Una de cada tres niñas y adolescentes en Bolivia sufre violencia sexual antes de cumplir los 18 años. Organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado boliviano encubre la violencia sexual contra las niñas y adolescentes por cómo está tipificado el delito y por la falta de preparación de los operadores de justicia. Fue en el marco de las audiencias públicas del 161 Periodo de Sesiones de este organismo internacional.
Las referentes del Centro Una Brisa de Esperanza y otras organizaciones de derechos humanos expusieron ante los y las comisionados de la CIDH. Los referentes del Estado boliviano también estuvieron presentes en la audiencia admitieron las “dificultades” planteadas y prometieron modificaciones en la normativa interna para adecuarla a los estándares internacionales.
“Hasta llegar a un juicio oral muchas niñas tienen que contar hasta diez, doce, trece veces a distintas personas lo que les ocurrió”, dijo María del Carmen Arispe Fuentes, abogada de la organización Una Brisa de Esperanza. La especialista exigió un cambio en las legislaciones y normativas nacionales. En particular, solicitó la modificación del artículo 308 del Código Penal. “Cuando va al médico forense tiene que demostrar que peleó, que luchó, que pataleó. Si no hay lesiones en el cuerpo, muchas veces lo toman que ella lo habría consentido porque no hubo utilización de fuerza”, desarrolló. La abogada también pidió la derogación de la figura de estupro porque muchas veces funciona para encubrir crímenes.
Según las organizaciones más del 85 % de los casos el agresor es una persona cercana a la víctima, la mayoría de las veces el padre biológico.
Otra de las demandas de las organizaciones apuntó a la formación de los operadores de justicia y todos los actores que deben garantizar acompañamiento a las víctimas e investigar los casos. “La policía no tiene ningún tipo de preparación”, dijo Carmen Arispe Fuentes.
La vicepresidenta primera de la Comisión, Margarette May Macaulay, expresó que Bolivia no es el único país en el que existe una situación similar, porque “en muchos se encubren estos delitos”. “No solo se necesitan sentencias más duras, sino todo un compendio de acciones, entre ellas una formación completa de quienes van a trabajar con una víctima de violencia sexual, porque pueden causarle aún más daño”, dijo.