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Para llegar a esta conclusión, la Corte Suprema remarcó que la revisión del fallo había sido deficitaria: no se tuvo en cuenta prueba producida, por ejemplo.

Hace doce años que Cristina Vázquez pasa las navidades y los fines de año presa en la Unidad Penal N° 5 del Instituto Correccional de Mujeres de Posadas, Misiones, por un crimen que no cometió. Esta será la última vez que lo pase lejos de su familia y amigas. Hoy, el máximo tribunal del país decidió absolver a ella y a Lucía Cecilia Rojas, que lleva 14 años detenida, por el asesinato de una mujer de 79 años ocurrido el 28 de julio de 2001.

No hay pruebas directas ni testigos presenciales que involucren a Cristina en el asesinato de su vecina. Sin embargo, el Tribunal Penal 1 de Posadas la condenó a perpetua en 2010. Después de 9 años de reveses judiciales, recursos y escritos que fueron y vinieron desde Misiones a Buenos Aires, y hasta una película que cuenta su historia, la justicia parece haber llegado para esta mujer de 38 años. 

“Correspondía absolver a ambas imputadas a fin de evitar que una situación de indefinición reñida con el derecho de defensa y el debido proceso se siguiera dilatando en el tiempo”, dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su escrito que lleva la firma de lxs cinco jueces y marca un precedente para otros casos similares. 

“Estamos felices y trabajando para que la libertad se haga efectiva”, dijo a LATFEM, la abogada Indiana Guereño, titular de la Asociación Pensamiento Penal (APP), organización que acompaña a Cristina y logró la nacionalización de este caso.

Antes de esta resolución, la Corte Suprema había ordenado al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones que revisara la condena de Cristina y tratara los descargos por los que las imputadas “sostenían su ajenidad con respecto al hecho por el que habían sido condenadas”. La máxima instancia provincial volvió a revisar la sentencia e insistió en la condena.

Para llegar a esta conclusión, la Corte Suprema remarcó que la revisión del fallo había sido deficitaria: no se tuvo en cuenta prueba producida, por ejemplo.

En esta nueva intervención, el máximo tribunal del país entendió que en la sentencia que confirmó la condena no se había tratado en forma adecuada el descargo de las dos mujeres presas. Para llegar a esta conclusión, la Corte Suprema remarcó que la revisión del fallo había sido deficitaria: no se tuvo en cuenta prueba producida, por ejemplo. El máximo tribunal sostuvo que “si no hay un debido proceso entonces no puede existir el respeto a la garantía de la defensa y al derecho a ser oído y si esa garantía se encuentra ausente, no hay posibilidad de garantizar la presunción de inocencia”.

La lucha contra la impunidad

“Quiero que revisen mi sentencia”, escribió en una hoja Cristina Vázquez en 2015.  Magda Hernández, su amiga que vive en Buenos Aires y a quien había conocido trabajando como mesera, fue a buscar hasta Misiones el papel de puño y letra para presentarlo ante la Corte Suprema como un recurso de queja. Así fue como empezó este reclamo que culmina hoy con un cerco a la impunidad. 

Cristina y Magda se habían conodido en Buenos Aires en 2007, tres años antes de que la condenaran a perpetua. La primera, una migrante interna en la capital del país; la segunda, una colombiana viviendo en Argentina. Ambas trabajaban como camareras en un restaurant en el barrio porteño de Recoleta. En ese lugar la Policía Federal detuvo a Cristina, para sorpresa de su amiga y el resto de sus compañeros. La cobertura mediática la convirtió en “La reina del martillo”, una mujer desenfrenada, drogadicta y promiscua que era, además, una asesina.

Tras la condena de su amiga, Magda tomó contacto con el expediente y se dio cuenta que era víctima de un proceso judicial injusto. La fue visitar a Posadas y surgió la idea de hacer el documental para poder ayudarla. Desde entonces viajó seguido a Misiones y fue armando el relato que se ve reflejado en el documental “Fragmentos de una amiga desconocida” que llegó este año a los cines.

Magda fue quien se contactó con el Observatorio de Prácticas del Sistema Penal de la Asociación Pensamiento Penal (APP), el organismo que empujó la causa en los tribunales. “Cuando tomamos conocimiento del caso no lo podíamos creer. La sentencia construye la culpabilidad de Cristina en base a chismes de barrio y estereotipos de clase y género”, contó en su momento a LATFEM la abogada Indiana Guereño. APP fue clave para poner en fila las irregularidades que se habían cometido en todo el proceso judicial. El organismo presentó en 2015 un amicus curiae ante la Corte junto con el recurso de queja de la propia Cristina. 

La causa

La vida de Cristina cambió para siempre a los 19 años cuando en su ciudad, Posadas, Misiones, encontraron a una vecina muerta con golpes en todo el cuerpo. Se presume que el ataque contra Erselida Lelia Dávalos, de 79 años, se produjo entre las 21:00 y las 24:00hs. La alarma de la casa no fue activada ni las entradas fueron forzadas. La última persona que fue vista con la mujer estuvo realizando reparaciones hasta las 21:30hs y un testigo asegura que se fue raudamente del lugar. El cuerpo lo encontró la empleada doméstica en un charco de sangre. En la vivienda faltaban joyas y las habitaciones estaban revueltas. En el barrio se comentaba que la anciana había cobrado un seguro de vida de su marido, quien había fallecido cuatro meses antes del crimen.

Desde un primer momento, la teoría fue que alguien conocido por ella -con ese dato- entró a la casa para robar esa plata. En base al relato de un vecino que dijo haber visto un muchacho de la cuadra, los policías dieron con tres sospechosos: Omar “Kolyno” Jara, Cecilia Rojas -que eran pareja- y Cristina, que en ese entonces tenía 19 años. En mayo de 2010 el Tribunal Penal 1 de Posadas los condenó a perpetua. Antes de escuchar la sentencia Cristina le dijo a la hija de la víctima: “Yo no le asesiné a su madre”.