La construcción del último 8 de marzo, primer Paro Internacional de Mujeres, en Argentina dejó un saldo represivo que a más de cuatro meses del acontecimiento todavía no fue cerrado en el plano judicial. Seis jóvenes activistas feministas, una de ellas integrante del colectivo Ni Una Menos, pueden llegar a ser condenadas por realizar tareas de difusión y propaganda. Las acusan formalmente de “daño simple y agravado” por hacer pintadas en lugares públicos. Fueron detenidas por un grupo de civiles en tándem con la Policía de la Ciudad la madrugada del 7 de marzo mientras caminaban regreso a sus casas en el barrio porteño de Almagro. Su abogada pidió la nulidad del proceso y hoy deberán presentarse en una audiencia oral y pública ante el juez Ladislado Endre, a las 13 hs., en Tacuarí 138. El movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans las acompañará desde afuera para apoyarlas.
“La audiencia fue solicitada por la defensa por las diferentes irregularidades que se dieron en el proceso. La detención fue arbitraria porque fue producida por civiles. El fiscal dice que hubo flagrancia pero no hay nexos de causalidad penal probados entre la materialidad del hecho y la responsabilidad penal de las imputadas”, explicó a LatFem la abogada de las seis jóvenes, Gabriela Carpinetti.
“Lesbianas”, “8M” y “El patriarcado se va a caer” son las pintadas que quedaron registradas en el expediente. Fueron hechas en las paredes de una iglesia y dos bancos con aerosol de colores negro y rojo. Las “armas” secuestradas por la policía y aportadas por los civiles: dos aerosoles.
Esa noche, dos días antes de la manifestación internacional que convocó a más de 50 países en el mundo, las jóvenes fueron perseguidas por Gabriel Omar Fittante, Juan Manuel Báez Rivora, Carlos Esteban Mater y Nicolás Djudjic. Tres de los cuatro hombres las corrieron invocando a la “justicia de Dios” y también les dijeron que eran policías. “Se nos escapan. Estamos tratando de seguirlas para que se detengan pero no viene ningún móvil”, dicen los varones en un llamado al número de emergencias 911 que figura en la causa. Tras el llamado de los militantes católicos, un operativo policial desmedido se desplegó alrededor de ellas: seis policías, dos patrulleros y un agente motorizado. De todxs los funcionarios policiales, solo había una mujer. Las retuvieron en la entrada de un edificio mientras con una celeridad inédita el jefe del operativo se comunicaba con el fiscal Rozas pro teléfono. Las acusó de hacer las pintadas y les abrieron una causa por “daño” que las tuvo privadas de sus libertades por más de doce horas en la Comisaría 9na. El fiscal decidió imputarlas. Si bien el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) dijo haberse puesto a disposición, fueron las organizaciones feministas las que acompañaron la vigilia la noche de la detención y exigieron su inmediata libertad.
Hoy el juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires N° 25, Ladislao Endre, analizará el pedido de nulidad de la abogada Carpinetti en la audiencia oral y pública. Deberá decidir si convalida la violencia institucional terciarizada en manos de fanáticos religiosos.
“Exigimos el cese de la judicialización y la cacería hacia el movimiento de mujeres. Sostenemos que nuestro derecho a la protesta social no puede verse reprimido ni la justicia debe avalar detenciones arbitrarias, mucho menos proteger a los civiles que esa noche apresaron y agredieron físicamente a las activistas”, dice el comunicado que difundieron desde el colectivo Ni Una Menos para convocar a acompañar a las jóvenes judicializadas.
No son las únicas que evidencian el saldo represivo que hay en Argentina como consecuencia de la organización feminista que crece a contrapelo de un gobierno que ejerce la violencia institucional. El multitudinario 8M terminó en Buenos Aires con, al menos, veinte personas-15 mujeres y 5 varones- detenidas, reprimidas, vejadas y torturadas tras la marcha por la nueva fuerza de seguridad de la Ciudad. Esta personas también tienen causas judiciales en su contra y a su vez, se abrió un expediente para indagar sobre la violencia estatal.
