El accionar de los grupos ultra conservadores y antiderechos en América Latina y el Caribe viene de décadas atrás, en articulación con el poder político y económico. Sin embargo, en los últimos años su contraofensiva pública y política se ha cohesionado contra la igualdad de género, los avances de derechos de las mujeres, de las personas LGBTIQ, los derechos sexuales y reproductivos, en especial el derecho al aborto y a la educación integral en la sexualidad.
La articulación y la acción de estos grupos en varios países de la región es analizado en la serie de investigaciones “Políticas Antigénero en América Latina” publicada por el Observatorio de Sexualidad y Política (SPW). La investigación incluye nueve estudios de caso nacionales sobre, lo que denominan, “ofensivas antigénero” en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, México y Costa Rica. Además, dos análisis del accionar en instancias regionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el origen del conservadurismo religioso que, desde 1990, impulsa campañas en el mundo contra lo que el Vaticano denominó: “ideología de género”.
Este especial periodístico trabajado entre los medios digitales Wambra de Ecuador, Mutante de Colombia, Alharaca de El Salvador, LatFem de Argentina, recoge cuatro artículos periodísticos y una activación digital sobre el accionar de los grupos ultra conservadores en Ecuador, Costa Rica, Colombia y Chile, con una mirada cronológica de influencia en las políticas públicas los últimos años, hasta las recientes acciones contra las medidas de aislamiento y protección durante la pandemia por la Covid-19 y contra el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en la emergencia sanitaria.
En Colombia, la última tensión entre el activismo feminista y los grupos ultra conservadores se dio por la telemedicina, como una solución para mujeres que se encuentran en cuarentena para acceder a un aborto legal durante la pandemia. En Chile, líderes religiosos de iglesias evangélicas se opusieron a las medidas de aislamiento social dirigidas a contener la propagación de casos y evitar más muertes por COVID-19, cuestionando las medidas epidemiológicas en nombre de la libertad religiosa. En Ecuador, a través de una cronología de los últimos años, se muestra cómo los grupos ultra conservadores religiosos, en alianza con políticos de derecha, accionaron contra legislación y políticas públicas referentes a la prevención de violencia de género, el matrimonio igualitario, el aumento de la causal violación para un aborto legal, el derecho a la identidad de género de personas trans, entre otras. En Costa Rica, una mirada a largo plazo evidencia cómo líderes evangélicos conservadores, desde mediados de 1980, se posicionaron en la esfera política parlamentaria y fueron tomando presencia mediática para influir en la toma de decisiones políticas y llegar al gobierno. En 2018, la candidatura presidencial del líder evangélico Fabricio Alvarado, impulsada por su discurso contra el matrimonio de personas del mismo sexo y contra organismos internacionales de derechos humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), demostró que la estrategia de estos grupos no había sido en vano.
El caso de Costa Rica no es aislado en la región. En Brasil, la llegada al poder del exmilitar y político evangélico Jair Bolsonaro marcó una tendencia de formación de partidos políticos inspirados en doctrinas religiosas que, en nombre de la moral y las creencias, intentan menoscabar el marco nacional e internacional de derechos humanos. Luego le siguió Bolivia, con la llegada al poder –vía golpe de Estado– de la política evangélica de derecha Jeanine Áñez.
Los grupos ultra conservadores religiosos también han intervenido en organismos internacionales como, la Organización de Estados Americanos (OEA). Desde 2014, se registran reuniones de grupos autodenominados “provida y familia” en el marco de sus asambleas generales, para impedir la aprobación de acuerdos y convenciones que amplíen derechos de las mujeres y población LGBTI, además de cuestionar las acciones de la Corte, e impedir que estas decisiones sean adoptadas por los Estados miembros.
La presencia de grupos conservadores, seculares y religiosos en la vida política de los países de América Latina y el Caribe, para la investigadora brasileña Sonia Corrêa, coordinadora del Observatorio de Sexualidad y Política, no solo constituyen “ofensivas antigénero” sino que, además, son acciones que van junto con cambios autoritarios en los gobiernos y un debilitamiento de las instituciones democráticas, por lo que ella denomina esta intervención como un proceso de “des-democratización” en la región, que es “una erosión gradual del tejido democrático de la política que potencialmente transforma la arquitectura institucional de regímenes democráticos en simulacros”.
Las ofensivas antigénero y la ola ultra conservadora, no solo se limitan a un país en particular, sino que están conectadas, articuladas y sus movimientos, muchas veces, son combinadas. Así, por ejemplo, la marcha Con Mis Hijos No Te Metas que nació en Perú, fue inspirada en Estados Unidos y hoy se ha multiplicado por gran parte de países de América Latina y el Caribe.
De esta forma, este especial periodístico da una mirada transnacional para comprender las nuevas corrientes del activismo conservador y el populismo autoritario en el contexto regional. Es fundamental seguir de cerca estas dinámicas de “des-democratización”, en particular, en este presente en el que los derechos humanos, la igualdad y la libertad en las esferas de género y de la sexualidad se encuentran más en disputa que nunca.