El 2 de marzo de 2016 un grupo de hombres armados irrumpió en plena noche en casa de la activista ambiental Berta Cáceres y la asesinó a tiros. Cáceres era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). Había liderado las manifestaciones en defensa del medio ambiente y en contra de la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que atentaba contra los recursos naturales. El asesinato llegó después de una cadena de hostigamientos contra ella y otrxs defensores de la tierra. A más de un año de su crimen, el Juzgado de Letras de lo Penal en Tegucigalpa, Honduras, declaró la apertura a juicio a cuatro de los ocho acusados por el asesinato y tentativa de asesinato en perjuicio de Cáceres y el ambientalista mexicano Gustavo Castro.
Los cuatro hombres que llegarán al debate oral y público son: Douglas Bustillo, Mariano Díaz, Sergio Rodríguez y Elvin Heriberto Rápalo. El abogado Rodil Vásquez, representante de la familia Cáceres, dijo que el juez no aceptó ampliar la imputación a asociación ilícita contra Douglas Bustillo, Mariano Díaz y Sergio Rodríguez, quienes están vinculados directamente con la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA).
El crimen de Cáceres no es un caso aislado: forma parte de una trama de violencias a las que están expuestxs lxs activistas en América Latina y el Caribe. En Honduras esta situación se profundizó tras el golpe de Estado de 2009. Según la investigación de Global Witness desde entonces a la fecha: 123 activistas de la tierra y el medio ambiente han sido asesinadas en Honduras. Muchas otras personas vinculadas a esta lucha han sido amenazadas, atacadas o encarceladas.
Foto: Mariana Leder Kremer Hernández
