“Con este DNU profundamente ilegítimo y frontalmente inconstitucional, empobrecen a la sociedad en su conjunto, aumentan la brecha que separa a los propietarios del capital y la tierra del 90% restante”, sostiene Daniela Vilar, ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Nacida y criada en Lomas de Zamora, es la primera universitaria de su familia y acaba de iniciar su segundo mandato al frente de esta cartera bonaerense, creada en 2021 por el gobernador Axel Kicillof. Como funcionaria, pero sobre todo como militante política, apuesta a fortalecer el ambientalismo popular en toda la Argentina y convoca a “luchar por un modelo nacional de desarrollo con la gente adentro”. En diálogo con LATFEM, la ministra analizó las consecuencias ambientales del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado por el presidente Javier Milei.
— ¿Qué implicancias tiene el decreto de Milei en materia ambiental?
En primer lugar, alterar de esta manera, abrupta y radicalmente las reglas de convivencia, trabajo, salud, seguridad social, comercio e industria implica romper con todos los esquemas que inciden sobre lo ambiental. Para nosotros, el Estado tiene un rol central. Si se retira a la fuerza de todas las dimensiones de la vida de los argentinos, las consecuencias sobre la dimensión socio-ambiental serán dramáticas: lo que no cuida el Estado, no lo cuida nadie.
Los bienes comunes naturales no sólo están protegidos por la Constitución, sino que son un patrimonio colectivo y hoy son ofrecidos al mejor postor: hablan de modificar la Ley de Manejo del Fuego y combinarlo con la derogación de la Ley de Tierras. Además de la derogación de las leyes que regulan la actividad minera en nuestro país.
Esto desencadena un proceso voraz de apropiación de nuestros bienes comunes por parte de empresas y corporaciones trasnacionales, profundiza el proceso de concentración del dominio de la tierra en manos extranjeras que enfrentamos en nuestro país y acelera la desertificación y la venta a un precio irrisorio de nuestro territorio nacional y todo lo que haya en él.
— Mencionaste la Ley de Tierras, ¿cuáles son las consecuencias de derogar esta normativa?
Derogar la Ley 26.737, que fue sancionada en 2011 por Cristina Fernández de Kirchner y limita al 15% a toda titularidad de dominio de tierras rurales por parte de extranjeros, es un atentado directo sobre nuestra soberanía territorial y ambiental. Recordemos que en las áreas rurales es donde yacen nuestros ríos, bosques, humedales, glaciares, lagunas y límites de frontera.
Ya en el año 2016, Mauricio Macri modificó esta normativa con el decreto 820/2016, ampliando del 25 al 51% la participación de extranjeros en las sociedades autorizadas a comprar tierras en nuestro país. Esta derogación es el batacazo final de la alianza Macri-Milei para permitir la libre apropiación de nuestras riquezas y bienes comunes por parte de aquellos que hace décadas intentan penetrar el territorio de forma silenciosa, a través de holdings, fideicomisos, sociedades fantasmas y testaferros locales.
— Otra de las leyes que mencionó el presidente fue la Ley de Manejo del Fuego, justamente después de años con grandes incendios en bosques y humedales en Argentina. ¿Qué implicaría que se derogue o modifique esta ley?
Durante la cadena nacional, el presidente anunció como uno de los 30 puntos a destacar del decreto, la modificación a la Ley de Manejo del Fuego. A pesar de eso, no está expresada en el DNU publicado, por lo que actualmente sólo tenemos el título. Sin embargo, en línea con el resto del decreto profundamente antipopular de Milei, podemos inferir que lo que buscan con la modificación, es lo que Máximo Kirchner nos viene advirtiendo hace meses: la flexibilización ambiental.
La Ley de Manejo del Fuego es la encargada de proteger a nuestras tierras y comunidades de incendios rurales y forestales. Esta ley propone un abordaje que va desde el combate y la atención en la emergencia por incendios, hasta la mitigación y restauración de los territorios afectados. También es la encargada de cuidar a las comunidades afectadas y también a quienes se encargan de combatir al fuego. Además, en el 2020, gracias a la iniciativa de Máximo Kirchner, aprobamos una modificación que evita la generación de incendios para fines especulativos, financieros o inmobiliarios para cuidar los bienes comunes naturales.
La flexibilización ambiental lo que hace es ir corriendo los límites de lo permitido para que sea cada vez más sencillo hacer negocios con las tierras y los bienes comunes naturales. La combinación de la derogación de la Ley de Tierras y la Ley de Fuego tiene todo el sentido del mundo: buscan degradar y desertificar, agotar toda capacidad de regeneración natural de nuestras tierras, incluso cuando sufran incendios intencionales (o accidentales), para que no haya ninguna barrera para venderlas a un valor muy inferior, y desarrollar allí actividades económicas que ni siquiera contemplen la variable socio-ambiental.
Entre el extractivismo desterritorial que exporta materias primas a precios de mercado internacional, entregando nutrientes, agua y trabajo argentino, y el modelo de extranjerización de la tierra donde las empresas y capitales transnacionales se instalan en cada rincón de la Argentina para usufructuar lo que es nuestro, girando cada peso hacia sus casas matrices.
— ¿Qué efectos tiene el decreto sobre la actividad minera?
El DNU deroga La Ley del Sistema Nacional de Comercio Minero (Ley N°24.523) y la Ley del Banco Nacional de Información Minera sobre Equipamiento y Recursos Humanos (Ley N° 24.695), que son dos herramientas claves para que el Estado Nacional conozca y controle lo que ocurre en todo el territorio en una actividad económica que conducen las provincias. Este gesto de destruir todo mecanismo de información pública, de transparencia, de retirar las funciones básicas que el Estado debe cumplir por nuestra Constitución Nacional y por los acuerdos internacionales, deja en evidencia que no venían por la casta. El plan siempre fue el mismo: resetear a la Argentina para que no quede ni una sola barrera de contención para los grupos económicos que se benefician con este paquete.
— ¿A qué atribuís estas decisiones del presidente?
Los sectores concentrados del poder que están alineados con el gobierno de Milei y Macri, buscan la flexibilización ambiental, así como la impositiva y laboral, corriendo todos los límites de lo permitido para que ganen los mismos de siempre y perdamos todos. Con este DNU profundamente ilegítimo y frontalmente inconstitucional, empobrecen a la sociedad en su conjunto, aumentan la brecha que separa a los propietarios del capital y la tierra del 90% restante. Profundizando la ya escandalosa desigualdad estructural, incrementan el costo de vida a niveles insospechados para que sea más sencilla la dolarización que siempre desearon, anunciaron y aún amenazan con ejecutar. Milei y sus aliados vuelven a buscar arrodillar a la Argentina ante un modelo neocolonialista de desarrollo. Por eso más que nunca necesitamos seguir construyendo el Ambientalismo Popular en toda la Argentina y luchar por un modelo nacional de desarrollo con la gente adentro, como decía Néstor (Kirchner).
— En campaña, Milei negó en reiteradas ocasiones el cambio climático. ¿Crees que es desconocimiento o tiene que ver con el modelo que proponen desde La Libertad Avanza?
El negacionismo del cambio climático es una mera estrategia de Milei y los grupos concentrados para ir en contra de cualquier tipo de regulación que cuide el ambiente. El único fin es seguir acumulando riquezas en detrimento de la sostenibilidad de la vida. Es una forma de enmascarar que la desregulación total del Estado que impulsan sobre nuestra tierra, además de la pérdida de soberanía nacional y ambiental, genera una profunda y acelerada degradación de nuestro hábitat y ecosistemas, una de los principales causantes del cambio climático. Hoy el cambio climático es una realidad innegable. Los desastres ambientales que estamos viendo, tienen que ver directamente con ese calentamiento global; y que la acción humana es causa directa. Y por supuesto, son los más pobres los que más sufren las consecuencias de la degradación ambiental.