En Casasco, un barrio del Moreno al oeste del conurbano bonaerense, un grupo de mujeres se juntó el jueves por la mañana para probar la app que anunció la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal un día antes. De las que estaban, la mayoría no pudo bajar la aplicación. En las barriadas falta acceso a wifi, a internet, a 4G, a buenos teléfonos móviles como para poder descargar aplicaciones, a celulares nuevos que tengan memoria para no tener que borrar una foto para escuchar el audio de una amiga.
“Hay compañeras de zonas semirurales o que viven en pueblitos de la provincia con teléfonos que no sirven ni para llamar al 911. Además de que hay que tener una alfabetización tecnológica, saber llenar las preguntas, es como chocar contra la pared”, dijo a LATFEM Carina Leguizamón, feminista antirrepresiva y trabajadora del área de Derechos Humanos del municipio de Moreno.
Ella y el grupo de mujeres que probaron la app activan siempre juntas en el barrio, si hay un machito violento, lo tienen a raya; si hay un abuso, acompañan a las pibas a hacer la denuncia. Se cuidan entre todas porque a las barriadas el Estado llega en forma de la violencia institucional, no como garante de derechos. Es un poder popular feminista de base. “En el conurbardo sobrevivimos gracias a que hacemos comunidad, gracias a las grupas de mujeres, a las vecinas, a las doñas. Entre nosotras nos salvamos la vida por la decadencia de las políticas de género”, dice Carina.
El celu no contiene
Vidal presentó la app y dijo que el plan contra la violencia machista en la provincia “tiene como objetivo fundamental hacer que aquellas mujeres que son víctimas de violencia de género no se sientan solas, sientan que el Estado las está acompañando y protegiendo”. Sin embargo, nunca estás más sola y menos contenida que frente a la luz del celular, ni te sentís más vulnerable que haciendo una denuncia por violencia machista.
Ocurre lo opuesto a lo que dijo la gobernadora: este abordaje promueve un proceso de individuación, en donde la instancia de la denuncia no tiene ni el acompañamiento de un equipo interdisciplinario, ni un espacio colectivo que le permita a la denunciante elaborar un relato sobre la situación de violencia que vivió. No es menor estar acompañada, no se trata de que te den una palmadita en el hombro, un pañuelito descartable y te traigan un vaso de agua, sino de un acompañamiento profesional que te permita estar tranquila, en confianza, poner en orden lo que pasó y que lo que sale de la víctima tenga un reconocimiento judicial. La app sintetiza y ni siquiera abraza.
Teoría divorciada de las prácticas
Bajo la app, veamos qué hay que completar. Si no ponés el nombre, no podés seguir: la denuncia no puede ser anónima. Tenés que poner si tu identidad es femenina o masculina, no hay un campo para otra o trans ¿si sos trans no podés denunciar o el Estado te pide que invisibilices tu identidad de género para hacerlo?
El anuncio se hizo junto al secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón, la subsecretaria de Género y Diversidad, Agustina Ayllón y el intendente de La Plata, Julio Garro. Estuvo ausente el ministro de Seguridad Cristian Ritondo para escuchar cuando la gobernadora dijo que la app: “les va a evitar ir a una comisaría donde yo sé que muchas veces han tratado de que sus denuncias sean desestimadas o las denuncias nunca llegaron. Bueno, que ya no tienen que pasar por las comisarías, pueden ser escuchadas de otra manera solamente utilizando su celular”. Es decir que, en lugar de que Seguridad tenga una política clara e intransigente en las comisarías en términos de atención de víctimas de violencia machista, el gobierno provincial asume que no va a modificar las prácticas machistas de las fuerzas de seguridad cuando no toman denuncias. Como dato suplementario, el Ministerio de Seguridad tiene alrededor de 2.200 agentes con sumarios administrativos en trámite por ese tipo de violencia.
La app como solución mágica y cuota en los medios para la campaña permanente siempre es una tentación. Si desde el movimiento de mujeres se viene alertando desde hace años que las comisarías no tienen la cantidad necesaria de equipos profesionales, la noticia es que parece evidente que la inyección de recursos no va a ir a garantizar la atención continua de las denunciantes. El problema en algunas comisarías es que con escasos móviles policiales para las comisarías de la mujer, las víctimas tienen que ir desde allí por sus propios medios a los centros de salud o a la sede judicial. Ahora con la app, en cambio, deberían trasladarse siempre por cuenta propia.
En la app se puede denunciar lesión, abusos o intento de femicidio. Pero la adecuación de los hechos que se describen a una tipificación delictiva no la hace una instancia judicial sino que la tiene que hacer la propia víctima o la persona que denuncia, que no necesariamente es quien sufrió la agresión. Supongamos que el agresor les dijo que le iban a partir la cabeza, ¿es intento de femicidio o amenaza?
La interpretación que puede hacer una mujer de qué es un abuso sexual no es la misma que puede hacer el poder judicial. ¿Cuál es la delimitación entre lesiones e intentos de femicidio? La víctima es quien tiene que conocer qué alcance tienen esos tipos de delitos para usar la aplicación.
¿Qué pasa con los delitos de abusos? ¿Cuándo interviene un médico legista para constatar las lesiones? “Nos preocupa el momento de la ratificación -dice Sabrina Cartabia, de Red de Mujeres- porque esto puede generar que se pierdan pruebas sustanciales. Por ejemplo, en un abuso sexual hay determinadas pericias y medidas probatorias que se deben hacer de inmediato, lo mismo para otros hechos de violencia”. Carina Leguizamón opina en el mismo sentido: “Cuando te abusan, ¿dónde hacés que se cumpla el protocolo? ¿Cómo hacés para que te hagan el isopado? ¿A quién le contás lo que pasó?”.
Persiste el sistema de la doble denuncia
En la provincia de Buenos Aires, las mujeres tienen que denunciar y luego ratificar la denuncia. Este sistema de doble denuncia está apoyado en la falta de confianza de la justicia hacia la palabra de las mujeres y contribuye a la impunidad del agresor. El aporte de pruebas y testigos depende de las víctimas. Si no lo hacen, las causas quedan paralizadas y terminan archivadas. Este modelo de gestión estatal de la violencia machista suma desprotección y no garantiza cuidados.
Para la docente e investigadora Laurana Malacalza, a cargo de la coordinación del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonarense, la aplicación no soluciona el grave problema en el acceso a la justicia de las personas víctimas de violencia de género y familiar. Consultada por LATFEM dijo que “la multiplicidad de trámites judiciales que deben impulsar a partir de una denuncia en la provincia. La comunicación de hechos que se realiza a través de la app solo se hace efectiva como denuncia con la ratificación en sede judicial. Por ende, no evita que la mujer concurra a la fiscalía a realizar esta gestión, ampliar los hechos, gestionar la prueba”. Al mismo tiempo, la aplicación, continuó Malacalza “no establece el envío al fuero de familia a fin de solicitar medidas de protección, como sí lo realiza la comisaría -con las distintas dificultades que conocemos- cuando toman la denuncia. Por ende, quien utilice la aplicación deberá saber que tienen que poner en conocimiento de la situación de violencia al fuero de familia, para que se inicie una causa donde pedir medidas de protección”.
A Sabrina Cartabia también le preocupa que haya problemas procesales: “Muchas veces las mujeres no quieren hacer denuncias penales, sino que necesitan medidas de protección que se dan en el fuero civil y de familia, ya que no todos los hechos de violencia de género constituyen delitos de tipo penal. Por lo tanto nos parece que debería haber una campaña de concientización para que las mujeres sepan que si necesitan esas medidas, igualmente van a tener que ir a la justicia civil para pedirlas”.
El problema de fondo, que tiene que ver con el abordaje integral de la violencia y sintetizar la duplicidad de trámites judiciales en la provincia no está solucionado con esta app. La gobernadora lo subrayó durante el anuncio: “como son delitos que luego requieren ser ratificados, esa denuncia tiene un plazo de cinco días para ser ratificada en la sede judicial, de la misma manera que si se hubiera hecho en una comisaría, pero sin la necesidad de pasar por una comisaría”.
Para Red de Mujeres no es una buena noticia que se desplacen las comisarías de la mujer, ya que “muchas tienen equipos especializados que se dedican a la contención de las víctimas, para dejarlas solas ante una aplicación. No todas tienen la accesibilidad necesaria a esas tecnologías y nos preocupa porque va a alejar a las mujeres del acceso a justicia que ya tienen muy restringido”.
Una gran deficiencia que hay en la definición de las políticas públicas es el acompañamiento y un abordaje integral de la violencia machista. La denuncia es una parte de ese abordaje, pero no es la fundamental. Por eso para Malacalza “esto vuelve a reforzar una definición de la política pública que se concentra en la denuncia como el mecanismo que activa los dispositivos centralmente judiciales del Estado. Y es un problema porque la denuncia tiene que ser parte de un abordaje y una estrategia global, que incluya instancias como el acceso a un espacio colectivo, un abordaje terapéutico o psicológico, lograr la autonomía material de la víctima, resolver el cuidado de los hijos, la propiedad de la casa”.
Mientras tanto, para urgencias, sigue estando el 911, y el 144 para asesoramiento. Para medidas de protección, el Juzgado de Paz/Familia o la comisaría. Para políticas integrales, todavía falta más que tecnología.