El programa que redujo el embarazo adolescente en la Argentina en casi un 60% hoy corre peligro

El Plan Enia logró reducir el embarazo adolescente a la mitad en algunas de las provincias más afectadas, como Chaco, Formosa y Santiago del Estero; hoy no sabemos cómo seguirán las políticas que protegen los derechos reproductivos y sexuales. El gobierno de Javier Milei y La Libertad Avanza, junto a sus aliados provinciales y nacionales, no anunció aún la continuidad de programas fundamentales para garantizar derechos y políticas de género. Por el contrario, el discurso explícito de oposición a la perspectiva de género y la falta de definiciones políticas ponen a los derechos de diversidades, mujeres, niñas y adolescentes en una zona de riesgo.

La violencia que percibe Ana Morillo en las calles de Córdoba es cada vez mayor. Ella es trabajadora social y coordinadora del área de Salud del colectivo feminista Católicas por el Derecho a Decidir y a través de una llamada por Zoom cuenta a LatFem que los hospitales están colapsados, con adolescentes que en muchos casos llegan sin dinero para comprar medicamentos y otros productos de farmacia.

Algo similar pasa en Tucumán, donde representantes de organizaciones feministas advierten que mujeres que necesitan acceder a un aborto deben demorarlo porque no pueden pagar el boleto del colectivo; o porque la falta de estructura de sostén les impide llegar ese día al turno.

Estas son solo algunas escenas de la película completa. Según el último reporte publicado por la Universidad Católica Argentina (UCA), en enero de 2024, la pobreza alcanzó un 57,4%, el récord de los últimos 20 años. Y en una sociedad en la que el dinero alcanza para cada vez menos, un país donde la emergencia alimentaria es uno de los problemas más graves, asusta que los derechos reproductivos y sexuales de mujeres, niñas y adolescentes pasen a un segundo plano.

Pero existen grupos de mujeres de distintos organismos e instituciones que están preparadas para hacer lo imposible para que esto no suceda, particularmente en dos problemáticas que las –y se– unen: la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia; y el acceso a un aborto seguro.

“Estamos en un estado de incertidumbre total, sumada a que percibimos que el riesgo es inminente porque, en general, La Libertad Avanza no ha mostrado ningún tipo de interés en priorizar a niñas, adolescentes y mujeres”, explica Ana.

La activista tiene razón. En los primeros meses del gobierno del presidente Javier Milei, se oficializó la suspensión del Plan Potenciar Trabajo, con un 65% de beneficiarias mujeres; el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la prohibición de la perspectiva de género en la administración pública; y la feminización de la pobreza es una realidad, con un 67% de las mujeres que maternan empleadas, pero tres de cada cuatro no registradas. Además, el panorama respecto de la continuidad de programas vinculados con los derechos sexuales y reproductivos es incierto. Pero Ana remata: “No podemos dejar que se releguen nuestros derechos”.

Desde 2005 en adelante los embarazos no intencionales en las adolescentes bajaron en casi un 60%

La prevención del embarazo no deseado en la adolescencia es un factor clave, no solo en términos de derechos sociales, sino también económicos. Aunque desde 2005 en adelante los embarazos no intencionales en las adolescentes bajaron en casi un 60%, los efectos de la brecha económica existente entre quienes maternaron en la adolescencia y quienes tuvieron hijos/as más de grandes son visibles.

Solo el 38% de las mujeres que fueron madres en la adolescencia terminaron la secundaria, según datos de 2019; como consecuencia, la maternidad adolescente afecta la inserción en el mercado laboral y el acceso a trabajos de calidad, generando una mayor brecha salarial respecto de sus pares varones y contribuyendo a la reproducción de ciclos intergeneracionales de pobreza.

Un abordaje colectivo para prevenir el embarazo no deseado

Hacer que las niñas y adolescentes tengan más oportunidades depende, en gran parte, de sostener políticas para prevenir el embarazo no intencional. Entre ellas, está el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Enia), que cuenta con la participación de escuelas, servicios de salud y la comunidad.

Hasta hace cinco años, la problemática del embarazo en la niñez y en la adolescencia, particularmente en el Norte del país, parecía ser un tabú sin respuesta. Solo en 2017, más de 90.000 adolescentes y 2.500 niñas menores de 15 años tuvieron un hijo/a en la Argentina, según datos de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud. Entre las provincias más afectadas se encontraban Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Corrientes.

La tasa específica de fecundidad adolescente (TEFA) da cuenta de que en la mayoría de los casos, los embarazos en la adolescencia son no intencionales (siete de cada diez). Y aunque las causas son muchas, hay una que prevalece por sobre el resto: la falta de información y acceso a métodos anticonceptivos, particularmente los de larga duración.

En la niñez, la principal causa de embarazo es el abuso sexual; y según las especialistas, el acceso a una Educación Sexual Integral de calidad puede ser una gran herramienta, no solo para la prevención, sino también para generar espacios seguros: según un informe publicado en 2019 por el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el 70% y el 80% de los niños entre 12 y 14 años pudieron comprender que fueron abusados luego de sus clases de ESI.

“En niños y niñas pequeñas, estos espacios suelen ser los primeros en los que tienen la posibilidad de darse cuenta que eso que pasa en la casa –muchos de los abusadores suelen ser familiares directos– es una situación de abuso”, señala Valeria Isla, que estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (2020-2023), ente que gestionó el Plan Enia durante el mandato de Alberto Fernández.

Además de la prevención del abuso y la contención, entre las adolescentes que han participado en actividades de ESI existe un 20% más de adhesión a métodos anticonceptivos. “Más allá de entender a la ESI como un derecho, esta es la principal evidencia que nos llevó a diseñar el Plan Enia: básicamente, entender que la cobertura de anticonceptivos sin ESI no es suficiente”, explica Silvina Ramos, investigadora de CEDES y coordinadora del diseño del Plan Enia.

Es que, el embarazo adolescente –como toda problemática social– es una que debe abordarse de forma multidisciplinaria y multisectorial; por eso, a comienzos de 2017 se comenzó a pensar un abordaje desde el Estado con el apoyo de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

Los orígenes del Plan Enia se remontan a una serie de condiciones que contribuyeron a su implementación a mediados de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. En enero de 2017, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (que pertenecía al Ministerio de Desarrollo Social) se reunió con representantes de CIPPEC y CEDES para elaborar una estrategia de abordaje integral. También participaron los ministerios de Salud y Educación y agencias de organismos internacionales, como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Programa de Desarrollo (PNUD) y UNICEF.

“A partir de estas reuniones, logramos armar un equipo técnico que trabajaría en la investigación, el diseño y la implementación del plan”, describe Silvina. “Ese fue un aspecto fundamental del programa: un equipo técnico que siempre dialogó con las autoridades políticas, no solo de uno, si no de dos gobiernos”, agrega.

Con estrategias de concientización y ESI, la facilitación del acceso a derechos y recursos, y un sistema de monitoreo propio, en junio de 2018, el Plan Enia empezó a implementarse de forma incipiente en 12 jurisdicciones con situación crítica: Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Catamarca, La Rioja, Santiago de Estero, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires.

Cada uno de los objetivos del plan cuenta con especificidades que los hacen fácilmente medibles; y, según los resultados más recientes, el programa está cumpliendo con sus objetivos hasta la actualidad, generando un impacto concreto.

Según el análisis de las últimas cifras (2022), en Formosa –una de las provincias con más embarazos de niñas entre 10 y 14 años hasta 2017, junto con Chaco– el número de partos bajó en un 30%; en Chaco y Santiago del Estero desciende a más del 40%. En Corrientes, el número de partos bajó a casi la mitad en adolescentes y alrededor de un 60% en niñas.

Además, se pueden ver diferencias sustanciales entre los departamentos de una misma provincia (entre dos y seis por jurisdicción) en los que se aplicó el plan. “En Santiago del Estero se puede ver que la disminución de la tasa de fecundidad adolescente fue muy pronunciada en los departamentos Enia en comparación con los que no lo tienen”, comparte la coordinadora de Salud de Católicas, una de las organizaciones fundadoras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Para Silvina, esta podría decirse que es la mayor limitación del plan: su escala, ya que se inició en 12 de 24 provincias y dentro de cada una solo en algunos departamentos. “No es de cobertura universal, pero no le tuvimos miedo a la priorización porque creo que, en aras de la equidad, hay que ocuparse primero de las poblaciones en mayor desventaja”, explica.

Otro aspecto que hizo que el plan sea exitoso fue que, en general, las políticas públicas se arman de la noche a la mañana, “siempre con apuros”, define Silvina. Pero en el caso del Enia, se le dio al equipo técnico entre seis y ocho meses para investigar y revisar experiencias similares y exitosas en otros países de la región, como la de Uruguay.

Una tercera clave a destacar es la identificación de que el sistema de salud por sí mismo, solo con los dispositivos que tiene, no llega a los adolescentes sanos para promover la salud. Ahí es donde entran en juego las escuelas y la comunidad. “Este programa cuenta con equipos propios instalados en los territorios, que van a donde las y los adolescentes están; sea en las escuelas como en los centros comunitarios de los barrios”, señala la ex titular de la DNSSR.

Desde la legalización, la tasa de mortalidad materna por abortos bajó casi en un 50% solo en un año.

En cuanto al acceso a abortos seguros –tanto en el marco del Enia como en mujeres adultas– la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo también hizo su parte. Según el analisis de datos publicados por el Ministerio de Salud, desde la legalización, la tasa de mortalidad materna por abortos bajó casi en un 50% solo en un año.

Además, según un informe de Católicas, en Formosa, por ejemplo, antes de la Ley, solo dos hospitales garantizaban interrupciones legales. Hoy, después de tres años, ya son 44 servicios los que acompañan y brindan información; y en Chaco, son un 50% mas los que proveen de abortos.

Los riesgos han aumentado y la situación ha empeorado durante los últimos meses con la aparición de redes anti derechos en hospitales de provincias del Norte y casos de niñas y adolescentes criminalizadas por abortar, específicamente en La Pampa y Tucumán.

“La narrativa abiertamente antagónica con el derecho a decidir del gobierno nacional legitima la objeción de conciencia, el desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, y el mandato de la maternidad”, asegura Soledad Deza, abogada feminista y fundadora de la organización Mujeres x Mujeres. “Y esto es solo desde la construcción de sentido; en términos prácticos, se puede ver en el desfinanciamiento de programas sociales y la provisión de insumos”, agrega.

Un plan con impacto local y global

Durante su implementación, varios países de la región han consultado tanto a los equipos técnicos, como a los organismos de la ONU, sobre la posibilidad de articular programas similares al Enia en otros territorios.

Entre ellos, se encuentran México, Panamá y Perú, aunque la principal diferencia con el Enia es que estos no cuentan con un presupuesto propio. Es que el financiamiento del programa en la Argentina salió casi en su totalidad del presupuesto nacional, sin contar aportes excepcionales realizados por UNICEF que incluyen asesorías y otras actividades puntuales. “En sus inicios, la amplia mayoría del presupuesto se gestionaba a través del PNUD con la intención de darle más agilidad al programa. Es decir, el Estado transfería los fondos y el organismo de las Naciones Unidas lo gestionaba, generando una mayor flexibilidad en la gestión en términos, por ejemplo, de los recursos humanos”, explica Silvina.

Y ahora, ¿qué pasará con el Plan Enia?

Hoy es momento de luchar por su continuidad: en agosto de 2023, se decidió que el plan se ampliara al resto de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, con el cambio de gobierno y la asunción de Milei, este convenio quedó en pausa. “Aunque desde el Consejo Federal de Salud se definió que hay que implementar el plan en todas las provincias, hoy los recursos todavía no están. Se sabe poco, como sucede con otras políticas”, afirma Silvina.

Lo que sí se sabe: los contratos del personal se renovaron hasta el mes de marzo inclusive; y en cuanto a los insumos, se dejaron para abastecer hasta abril, pero el plan de compras 2024 necesita de voluntad política para empujarse. Y el gobierno no lo está haciendo.

“La situación es difícil y te diría que es debido a dos puntos críticos: el tema de insumos por un lado; y que el alma del Enia son sus recursos humanos y equipos consolidados de hace tantos años”, destaca Valeria, que explica que el proceso de selección del personal del programa toma al menos cuatro meses, ya que consta de una selección por terna en el que participaban el Estado y los organismos internacionales. “Formar esa masa humana crítica en territorios que son hostiles con las perspectivas de derechos humanos lo hace aún más complicado”, agrega.

A pesar de las dificultades, Silvina encuentra lo que parecería ser una luz al final del túnel: el impacto económico de la prevención del embarazo en la adolescencia. “El encuadre político y ideológico de la actual gestión me lleva decir que difícilmente empuje una política de este tipo. Ahora, al mismo tiempo, te diría que el Enia ha conseguido reducir la fecundidad adolescente en la Argentina, generando un impacto concreto en el gasto público”, asegura la especialista, citando el estudio Milena, realizado en conjunto con la UNFPA.

Según los análisis presentados en este informe, el Estado argentino destina alrededor de 200 millones de dólares, una importante porción del gasto del sistema público de salud, a la atención del embarazo y parto de madres adolescentes. Pero si se tomara la decisión de continuar con los esfuerzos del Enia, se podrían ahorrar hasta 140 millones de dólares (ocho veces lo invertido en el programa) por el solo hecho de prevenir estos embarazos.

Sin embargo, el embarazo adolescente es un fenómeno complejo; y Silvina asegura que atribuir la baja de la tasa de fecundidad adolescente en la Argentina a un solo factor, como podría ser el Enia, sería muy reduccionista. “Hubo una confluencia de factores; sin dudas, el Plan Enia, el resultado acumulado de la ESI que se implementó durante muchos años en la Argentina; y la disponibilidad del misoprostol,” explica la especialista.Luego de reflexionar unos segundos, Silvina agrega un último factor, pero no menos importante: “También influyó el cambio aspiracional que trajo la marea verde. Fue gracias a la combinación de un clima de época y las corrientes feministas que las adolescentes empezaron a darse cuenta que su destino no era ser madre necesariamente. Y una vez que las personas tienen aspiraciones distintas, buscarán los medios para cumplir sus nuevos objetivos”.