El ex profesor de la UBA denunciado por abuso sexual fue llamado a indagatoria

El camino de la denuncia empezó hace casi dos años para las cuatro sobrevivientes de los abusos de Leonardo Bugliani, un ex docente de un centro cultural de la UBA que las captaba a través de un supuesto taller de teatro y terminaba abusando de ellas. La causa estaba estancada hasta que llegó a manos de Mónica Cuñarro, Fiscal interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 9, y la reactivó. Ahora pidió la indagatoria de Bugliani. La investigación en su contra por la que tendrá que declarar de manera indagatoria es por “abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal por cualquier vía y por haber sido encargado de la educación de las víctimas”. En la causa también interviene la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM).

Cuando las chicas comenzaron a hablar entre ellas, les empezaron a “caer las fichas”. Una de ellas le puso palabras para nombrarlo: violador. Fueron compartieron sus historias, los distintos abusos por los que habían pasado y se dieron cuenta que la única meta de Leonardo Bugliani, el hombre que habían conocido cuando entraron a un grupo de teatro y las duplicaba en edad, siempre había sido tener sexo con ellas sin su consentimiento. Las había manipulado  y sometido para conseguirlo.

Algunas de ellas todavía eran menores de edad cuando se acercaron a su taller en el Centro Cultural Sábato de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Allí funcionaba Ágora Teatral y era el lugar donde comenzaba la captación, para luego llevarlas a su casa, donde las jóvenes ubicaron los abusos sexuales. A mediados de 2017 un grupo de siete jóvenes iniciaron el camino de la denuncia y se abrió la investigación en su contra. A pesar de que allanaron su casa en busca pruebas, la causa judicial estuvo estancada por mucho tiempo por varios motivos. Ahora, dos años después, la fiscal Mónica Cuñarro el 29 de abril decidió llamarlo a indagatoria después de haber reunido una enorme cantidad de pruebas en su contra y la constatación de, al menos, cuatro hechos de “abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal por cualquier vía y por haber sido encargado de la educación de las víctimas”.

La propuesta de taller de teatro se parecía más bien a una secta. En los encuentros Bugliani obligaba a sus alumnos y alumnas a hacer un juramento con un ritual e inmediatamente después comenzaba una situación sexual en donde se sacaban la ropa y comenzaban los tocamientos, caricias y besos, llegando en casi todos al abuso sexual.

“A principios de abril de 2016, mientras hacían ejercicios para hiperventilarse, en el que Bugliani iba llevando al grupo a que se toquen, se besen entre todos y, en un momento dado el imputado aprovechó esa “situación”, y le tocó la vagina para luego practicarle sexo oral”, contó una de las sobrevivientes.

Las historias se repiten calcadas. Primero creaba un vínculo con ellxs, generaba un contexto de confianza y contención emocional, a tal punto que creían que Bugliani era todopoderoso. Entonces las persuadía para que accedieran a sus prácticas sexuales. “Bugliani instituyó un culto respecto a la libertad sexual y de enfrentar los miedos rompiendo con los límites de la sexualidad para lograr la salvación”, dice el escrito judicial en el que lo convocan a indagatoria. Tal es así que en ese contexto los padres eran un “demonio” en la lógica grupal. Según Bugliani eran “los agentes de la matrix”, de la cual las víctimas tenían que escapar.

El taller era la puerta de entrada a los abusos. Mientras en el Centro Sábato hacían las actividades más relacionadas a lo teatral y la danza; en su departamento de la calle Alsina se daban situaciones sexuales, íntimas y meditativas.

“Quererse ir del espacio, es decir del taller que se hacía en su casa, tenía toda una connotación negativa, en el sentido de que implicaba simbólicamente abandonar el propio camino de crecimiento, individual y grupal, es decir, eran como pequeñas facturas de deuda para con el espacio. Esto generaba temor, incluso no eran bien vistas integrantes que estaban de novia con algún chico que no pertenecía al grupo”, describe la fiscal en el escrito judicial de 70 páginas al que tuvo acceso LATFEM.

El dictamen es categórico sobre el consentimiento. Aunque no hubo violencia física, las jóvenes no pudieron decidir ni discernir con libertad y autoderminación.

El dictamen es categórico sobre el consentimiento. Aunque no hubo violencia física, las jóvenes no pudieron decidir ni discernir con libertad y autoderminación. Su consentimiento estaba viciado. “Las víctimas no pudieron consentir libremente las acciones de él en virtud de que tenían viciada la capacidad de decisión. Él se aprovechó de la inmadurez y vulnerabilidad de las adolescentes, así como de la situación de poder en la que estaba, para generar un vínculo de confianza y colocarse en un lugar de ser superior –ídolo- que les estaba acercando una cosmovisión que les permitiría ser libres. Tras lograr la dependencia emocional e intelectual de las damnificadas, fue captando sus voluntades, persuadiéndolas y manipulándolas para que accedan a realizar los ejercicios que decía eran teatrales sin cuestionarlo y disimulando sus objetivos libidinosos”, dice en uno de los tramos el escrito judicial.

La fiscal Mónica Cuñarro también remarca sobre el tipo de vínculo que tenían ambas partes: él era su docente, ellas eran jóvenes estudiantes. La situación desigual y de poder era clara. Bugliani como “líder, mentor y guía del grupo/s aprovechó para manipular y captar su voluntad hasta llegar a bloquearlas para poder abusar de ellas”.

A mediados de 2017 un grupo de jóvenes abusadas se acercó al Centro de Atención de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Compartieron lo que habían vivido a una abogada y una psicóloga del equipo de género. De ese espacio, cuando ya estaban decididas a hacerlo público, fueron a la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM). Allí tomaron testimonio a siete de ellas y estructuraron una investigación preliminar. En ese momento se tomaron las medidas más urgentes. Las chicas fueron acompañadas por la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC) de la Procuración General de la Nación.

La causa recayó, en un principio, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36, a cargo de Alejandro Héctor Ferro, que dispuso como medida la prohibición de acercamiento. En tanto que la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N° 9 en ese entonces estaba a cargo de Martín Niklison. El fiscal se jubiló y esto, entre otros factores, demoró el avance de la investigación. Ahora quien continúe al frente de la causa tiene la oportunidad de sentar un precedente a favor de la justicia.