Desde la salida de Martín Guzmán del ministerio de Economía hasta estos días, el ajuste fiscal comenzó a cobrar forma real. En los meses previos a la renuncia del exministro existía una disyuntiva sobre cuál debía ser el rumbo de la política económica y cómo debía ser el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde febrero de este año, con la clara expresión de que una parte de la coalición gobernante no estaba de acuerdo con la renegociación acordada con el Fondo, comenzaron una serie de sucesos que derivaron en la coyuntura actual.
Hacia febrero, la inflación interanual rondaba el 52,3% y el dólar oficial promediaba $106. En agosto, la inflación interanual aumentó a 78,5% y la cotización oficial escaló a $135. Ante esa delicada coyuntura económica y la decisión del gobierno de cumplir a rajatabla con las metas acordadas con el FMI, todas las medidas que en un primer momento Guzmán había sugerido hacer no sólo se concretaron, sino que se anunciaron en una versión que implicaba un ajuste mayor. Con un Banco Central con reservas internacionales netas cada vez más escasas y un déficit fiscal que, de no tomar ninguna medida, iba a ser difícil de reducir, desde el gobierno se profundizaron algunas de las políticas que se venían discutiendo de modo tal de aprobar la revisión de este mes de septiembre con el FMI y poder obtener así el próximo desembolso para pagar la deuda contraída durante el gobierno de Cambiemos.
Cuando asumió el actual ministro de Economía, anunció un paquete de medidas en el que se destacó la disminución de partidas en distintos Ministerios nacionales. Lo que el Estado tiene planificado gastar durante un año se estructura el año previo y se aprueba mediante una ley que pasa por el Congreso de la Nación; es lo que se conoce como presupuesto del gobierno. Su diseño tiene una repercusión directa en la ciudadanía: las prioridades del gobierno se plasman en el dinero que se destina a distintas actividades y programas durante el lapso de un año. En este sentido cobran especial relevancia los anuncios hechos por Sergio Massa.
Para comenzar a analizar el Presupuesto es importante tener en cuenta que se ejecuta a tres niveles: nacional, provincial y municipal. Asimismo, el presupuesto -que es la hoja de ruta del gasto público- tiene cuatro finalidades: las partidas destinadas al funcionamiento del Estado -administración general, justicia y defensa y seguridad- , las destinadas a los servicios sociales -en este segmento se incluyen los gastos destinados a educación, cultura, ciencia y técnica, asistencia social, entre otras-, a los servicios económicos -industria, servicios, producción primaria entre otros- y a la deuda pública -en donde se incluye la deuda contraída por los tres niveles del Estado-.
En ese marco, a través de la Decisión Administrativa 826 publicada en agosto pasado, el gobierno nacional dispuso la disminución de partidas en distintos ministerios. El criterio para las reducciones fue la identificación de áreas donde las partidas estuvieran subejecutadas, según comunicó el propio ministerio de Economía.
En el ministerio de Educación, los fondos que se redujeron son los del programa Conectar Igualdad (-$50.000 millones), Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles (-$15.000 millones) e Infraestructura y Equipamiento (-$5.000 millones). El ministro Perczyk sostuvo que la “readecuación” de partidas “no impacta en nada lo planificado para este año en el Conectar Igualdad” y explicó que la “restricción para la importación de componentes de las netbooks, que es de público conocimiento, impidió que se usaran esos recursos”, por lo cual se dispuso la cesión de esos fondos al ministerio de Economía.
Mientras que, en lo que respecta al presupuesto destinado al programa de Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles que apunta a la construcción, ampliación o refacción de edificios educativos del Nivel Inicial, también sufrió un recorte de $15.000 millones que se sumaron a otros $1.600 millones que habían sido reducidos en el mes de junio, lo que equivale a una disminución de 36% sobre este programa. Esa política es particularmente importante porque tiene como objetivo incrementar las vacantes en todo el territorio nacional de Escuelas de Nivel Inicial (de 3 a 5 años) y tiene un impacto directo en la carga de tareas de cuidados que recaen principalmente sobre las mujeres. En ese sentido, este recorte implica una reducción del presupuesto con perspectiva de género (PPG) que busca incidir en la reducción de brechas de género. Además, tal como destaca el informe de Ejecución Presupuestaria del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), ese programa tuvo una baja ejecución de tan solo el 20,4% de un total de $4.372 millones.
Similar situación es la de la cartera de Desarrollo Productivo, que con un presupuesto vigente de $98.615 millones es el área con menor nivel de ejecución con un 34,6%, inclusive con el recorte presupuestario que sufrió este año.
Otra de las áreas afectadas con la disminución de partidas es la de Desarrollo Territorial y Hábitat, con $50.000 millones del programa Planificación y Desarrollo Territorial que tiene como objetivo implementar acciones de impulso al crédito y asistencia financiera que faciliten el acceso a la vivienda única. Las principales líneas de acción de este programa son el PROCREAR y el Plan Nacional de Suelo Urbano. De acuerdo al informe “El impacto de la reducción presupuestaria en los derechos sociales” elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), esta reducción implica un 23,51% respecto del presupuesto vigente anterior al recorte.
Teniendo en cuenta que la construcción es una de los sectores más dinámicos de la economía, que genera rápidamente una demanda de empleo y de insumos que se pueden producir en el país, con lo cual, requiere menos de insumos importados, es llamativo también este recorte por el impacto que tiene para aliviar la emergencia habitacional existente en la Argentina.
Por otra parte, el ministerio de Desarrollo Social comenzó el mes pasado con una auditoría del programa Potenciar Trabajo que hoy llega a 1,3 millones de personas, de las cuales un 64% son mujeres. Fuentes consultadas del Ministerio indicaron que la auditoría busca ordenar el universo de destinatarios y obtener “una radiografía que hoy no se tiene”. En este sentido, señalaron que no habrá un ajuste en el programa y que el 92% de los fondos del Ministerio son de los programas Potenciar Trabajo y Prestación Alimentar (ex Tarjeta Alimentar). Ambos programas tienen un 96,7% de ejecución en lo que va del año, según informó CESO.
En sintonía con el nuevo rumbo económico de la actual gestión, el 22 de septiembre ingresó al Congreso de la Nación el proyecto de ley de Presupuesto 2023, el cual contempla un crecimiento del PIB de 2%, una inflación del 60% y -en línea con el acuerdo del FMI- un descenso del déficit fiscal de 2,5% a 1,9% del PBI.
Asimismo, proyectan un dólar oficial de $269 pesos para diciembre 2023 con un promedio de $219 pesos a lo largo del año. Y la inversión pasaría de 10% al 2,9% del PBI en 2023. En esa misma línea, el consumo privado pasaría de 6,5% a 2% del PBI para el año próximo.
En el plano comercial se espera que las exportaciones crezcan 7,1% y las importaciones 2% respecto a 2022, dejando un superávit comercial superior a 12 mil millones de dólares. En el plano laboral se espera que el desempleo se mantenga alrededor del 7% y que los salarios aumenten en términos reales en un magro 2%, que en suma y en lo que va de este gobierno no alcanza a reponer la fenomenal pérdida durante el macrismo.
El Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG) proyectado para el año 2023 es de $4.243.277 billones, lo que representa un 14,65% del presupuesto total, casi un punto inferior al presupuesto previsto para 2022 que fue de 15,4%. Restará ver con el detalle fino de las partidas, si es que disminuyeron los fondos etiquetados como PPG o aumentaron otras áreas del gasto general.
Finalmente, en el plano de subsidios tarifarios -si bien aún no está detallado cómo será el esquema de aumentos-, se espera que se reduzcan 0,6 puntos porcentuales del PBI con respecto a este año y se cuente con un extra de 0,1 puntos porcentuales del PBI de subsidios al transporte que dejarán de pagarse. De cara al año que viene -y con presupuesto en mano- es interesante pensar en qué partidas del gasto total es más -o menos- progresivo ajustar. En ese sentido, el nuevo apartado que busca culminar con la exención (entre otras) del pago del impuesto a las ganancias de los jueces apunta en una línea más progresiva al momento de mejorar las cuentas fiscales. Evaluamos en el mismo sentido la quita de subsidios energéticos a la población de mayores ingresos del país, los cuales representaron cerca del 80% del déficit primario durante 2021.
