que el cuerpo no reaccione ante un futuro embarazo. Este es un gris dentro de la flamante ley, ya que no está especificado.
En el CeSAC 47 los obstáculos están, muchas veces, en la articulación con el segundo nivel de atención con quienes tienen que gestionar las interrupciones legales después de la semana 14. En el Hospital Fernández, por ejemplo, se niegan a dar ese servicio de salud.
Hace poco llegó al CeSAC María, una chica de 21 años con 15 semanas de embarazo y un bebé de diez meses en brazos. A pesar de que ella le pedía a su pareja que usara preservativo cuando tenían relaciones sexuales, él se negaba y así quedó embarazada. “La pareja le dijo que era culpa de ella. No podía ser madre porque mediaba una situación de violencia de género, habitacional, social y económica”, explica el médico Hugo Carranza, que fue quien la acompañó y gestionó para que en un segundo nivel de atención pudieran garantizarle el derecho. Cuando logró que la atendieran en el Hospital Rivadavia le pedían un informe además del consentimiento informado. Los informes psicológicos no son necesarios pero muchos Hospitales continúan poniendo este tipo de exigencias innecesarias que ralentizan el acceso. El médico tuvo que conseguir en un fin de semana ese informe innecesario.
Desde que es ley el 0800-222-3444 Salud Sexual de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva duplicó los llamados que reciben. Esa es la línea gratuita para recibir información pero también para denunciar si un centro de salud niega la atención. Además cuentan con un correo: saludsexual@msal.gov.ar.
También se abrieron dos formularios para denunciar si una obra social, prepaga o farmacia se negó o restringió el acceso a la interrupción voluntaria de un embarazo.
Siguen existiendo obstáculos pero la voluntad política nacional y en el caso del territorio del AMBA, de Ciudad de Buenos Aires y el gobierno bonaerense, cambian las reglas del juego.
A los pocos días de la sanción de la ley en el Congreso, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires junto con el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad publicaron un protocolo para la implementación de la interrupción voluntaria de los embarazos. Desde la Dirección provincial de Equidad de Género y Salud del Ministerio de Salud bonaerense están articulando con las obras sociales y prepagas. En marzo, IOMA lanzó un programa de cobertura integral sobre aborto para todas sus ofiliadas y desde esta Dirección están trabajando en capacitación y asistencia técnica para que las clínicas y sanatorios puedan ir armando sus propios equipos de IVE.
Aunque en el territorio bonaerense hay municipios autoproclamados “ProVida” (antiderechos) como el de San Miguel; la nueva legislación y la voluntad política del gobierno bonaerense es que sea una política sanitaria fundamental. Desde el cambio de gestión se trabajó para preparar el terreno. Durante 2020 fueron registradas 14.330 Interrupciones Legales del Embarazo a través del primer registro centralizado de la provincia.
Una casa donde los abortos son feministas
“No se trata de andar revoleando recetas para las pastillas nada más. Nosotras hacemos abortos feministas con acompañamiento muy parecido a las socorristas”, dice a LatFem María Victoria Simón. Ella es psicóloga y está a cargo del equipo de IVE de Casa FUSA, una asociación civil emplazada en el barrio porteño de Almagro que surgió con el objetivo de promover que adolescentes y jóvenes puedan acceder a un servicio integral de salud de calidad, entre ellos la práctica del aborto que realizan desde 2015. Por año realizan alrededor de mil interrupciones legales, una demanda que se vio incrementada después del primer debate parlamentario de 2018 y que tuvo una curva descendente con la pandemia.
Las pacientes se pueden comunicar por Whatsapp ( 11-5414-1346) o por teléfono y pedir un turno de orientación. En Casa FUSA implementan la Telemedicina y aprovechan la virtualidad: es algo en lo que venían trabajando y la pandemia impuso esa forma de trabajo para priorizar los cuidados. El primer encuentro de las pacientes es grupal y a través de Google Meet en formato de reunión informativa. Después se le pide una ecografía a la persona que quiere abortar, que la pueden hacer en el lugar martes y jueves. Si la paciente elige hacerlo con pastillas, le envían a su casa la medicación junto con el consentimiento informado.
En el caso de elegir el AMEU (Aspiración Manual Endouterina) se les da un turno presencial y en cuatro horas ya pueden volverse a su casa. Se trata de un procedimiento que requiere anestesia local y que puede ser ambulatorio. Después de interrumpir sus embarazos vuelven para turnos de control y tratan de que las pacientes se vayan con método anticonceptivo. Ellas tienen el teléfono de las médicas que las atendieron o la acompañante con la que hablaron.
Los precios que manejan en Casa FUSA son accesibles y está la posibilidad de que las prepagas les hagan reintegro de lo que pagan las pacientes: una ecografía sale $720 y todo el procedimiento de aborto con pastillas cuesta $10.000 y con AMEU, $20.000. “Nunca dejamos de atender a una paciente porque no puede pagar porque tenemos la posibilidad de trabajar con bonificaciones”, dice María Victoria Simón. Las pacientes se llevan analgésicos y además de la información que reciben en la consulta, tienen disponible folletería con todo el proceso.
Dentro del ámbito privado, Casa FUSA es el puente amigable con algunas prepagas y obras sociales. Tienen convenio con OMINT como prestadora para los abortos legales y están en conversación con OSDE y Luis Pasteur.
Los aprendizajes feministas en relación a la práctica hoy son la forma de intervención. Fueron años de insistencia en las calles, en el Congreso y también en los espacios de salud donde se tejieron redes como la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. Una demanda de quienes trabajan en los equipos de IVE consultadxs para esta nota es la falta de recursos humanos: hay verdaderamente mucho trabajo por hacer.
Así como el aborto como experiencia no es un punto de llegada en la vida de las personas sino más bien uno de partida para vincularse con el sistema de salud, la legalización también es un hito desde donde partir y empezar a transformar la historia. Y eso ya está pasando.
