El último cumpleaños que festejó Paola Guzmán Albarracín fue el 10 de diciembre de 2002. Cumplía 16 y su familia organizó una fiesta para ella en su casa de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Cuando llegó y se encontró con la sorpresa se fue en llanto, pero no de alegría. “Ya no era la misma de siempre, la alegre”, recuerda su mamá, Petita Albarracín. Ese día Paola tenía su mirada perdida. No sonreía. Abrazó a su abuela, con quien vivía; a su hermana de seis años; a su madre y toda su familia, como si se tratara de una despedida. Dos días después de este último cumpleaños, tomó 11 pastillas de diablillos (fósforo blanco) y en menos de 24 horas murió. Hacía dos años que la joven sufría abusos sexuales por parte del vicerrector de la escuela pública a la que iba, un hombre 50 años más grande que ella. Había quedado embarazada producto de esas violaciones y no había podido interrumpir ese embarazo porque el médico del colegio también la había extorsionado: le daría una inyección abortiva sólo si tenía sexo con él. Paola no quería vivir más y esa decisión tuvo un vínculo directo con el impacto de los abusos. 

La muerte de Paola continúa impune porque el Estado ecuatoriano no ha dado una respuesta sobre lo que pasó ni accedió a brindar medidas reparatorias para su familia y la memoria de Paola. Tras su muerte, la Dirección Provincial de Educación del Guayas emitió un informe concluyendo que ella se había enamorado del vicerrector. Algunos medios ecuatorianos llegaron a decir que se trataba de una historia de “un amor no correspondido”. Fue la insistencia de las organizaciones feministas y de su familia lo que permitió llegar a esta instancia que busca ponerle un dique a la impunidad pero también reescribir la historia de lo que pasó. La lucha por memoria y justicia feminista es una batalla contra el borramiento de las vidas y las muertes. Este martes 28 de enero la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictará sentencia sobre su historia, en las redes sociales y los medios de comunicación tendrán que hacerse eco de lo que dictamine. Los feminismos de la región se unirán bajo la consigna #JusticiaPorPaola. Se trata de una jornada histórica: es la primera vez que la Corte se pronuncia en un caso de abuso sexual en el ámbito escolar. 

“Más o menos 18 años, llevo luchando por el caso de mi hija, ya que en mi país no se ha logrado nada. Yo me siento un poco más satisfecha porque ya llegamos a la última instancia, lo único que he pedido siempre es justicia para mi Paola, ya que en mi país no lo hubo, porque yo no quiero que ninguna niña vuelva a pasar lo que pasó mi hija. Porque yo siempre repetiré que el Estado debía protegerla, pero no lo hizo”, dijo a LATFEM Petita Albarracín desde Costa Rica. 

 

Paola Guzmán Albarracín hoy tendría 33 años. Quería trabajar como secretaria en una empresa cuando terminara la escuela. Vivía con su abuela, que estaba enferma, su hermana pequeña y su mamá en una barriada de la ciudad de Guayaquil. Entró a estudiar en el Colegio Nacional Técnico de Comercio y Administración “Dr. Miguel Martínez Serrano” cuando tenía 12 años. La violencia sexual comenzó en 2001, cuando ella empezó a tener problemas con dos materias. Le pidió ayuda al vicerrector, Bolívar Eduardo Espín Zurita, y él puso como condición que saliera con él. Ella tenía 14 y él 64 años. En noviembre de 2002, Paola le mostró a dos compañeras un examen positivo de embarazo y les dijo que el responsable era el vicerrector. También les contó que él le había dado dinero para comprar una inyección que interrumpiría el embarazo y que lo haría, como favor, el médico de la escuela. Después de su muerte, sus amigas relataron que cuando Paola recurrió a el médico Raúl David Ortega Gálvez, él le puso un condicionamiento: le dijo que le aplicaría la inyección si accedía a sostener relaciones sexuales con él. 

El 12 de diciembre de ese año Paola ingirió el químico letal en su casa y se fue al colegio. En el camino, le contó a sus amigas lo que había hecho. También dejó cartas de despedida. Fueron sus compañeras quienes la llevaron a la enfermería del plantel escolar. La inspectora del colegio, en vez de asistirla, acompañarla al hospital con celeridad, la puso a rezar y a pedirle “perdón a Dios” por el intento de suicidio. Petita Albarracín supo lo que había pasado con su hija a través de las compañeras. La autoridades de la escuela no le avisaron. Media hora después ella llegó al colegio y llevó a la joven en taxi a dos centros de salud. Paola no sobrevivió. 

El suicidio es una de las primeras causas de muerte entre jóvenes de 10 a 19 en Ecuador, debido a “las depresiones causadas por violencia, embarazos precoces y relaciones amorosas”. La gravedad de este tipo de violencia radica en la protección especial que requiere la niñez. Una de las causas estructurales de la violencia en las instituciones educativas es el abuso de la relación de confianza que se establece en este ámbito por parte de directivas o profesorado. Las historias de violencia sexual se replican en el silencio de las instituciones cuando estos hechos  se encubren, se toleran o no existen mecanismos legales adecuados que den respuestas al problema. 

Paola es el nombre propio que le puso un rostro a este problema estructural: casi 1 de cada 10 niñas y adolescentes ecuatorianas reciben la misma extorsión, tener sexo con un profesor o autoridad del colegio para poder mejorar sus notas. Según UNICEF 3 de cada 10 estudiantes entre 13 y 15 años son acosadxs sexualmente en el ámbito escolar.

La familia de Paola intentó recurrir al sistema de justicia. Tanto su madre como su padre acudieron a todas las instancias posibles para cercar la impunidad. Denunciaron en el ámbito penal al vicerrector por acoso sexual, violación e instigación al suicidio, pero la investigación judicial preescribió cuando no pudieron detener al agresor para juzgarlo. Estuvo prófugo y hoy no se sabe donde está. La familia también avanzó en la vía civil y administrativa para que se sancionara al vicerrector y se resarciera el daño causado a su hija. La sentencia que estableció una indemnización no fue ejecutada y en 2013 se determinó archivar el proceso.

Los procesos judiciales tuvieron demoras injustificadas, negligencia, parcialidad, asunciones discriminatorias y una serie de prejuicios de género que apuntaban a señalar que Paola se enamoró del vicerrector, sin que hubiera certeza de que él hubiera motivado o correspondido dicho enamoramiento. Además, los informes cuestionaban los testimonios de las compañeras de Paola ni tuvieron en cuenta el estado de vulnerabilidad de la adolescente. 

Cuando Petita Albarracín dio aviso a quienes hicieron la autopsia que su hija podría estar embarazada, la obligaron a ver el cuerpo abierto de su hija para mostrarle que, supuestamente, su útero estaba vacío.

En 2004 Bolívar Espín fue destituido por “abandono injustificado del cargo”, invisibilizando los cargos de acoso y abuso sexual en su contra. Tras la muerte de Paola aparecieron otros relatos de estudiantes y de una profesora a quien el vicerrector intentó encerrar en su oficina.

El 2 de octubre de 2006 el Centro de Derechos Reproductivos y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM Guayaquil), presentaron la historia de Paola ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta petición, las organizaciones sostienen que Ecuador violó el derecho a la vida, la integridad personal, la seguridad personal, a una vida libre de violencia, el derecho a estar libre de discriminación, el derecho a la protección especial en su carácter de niña, el derecho a la educación, el derecho a las garantías judiciales y la protección judicial, consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos (la Convención) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará). La petición fue admitida y ahora es el turno de la Corte. 

“Llegamos a estas instancias internacionales cuando en nuestros países no ha habido la respuesta correcta ni adecuada. No hubo ninguna sentencia, el agresor recibió una sanción de destitución por abandono de cargo nada más. Y hubo un manejo irrespetuoso y plagado de estereotipos tanto en el ámbito judicial, como en el educativo y el periodístico”, dijo a LATFEM Lita Martinez Alvarado, directora ejecutiva de CEPAM. 

Las medidas que se esperan de la Corte tienen que ver con la reparación y la reconstrucción de la memoria de Paola. “Acudimos a esta instancia porque debe quedar un mensaje claro en nuestras mujeres, en nuestra sociedad: no hay lugar para la impunidad. La violencia sexual es un problema serio y merece una respuesta no solamente de la sanción sino de todo el Estado: una política pública sostenida”, explicó Martinez Alvarado. 

Las organizaciones que representan a la familia de Paola pidieron una serie de actos reparatorios: que la sentencia se publique en los medios de mayor tirada de Ecuador; que el Estado construya un monumento reinvidicando el nombre de Paola y todas las víctimas de abuso sexual en el ámbito educativo; que la sentencia sea material de estudio en las universidades de psicología, psiquiatría y Derecho. Como en la mayoría de los países de la región, el sistema de administración de justicia tiene respuestas patriarcales porque la formación no tiene perspectiva de género ni interseccional.

La búsqueda de justicia, cuando es empujada por los feminismos, más que culpables individuales pretenden reescribir la historia. La Corte Interamericana tiene la oportunidad histórica de dar una respuesta de justicia y memoria feminista para Paola Guzmán Albarracín.

De acuerdo a la Encuesta de Relaciones Familiares y Violencia de Género realizada en Ecuador en 2019 el 32,7% de las ecuatorianas ha sufrido violencia sexual al menos una vez en su vida. Y el 19,2% indicó que fueron víctimas de algún tipo de violencia cuando estaban en un contexto educativo. 7% de las mujeres en Ecuador ha sido víctima de violencia sexual en el ámbito educativo alguna vez en su vida. De ese 7%, 55,9% le contó a un conocidx y 96,6% no denunció. De acuerdo con datos de la Subsecretaría de innovación educativa de Quito entre 2014 y 2018 hubo 3.300 denuncias por violencia sexual de profesores a estudiantes, de las cuales 1.623 pasaron en el sistema educativo.