“Yo me quiero ir al monte siempre”, dice Deolinda Carrizo desde su casa en Quimilí, a 200 kilómetros de la capital de Santiago del Estero. Desde allí, la directora de Género e Igualdad de la Dirección Nacional de Fortalecimiento y Apoyo a las Organizaciones de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena conversó con LatFem a través de una conexión vía Zoom sobre los desafíos de este nuevo rol y la importancia de gestionar sin abandonar el territorio. Nos gustaría seguirle de cerca los pasos que proyecta dar por Argentina pospandemia pero, por ahora, la escuchamos atentas desde Buenos Aires y Montevideo.
Deolinda nació en 1980 en la comunidad indígena vilela Pampa Pozo. Allí también pasó sus vacaciones de niña ocupada “en el aprender y el trabajar” junto a sus abuelos y bisabuelos originarios. Diez años después, en 1990, se fundó el MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) impulsado por el boom de la soja transgénica y el aumento de los desalojos a las familias trabajadoras de la tierra. Su abuelo y su padre fueron parte de la fundación y ella fue testigo de la organización desde que tiene memoria. La Deo forjó su identidad al calor de la lucha campesina.
Carrizo se reivindica orgullosamente campesina, feminista e indígena. Su militancia en el MOCASE le permitió participar de los cursos de formación política del Movimiento Sin Tierra de Brasil, una experiencia que la llevó a pensar la lucha por la tierra en clave latinoamericana. En 2010 fue parte de la fundación del Movimiento Nacional Campesino Indígena y entre 2013 y 2019, junto a Diego Montón, fue secretaria operativa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones de Campo (CLOC-La Vía Campesina). Hoy vive en Quimilí, un municipio de 10 mil habitantes cercano a su Pampa Pozo natal, desde donde piensa las políticas públicas que llevará del territorio al Estado y del Estado a los territorios. “Aceptar esta propuesta no fue para estar en una oficina”, dice la Deo.
¿Cómo te vas a organizar? ¿Vas a venir para Buenos Aires o vas a trabajar desde allá?
— Pensamos organizarnos de una manera tal que nos permita estar en los territorios, que es donde están las mujeres campesinas, indígenas y de la pesca artesanal. Es muy importante el visibilizar las distintas realidades que hay en nuestro país, y eso no lo vamos a hacer desde una oficina. Aceptar esta propuesta no fue para estar en una oficina, sino para fortalecer la lucha por el reconocimiento y el fortalecimiento de la agricultura familiar, campesina, indígena y de la pesca artesanal, así que iremos solo cuando sea necesario a Buenos Aires.
¿Cómo tomaste esta designación y qué significa para la organización?
— Estoy muy contenta, es mucho desafío. Pero tanto Miguel (Ángel Gómez, actual secretario de Agricultura Familiar de la Nación) como yo fuimos delegados por las asambleas de nuestras organizaciones para ocupar estos cargos. Son años de intensos debates. De hecho, la creación de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena nació de la lucha de las organizaciones para que haya un espacio para esto. En otros países hay un Instituto de Agricultura o de Reforma Agraria, pero acá no hubo nada hasta 2007. Cuando ha venido el macrismo ha desmantelado todo, ha dejado todo en subsecretarías sin presupuesto, con los programas absolutamente desarmados y sin apoyo a las organizaciones. Nada, nada, nada ha quedado. Entonces, asumir la Secretaría nuevamente desde las organizaciones populares, más específicamente del MNCI, y la propuesta de crear el área de la Dirección Nacional de Género e Igualdad donde estoy yo, es para dar la discusión de que también está la mujer campesina indígena presente.
¿Cómo pensás llevar esta perspectiva del feminismo campesino, popular e indígena al Estado, que aparezca esa dimensión para transversalizar en las políticas públicas?
— Creo que la sola presencia ahí va marcando eso. Las veces que estoy en reuniones oficiales yo digo que soy “campesina indígena vilela” y ya. La creación de la unidad de Género es muy importante para el avance de estos desafíos de transformación e incorporación de la perspectiva de género que se le quiere dar a los distintos espacios en el gobierno. Y mucho más en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que siempre ha estado en manos de aquellos con quienes hemos estado históricamente enfrentados en la calle: el empresariado del agronegocio. Tenemos una cuestión que nos antecede: hemos estado siempre para la lucha y la defensa de la tierra. En el equipo hay varias compañeras que venimos de las organizaciones populares; algunas tienen un poco más de experiencia y las que nos vamos sumando vamos aprendiendo y haciendo que el carro siga marchando para adelante, pero hay una buena recepción. De hecho, a partir de la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creo que hay una gran ventaja en cuanto a que esas demandas sean más permeables en el Estado. Como Dirección Nacional estamos siendo protagonistas en el armado de los talleres; vamos a estar hablando sobre las cuestiones de los feminismos y ahí obviamente vamos a estar hablando del feminismo campesino, popular, comunitario e indígena. Si decimos que somos sororas -sororidad para nosotras es compañerismo-, bueno, habrá que hacer carne de lo que se predica.
E incorporar esta perspectiva del feminismo popular, campesino e indígena va de la mano con la lucha que el movimiento campesino da en la región.
— Si, en este último tiempo en América Latina se viene dando todo un avance importante con el protagonismo en roles dentro del Estado de parte de delegados o delegadas de las organizaciones campesinas, populares, indígenas y de la pesca artesanal. Decimos eso porque es importante ser, no seguir en la invisibilización que siempre nos han hecho. Son diversas culturas presentes que deben ser visibilizadas. Si una empieza a caminar nuestra América Latina están ahí, estamos aquí, muchos descendemos, muchos vivimos acá, más lejos, más cerca, pero somos. Y eso hace parte de la diversidad cultural, de la diversidad de nuestras lenguas, de todo lo que somos. Creo que atrevernos como organización a asumir esta responsabilidad es también por un grado de madurez organizativo que de alguna manera nos posibilita esto. En el MOCASE tenemos 30 años de organización y de lucha. Yo he nacido y me he criado con esa lucha y jamás me he pensado ni buscado estar en este rol. Yo quiero ir al cerco, a cosechar, yo me quiero ir al monte siempre. Antes, por estar en otras responsabilidades de la organización y de la CLOC, a veces me pasaba un poco lo mismo: era viaje para acá, viaje para allá y yo quería estar en mi cerco. Pero estos años de organización y de participación han sido para que prime lo colectivo por sobre lo individual porque, de última, mi cerco es mi cerco en la comunidad y hoy me toca cumplir este rol. Hemos puesto esto en la balanza, como muchas mujeres campesinas, indígenas o de los territorios, siendo conscientes de que son luchas que vienen desde nuestros pueblos ancestrales y tenemos que reconocer que la lucha de ellas ha sido muchísimo más fuerte que la nuestra, han tenido muchísima más desventaja que nosotras, y hacernos cargo de esto es también una responsabilidad en la construcción de una sociedad más justa y más igualitaria. Sé que el día de mañana muchas de nuestras hijas campesinas e indígenas van a tener mejores condiciones para seguir peleando por su derecho al territorio.
“Las mujeres tienen que ser reconocidas como protagonistas en la producción de alimentos”
En Pampa Pozo viven hoy 13 familias —unas 85 personas— que tienen la propiedad comunitaria de 1.200 hectáreas. Producen miel, queso y dulce de leche, salames, escabeches y verduras. Entre 1.500 cabras, 80 chanchas madres, 250 ovejas, 200 vacas y varios corrales de gallinas, las familias productoras resisten el desmonte, al despojo y al avance extractivista sojero. A unos 400 kilómetros de allí, rodeado de ese monte nativo al que la Deo siempre quiere volver, está Quimilí, su otro espacio de resistencia, donde funciona la Universidad Campesina Unicam Suri y la radio comunitaria del MOCASE. Desde allí, la referente campesina indígena proyecta cómo será su gestión y asegura que el campesinado tiene que ser un actor político central en la recuperación pospandemia.
— Es la oportunidad de llegar a muchos otros lugares que no son justamente los territorios del MNCI ni de las organizaciones que están en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP Agraria). Por ejemplo, con el Plan Integral “En Nuestras Manos”, que tiene como objetivo acortar la brecha del patrimonio productivo con maquinaria, herramientas y tecnología en manos de las mujeres y que está ahora en plena evaluación técnica. Además, queremos el fortalecimiento productivo para los espacios o refugios agroecológicos o Galaxias del Buen Vivir, que con sus distintos nombres son espacios de contención para mujeres rurales en situaciones de violencia. Hay muy pocos espacios así en el país fuera de las grandes urbanizaciones, que están llevando adelante las organizaciones y otros movimientos populares. Así que vamos a dar ese fortalecimiento, porque hay muchas situaciones de violencia y, gracias a la lucha que se ha ido dando en la Argentina y en toda América Latina, se empiezan a denunciar con más sistematicidad los abusos y un montón de cosas.
¿Cómo va a ser ese abordaje para dar contención a las mujeres rurales que sufren violencias machistas?
— Va a ser desde la Dirección de Género e Igualdad y vamos a articular con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Desde la Dirección se va hacer el fortalecimiento productivo de esos espacios que ya están funcionando y que ya tienen esa experiencia. Hay una gran demanda de las mujeres rurales para estos espacios, entonces, vamos a fortalecer la parte productiva con equipamiento (sistema de riego, maquinarias, elementos para la transformación de materia prima, para la cría de ganado, algo de pesca artesanal). Es bien variado y diverso. Y desde el Ministerio de Mujeres se va a abordar más la cuestión social y de acompañamiento. Estamos trabajando para que haya un espacio de atención a la niñez porque las mujeres que llegan ahí en general no están solas, vienen con sus hijos, y para poder tener un trabajo y un ingreso económico necesitan la asistencia y el acompañamiento para que sus hijos no estén solos. Después nos queda el gran trabajo de seguir buscando con quiénes articular para descentralizar las políticas orientadas a las mujeres en situaciones de violencia, porque las mujeres que son de las zonas rurales y deciden salir de ese circuito de violencia -si no se van a la casa de una tía del pueblo, por ejemplo- no tienen a dónde ir. En estos refugios, galaxias o espacios del Buen Vivir, las mujeres rurales van a tener la posibilidad de continuar haciendo lo que saben hacer y mantener sus ingresos. También trata de acompañarse, de cuidarse entre ellas, de hacer todo un trabajo de terapia colectiva, porque es eso lo que en definitiva nos ha mantenido sanas: aprender de esa colectivización de nuestras problemáticas, pero también de las soluciones. Se va a caer, se va a caer el machismo, el capitalismo. Se va a caer porque lo vamos a tirar.
Para estar en los territorios y llevar políticas adelante se necesitan recursos. ¿Con qué presupuesto cuentan?
— Siempre va a ser insuficiente el presupuesto. Por eso una de las peleas que tenemos en esta gestión es la reglamentación y presupuesto para la ley de Agricultura Familiar Campesina Indígena: una ley que está desde 2015 pero no tiene presupuesto, algo central. Y eso se ha hablado y se anda buscando. Hay programas que van desarrollándose en una primera etapa, ya sea de agua, de producción e infraestructura, o programas específicos para mujeres, pero necesitamos más. Con lo de la pandemia y el no poder viajar, un poco se frenaron las salidas a los territorios, pero se han ido destinando recursos a situaciones de emergencia, ya sea por un temporal o porque hay muchos que no han podido sacar su producción y venderla.
Este cargo llega en un momento muy particular por la pandemia y algo que pasó en este último año es que la crisis sanitaria puso fuertemente sobre la mesa el debate sobre la alimentación y la soberanía alimentaria. ¿Qué aportes puede hacer la agricultura familiar campesina indígena en ese sentido?
— Sin duda, la pandemia ha demostrado el rol importante que tiene la agricultura familiar campesina e indígena en la producción de alimentos sanos y variados para los pueblos. El gran desafío es fortalecer el sector, no solo en maquinarias, sino también en sus recursos permanentes. Como dicen los compañeros en Cuba: el campesino es el héroe del pueblo. Tendría que ser tratado como el héroe de nuestro pueblo porque ha demostrado que las corporaciones o el mercado —que está cada vez más transnacionalizado— no ha sido capaz de alimentar a la población en este contexto. Todo lo contrario, han ido buscando mecanismos para poner a la población presa de un desabastecimiento tremendo, sobre todo en las grandes ciudades.Hay mucho que trabajar. Creo que esa intención de la nacionalización de Vicentín tuvo un traspié por no medir cómo responden las multinacionales y el lobby. Quienes salen a protestar en contra de esa medida o en contra del impuesto a las grandes fortunas y a las exportaciones son los mismos que nos intoxican con agrotóxicos a las comunidades, a los pueblos y afectan a la salud entera, ¿y quién le pone impuesto a eso? Los que producen esas enfermedades no quieren socializar sus ganancias. La agricultura familiar campesina indígena ha sido muy afectada porque a los insumos para la producción les han puesto un alto precio, como el aumento de la nafta y el dólar. Entonces, es necesario fortalecer las cadenas de producción y de comercialización; promover el arraigo y también la vuelta al campo, porque la pandemia también ha mostrado que en las grandes ciudades algo que ha faltado mucho es el alimento. Los más afectados por no poder acceder a un alimento de calidad han sido los sectores populares en las ciudades, los comedores crecieron con mucha fuerza y son abastecidos con alimento seco, que también viene de mala calidad, pero se ha puesto el esfuerzo de que las comunidades campesinas indígenas puedan proveer de alimentos más frescos a esos comedores o a los mercados locales.
¿Cuál crees que es el rol de lxs trabajadorxs campesinxs en la recuperación pospandemia?
— Creo que la cuestión de la tenencia de la tierra es central para la pospandemia. Hacer un ordenamiento territorial en algunas provincias, identificar las tierras que están en manos del Estado y hacer algún tipo de convenio que permita colectivizar esas tierras para la producción de alimentos. Se están dando algunas experiencias en Maipú, en Mercedes, que sirven de ejemplo. Hay muchas familias que han tenido una formación para poder generar esa producción de leche, huerta, huevos, ganado. Así tendría que ser la vuelta pospandemia: fortaleciendo la producción integral y diversificada en las zonas rurales de todas las regiones de nuestro país. Y las mujeres tienen que ser reconocidas como el sujeto protagonista en todo esto; históricamente hemos sido invisibilizadas aunque tenemos una enorme participación en la producción de alimentos. También la juventud, por supuesto —que es otro sujeto importante para esa etapa— tiene que estar contemplada e incluida en las políticas de recuperación. Y se tienen que dar pasos hacia adelante en fortalecer las propuestas de conectividad y de electricidad para las zonas rurales. Cuestiones estructurales que hay que mirar y tener en cuenta.
También en este momento hay gran preocupación por la inflación y particularmente por el precio de los alimentos. ¿Qué propuestas hay desde la agricultura familiar y las organizaciones en ese sentido?
— Convertir a la agricultura en un comercio, en un negocio para unos pocos, es lo que ha perjudicado la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Ahora debemos tocar los intereses que favorecen a las grandes compañías que se han dedicado a la exportación. Hay predisposición en esta etapa del gobierno en Argentina para que eso pueda ser realmente una apuesta que se vaya tomando desde el Estado. De hecho, ahora que estamos en la presidencia pre-tempore de la REAF (Reunión Especializada de Agricultura Familiar) del Mercosur, uno de los temas que tomamos es la problemática de la tierra, la agroecología y las semillas, dando un debate para que no se criminalice a los productores campesinos indígenas por utilizar su propia semilla. Si vamos a reorganizar el país pospandemia, es importante el fortalecimiento de las economías regionales, pero ese fortalecimiento tiene que darse en los territorios donde hay productores y productoras de alimentos porque a veces hablan de las economías regionales, pero con la lógica de achicar las distancias para poder transportar los granos de soja para los puertos para que se lo lleven para China. No, nosotros estamos por la economía regional de alimentos variados, sanos y que puedan estar en la mano de los productores y las productoras. Desde la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena nosotras estamos proponiendo tanto un trabajo de formación y de promoción como de fortalecimiento. Queremos fortalecer el programa SemillAR, de capacitaciones virtuales para que en todo el país podamos tener las variedades de semillas nativas y criollas, tanto para la siembra de la huerta como para lo ornamental, en las comunidades o en las municipalidades. Esa experiencia la traemos desde la organización. Hay frutos del monte que son parte de las familias. En esta zona del semiárido, por ejemplo, la algarroba, la tuna, el mistol, hacen parte de la dieta de las familias y del alimento para los animales que se crían, eso también tiene que estar incluido. Todo es parte del reconocimiento que hace falta, porque a veces se hacen programas y se pagan sementales que son importados y no se adaptan acá. En los discursos todo es muy fácil y en los hechos es un trabajo grande incluir realmente la diversidad o la interculturalidad. Hay que respetar los saberes populares y ancestrales que existen en los territorios y que no están en los libros ni en las universidades. Ojalá que este programa nos dé la oportunidad de difundir y de intercambiar, como está contemplado el tema del acceso a las semillas en la ley de Agricultura Familiar campesina indígena, algo importante para la soberanía alimentaria, para un país sin hambre.
