En septiembre de 2017 se promulgó en Chile la Ley 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: situaciones de riesgo vital, inviabilidad fetal letal y gestación producto de violencia sexual. Se trató de una conquista y un logro del movimiento feminista chileno, en un país donde estaba totalmente penalizado el derecho al aborto. Hace dos años una conducta prohibida pasó a ser lícita y debe ser adecuadamente informada a las niñas, jóvenes y adultas. Sin embargo las causales siguen siendo un obstáculo para que se garantice el derecho a decidir de niñas, adolescentes, mujeres cis y varones trans. La red de atención de salud y la implementación de la política pública muestra graves falencias y omisiones que impiden que la normativa se cumpla. La pelea por una política pública que garantice derechos y una ley que contemple el aborto libre, legal, seguro y gratuito continúa. En ese marco, el próximo 25 de julio los feminismos salen a las calles para colmarlas de pañuelos verdes.
Desde 2013 la Coordinadora Feministas en Lucha de Chile convoca a la marcha antirracista y por el aborto libre, legal, seguro y gratuito. Este año, en la séptima movilización, se unen las luchas del aborto y el día de la mujer afrolatina, afro caribeña y de la diáspora (movimientos migratorios), ambas conmemoraciones del 25 de julio. El lema la convocatoria es “abortamos el racismo”.
El “Informe de Monitoreo Social. Implementación de la ley de interrupción del embarazo en tres causales”, realizado por la Mesa Acción por el Aborto en Chile y el Fondo Alquimia señala que “se repite en Chile lo que sucede en otros países de la región y en el mundo: lograda la legislación –por causales o plazos- las mujeres enfrentan grandes obstáculos para acceder al aborto legal, entre estos, la desinformación y la objeción de conciencia declarada y no declarada en los establecimientos de salud. A estas consideraciones no escapa el hecho que la implementación de la ley IVE se inaugura con un gobierno de derecha, de una coalición política que se opuso a su aprobación y recurrió al Tribunal Constitucional para impedir que entrara en vigor”.
El monitoreo social muestra que en la implementación de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo existen falencias en la atención a las mujeres que se convierten, para ellas, en obstáculos para la toma de decisión sobre sus embarazos y el acceso expedito a la interrupción, si esa es su opción. El estudio puso la lupa sobre siete regiones del país (Antofagasta, Valle del Huasco, Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco y Aysén) y llegaron a la conclusión que no existe una política pública para poner en práctica la normativa aprobada hace dos años.
Desde la mirada de las usuarias de los establecimientos de salud y de mujeres de las comunidades monitoreadas, la interrupción voluntaria del embarazo es una prestación no informada, sobre la cual tienen poco conocimiento.
El informe señala, además, que existe un serio problema con la objeción de conciencia declarada. De acuerdo datos del Ministerio de Salud, a junio de 2019, uno de cada dos obstetras de hospitales públicosse declaró objetor en la causal violación sexual (50,5%), uno de cada cuatro en caso de inviabilidad fetal (28,6%) y uno de cada cinco en caso de riesgo vital (20,7%).
La Mesa de Acción por el Aborto, que nuclea organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos locales e internacionales, a través del monitoreo social hizo un llamamiento a las autoridades sanitarias para que este relevamiento sea una señal de alerta. Y señalaron: “resulta urgente que las autoridades vean qué sucede en los otros territorios del país.
La concentración principal este 25 de julio será a las 18 h en Plaza Italia, en Santiago de Chile, pero se replica en todo el país.
La concentración principal este 25 de julio será a las 18 h en Plaza Italia, en Santiago de Chile, pero se replica en todo el país. Aquí compartimos los puntos de encuentro confirmados hasta el momento:
