Colombia se estaba quemando y sólo pudieron salvar una cosa. Decidieron salvar el fuego. “Lanzaron una granada, directo a mi cabeza, pero me moví rápido”, dice Magaly en un chat de Whatsapp pendiente de las señales de vida. Magaly es lideresa social y milita por los derechos humanos en la ciudad de Cali al suroccidente de Colombia. Esta mujer, así como muchas otras personas autoconvocadas y de colectivos que militan por una Colombia sin guerra, estuvo presente en las protestas del pasado 9 de septiembre. Un día antes, dos policías presionaron contra el piso al abogado bogotano, Javier Ordoñez, hasta matarlo. El ataque quedó registrado en un vídeo que se viralizó en redes sociales donde se evidencia cómo ambos policías lo someten a varias descargas eléctricas con una pistola Teaser.“Por favor, me ahogo”, suplica el hombre de 44 años en las imágenes. Los policías no se detienen ante la advertencia de quienes registran la tortura. Luego lo llevaron al Comando de Acción Inmediata (CAI).
El asesinato de Ordoñez no es el primero en manos de la policía. Ante esta última muerte, las redes sociales se encendieron en alerta: #NosEstánMatando y #Nomáslíderesasesinados. Y esto detonó en el estallido social que el 9 de septiembre ocupó las calles de distintas ciudades del país. Pero durante esta movilización, la policía volvió a funcionar como un órgano de represión y hasta el momento se conocen algunas cifras que van aumentando: al menos 11 personas muertas y más de 400 heridas. La policía del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) reprimió pese a que la ciudadanía protestaba manera legítima.
Hubo manifestaciones a lo largo y ancho del país. Es que el objetivo principal de estas movilizaciones es el actual estado de emergencia social y de violencia en el que se encuentra Colombia es un estado de guerra que lleva más de cincuenta años. Más de 700 lideresas y líderes defensoras de derechos humanos han sido asesinadas sistemáticamente. Las calles de las ciudades y zonas rurales son cada vez más peligrosas para la ciudadanía, constantemente aparecen personas asesinadas en los barrios populares.
En Colombia, la gente lleva muchos años preguntándose ¿quién dio la orden esta vez? Además del Ejército Nacional y los grupos identificados como criminales al margen de la ley, otras instituciones del Estado también son responsables de estos excesos de violencia: el Escuadrón Móvil Antidisturbios y la policía.
Las masacres en Colombia demuestran la ausencia de protección y de garantías de derechos por parte del gobierno. Los asesinatos cometidos en los últimos años propiciados por militares, policías y grupos al margen de la ley tampoco han sido explicitados a la ciudadanía. Hasta el momento ningún referente del Gobierno Nacional en Colombia ha dado un informe claro donde expliquen las desapariciones forzadas a las que el Presidente Iván Duque se refiere como “homicidios colectivos”.
En el último mes fueron asesinadas muchas personas en distintas zonas rurales y urbanas de Colombia. Un repaso de las matanzas: 5 niños en Llano Grande, uno de los barrios más empobrecidos de la ciudad de Cali. Seis personas más en Tumaco, 6 en el Tambo, 5 en El Caracol, 4 en Ricaurte, 8 en Samaniego, 3 en Corinto, 2 en Leiva y la cuenta sigue creciendo. Estas 8 masacres ocurrieron en regiones abandonadas por el Estado y una de las razones de que se haya perpetuado este crimen atroz es la falta respeto de las políticas públicas sobre la voluntad de paz que existe en los pueblos del territorio nacional.
Durante el 2020, la ONG de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) se ha encargado de investigar las cifras y los responsables de estas muertes. Leonardo González, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Indepaz ha explicado que: “Si bien la Defensoría del Pueblo, que es la entidad estatal para los derechos humanos, no se ha pronunciado específicamente sobre las razones de las masacres, ha advertido sobre las características del conflicto en Zaragoza, Simití y Carmen de Bolívar, donde se perpetraron las últimas matanzas.”
Además de esto González explicó en un medio internacional que “los motivos de las matanzas varían dependiendo del contexto conflictivo de cada región donde ocurren y asegura también que unas fueron por un ajuste de cuentas en las que grupos ilegales mataron a personas que estarían vinculadas con otros grupos armados con los que se disputan el control del territorio y la droga. En otros casos, ha sido por asesinar a migrantes venezolanos y en algunas ocasiones se ha tratado de ejercer un control político para obligar a los habitantes de ciertos lugares a que cumplan con los toques de queda y las cuarentenas que han impuesto los grupos ilegales en medio de la pandemia”. Lo indudable de esta situación es que la razón particular que se repite como causal de las 55 masacres de este año en el país, es la mala implementación del Acuerdo de Paz.
La fuerza encendida de las actuales movilizaciones es consecuencia de los paros nacionales que se dieron a finales del 2019 y continuaron a lo largo de este año antes de que se declararan los toques de queda como solución implementada por el gobierno nacional para el control de la cuarentena por la pandemia. La movilización en las calles se interrumpió por un tiempo, pero los movimientos sociales defensores de derechos humanos y también los colectivos militantes feministas, travestis y trans como: Las Viejas Verdes, La asociación para la investigación y la acción social Nomadesc, el portal Desinformémonos y Primera Línea Colombia entre otros, continuaron durante estos meses con la divulgación de información a través de sus redes sociales repudiando estos hechos con el fin de resistir con organización. Estos colectivos en su mayoría dedicados al periodismo y activismo, también empujaron convocatorias a través del hashtag #SOSColombia para denunciar y hacer un llamado especial a la comunidad internacional con el fin de visibilizar y denunciar el recrudecimiento de la Guerra en Colombia.
Ante la represión y brutalidad policial de los últimos días, el senador Gustavo Petro no sólo convocó a la movilización para el 9 de septiembre sino que después de conocer el abuso de poder del ESMAD durante esta protesta, solicitó al día siguiente y ante el Congreso de la República, la renuncia inmediata del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo. Además, sugirió que “la policía nacional debe pasar al Ministerio del Interior para quedar supeditada al control ciudadano y no al revés, porque los dueños de lo público son la ciudadanía(…) y después también aseguró: (…)Una policía que controla a la ciudadanía y la mata, es algo que solo ocurre en un régimen dictatorial”.
El fuego encendido en las calles por la ciudadanía organizada para luchar en contra de la brutalidad policial es un hecho que no puede enmarcarse en planos aislados de la guerra que vive Colombia. Las cifras demuestran que todos los territorios nacionales están atravesados por la injusticia social y ausencia de derechos. La ciudadanía que decidió encender el fuego de la vida a través de la movilización en las redes y en las calles sabe de los alcances de corrupción, la crueldad, la guerra clandestina al interior de los barrios y también de la disputa por las tierras que aún genera personas desplazadas. El pueblo que se organiza para la movilización tiene conocimiento de la responsabilidad del Estado y sus instituciones públicas en las masacres.
