El 3 de diciembre se conmemora el Día Mundial del no uso de pesticidas, también conocido como Día Mundial de lucha contra los agrotóxicos. En 1984, en Bhopal, India, una fuga de gas tóxico de una planta de agroquímicos afectó a más de 500.000 personas y se estima que 8.000 murieron. Malformaciones, daños en los pulmones, hígado, riñones y aparato digestivo son algunas de las consecuencias que, 36 años después del incidente, están presentes en los cuerpos de su población.
Entre Bhopal y Argentina hay 16.000 kilómetros de distancia, pero los impactos de los agrotóxicos en la salud humana y ambiental son similares. Desde la década del 90, en nuestro país se profundizó una tendencia hacia modos de producción agrícola basada en monocultivos y transgénicos que requieren una creciente utilización de insumos químicos ¿Es posible analizar este fenómeno desde una perspectiva de derechos?
Racismo ambiental y derecho a la vida
Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019 y es el avance de la frontera agropecuaria lo que genera gran presión sobre estos ecosistemas. En este contexto, durante los últimos días de octubre, el medio local Info Qom denunció que habitantes de las localidades chaqueñas de Pampa del Indio y Presidencia Roca padecieron una intoxicación masiva. Más de 700 personas requirieron asistencia médica luego 4 días de fumigaciones sobre la población; vómitos, diarrea, dolor de cabeza y malestar general fueron algunos de los síntomas que se denunciaron. La aplicación de agrotóxicos no respetó ni los límites establecidos por la ley de biocidas del 2012, ni los requerimientos formales ni las condiciones meteorológicas óptimas para su aplicación.
¿Por qué esta noticia no ocupa la portada de los medios masivos de comunicación? ¿Existen vidas que tengan un menor valor para la opinión pública? ¿Cómo son los rostros y rasgos de las personas que fueron fumigadas? Según el último censo nacional, realizado en 2010, sólo el 3,9% de la población de la provincia del Chaco se reconoce indígena, pero basta con recorrer sus calles para reconocer su fenotipo y ascendencia indígena. Las amenazas a la vida humana se agudizan ante la presencia del racismo ambiental, entendiéndolo como el tratamiento diferenciado que reciben las personas racializadas frente a los conflictos ambientales.
Derecho a la salud física y ambiental
La exposición a los agrotóxicos desde la concepción y durante la niñez genera deterioros en la salud. La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) en su informe “efectos de los agrotóxicos en la salud infantil”, de 2021, detalla: “La exposición a insecticidas organofosforados (clorpirifos) durante el período prenatal genera bajo peso y talla al nacer, deterioro cognitivo y motor, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, y problemas de desarrollo a los 3 años, trastornos de memoria y coeficiente intelectual a los 7 años, y temblores infantiles a los 11 años”.
Es por esto que la Sociedad Argentina de Pediatría, junto con las organizaciones socioambientales, exigen la creación de una historia clínica ambiental, un instrumento de registro armonizado de la información sobre la situación ambiental de la población infantil y sus cuidadores. Obtener este tipo de información por parte de los profesionales de la salud mejora la prestación de los servicios médicos y permite concientizar, capacitar y alertar a las autoridades sanitarias sobre aquellas situaciones ambientales que deben ser corregidas o mejoradas.
Derecho a la educación, el terror con forma de mosquito
La escuela es un espacio de aprendizaje y creación de vínculos, pero en la ruralidad esa realidad es diferente. A pesar de la existencia de legislación y resoluciones judiciales que establecen las distancias mínimas que debe respetar una avioneta —conocidas como mosquito— para aplicar agrotóxicos, en la praxis no se respeta.
La Red Federal de Docentes por la Vida creada por la docente Ana Zabaloy —quien murió de cáncer en el año 2019— ha creado un protocolo en caso de que una escuela sea fumigada. El mismo consiste en ingresar al establecimiento y cerrar puertas y ventanas, suspender las clases, labrar un acta firmada por todo el personal, dar aviso a la jefatura, registrar mediante fotos o videos —pero sin exponerse— y acudir al médico u hospital si hay intoxicación y pedir certificado de ello. Lo que parece la descripción de un protocolo de excepción se convierte en una realidad frecuente para docentes y alumnes en zonas rurales que intentan protegerse de las fumigaciones.
Durante el aislamiento social causado por el COVID-19, Paola Kruger docente de la Red Federal de Docentes por la Vida, manifestó en un comunicado: “La pandemia pasará, pero ellos (lxs alumnxs) seguirán teniendo que encerrarse en sus casas cada vez que el virus con ruedas o alas ande cerca”.
Derecho al trabajo
Estela Lemes es de Gualeguaychú, Entre Ríos, y es docente en la escuela n° 66 Bartolito Mitre de Costa Uruguay Sur. Su escuela fue fumigada en varias ocasiones, exponiéndola al clorpirifos, un agroquímico organofosforado prohibido en Europa por su peligrosidad. La exposición le generó una polineuropatía que afecta sus músculos, equilibrio y capacidad respiratoria, por lo que decidió llevar su enfermedad a la justicia laboral.
Luego de que su reclamo fuera rechazado en primera instancia, la Sala II Laboral de la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú falló a su favor y reconoció que su enfermedad fue causada por las constantes fumigaciones con agrotóxicos que caen sobre la escuela en la que trabaja. La ART la deberá indemnizar y deberá hacerse cargo de su tratamiento, estudios y prácticas de salud necesarias para atender la enfermedad que padece.
En el encuentro llamado “Escuelas fumigadas, el Chernóbyl argentino”, realizado en julio de 2019, Estela recordó a Fabián Tomasi y su incansable lucha contra los agrotóxicos. Fabían trabajó durante años en una empresa de fumigación y era apoyo terrestre de las avionetas aplicadoras, por lo que se encontraba en constante contacto con el glifosato, lo que le provocó polineuropatía tóxica severa y atrofia muscular generalizada que lo obligaba a estar postrado en su casa con solo 52 años. Desde su diagnóstico hasta su partida, en 2018, Fabían no perdió oportunidad para denunciar las consecuencias de un modelo productivo agrícola desigual y se convirtió en el símbolo de la lucha contra los agrotóxicos en Argentina y el mundo. “Hemos condenado la vida de nuestras generaciones venideras por solamente hacer de esto un negocio. No creo en un progreso que sacrifique a tantos seres involuntarios”, sostenía.
Derecho a un ambiente sano y acceso a la justicia
C. vive en Bandera, Santiago del Estero, y prefiere reservar su nombre. Cuenta que pegado al pueblo se ubican tres hangares donde se guardan las avionetas y que hay días donde el olor de las fumigaciones no se aguanta. El olor es tan fuerte que hasta pueden reconocer si están cargados con Glifosato o 2,4 D, un agrotóxico que sabe está prohibido pero no entiende porque se sigue aplicando.
En Bandera se realizó un muestreo para determinar la presencia de distintos plaguicidas y sus productos de degradación en fuentes de agua usadas para consumo humano y animal. Los sitios incluyeron aljibes en los cuales se recolecta el agua de lluvia, represas y pozos de los que se extrae agua subterránea. Los resultados del estudio, realizado en el Laboratorio de Plaguicidas del INTA Balcarce, fueron publicados en el informe “Pesticides in water sources used for human consumption in the semi-arid region of Argentina”: se constató la presencia y concentración de 34 moléculas, 30 plaguicidas y 4 metabolitos secundarios.
C. menciona que aún no se han organizado para reclamar por los olores, las plantas y huertos muertos, y las enfermedades porque la gente tiene miedo, porque son gente humilde que no tiene dinero para pagar abogados como los que tienen las empresas poderosas. Cuenta que el municipio no les ha dado mayor respuesta que evitar que los agrotóxicos circulen de forma terrestre en el pueblo, pero que los aviones siguen pasando muy cerca de las casas, incluso liberando los restos de químicos que traen luego de las aplicaciones.
El acceso igualitario a la justicia en conflictos ambientales es una tarea pendiente de nuestro país. La Argentina en 2020 ha ratificado el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú. Esta herramienta regional —la primera en su tipo— tiene como objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación, garantizando los derechos de todas las personas a un medioambiente sano, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible. ¿Acaso será esta la oportunidad para crear tribunales especializados en asuntos ambientales que acerquen al pueblo a la justicia? Esperemos que sí.
