Junio fue el primer mes que cruzó a todos los sectores de la sociedad en términos electorales, aunque falta un largo camino por recorrer. Uno de los primeros pasos fue la presentación de los frentes electorales y sus respectivas plataformas. Nos centraremos en esta nota en el análisis de los capítulos dedicados al empleo, spoiler: la idea de una flexibilidad laboral que no es otra cosa que supresión de derechos aparece con crudeza tanto el programa de Juntos por el Cambio como de La Libertad Avanza.
La plataforma de Juntos menciona explícitamente la propuesta de una “reforma laboral” con nuevos marcos normativos laborales, tributarios y jurídicos y, dice, “se buscarán modernizar las negociaciones laborales”. Si bien el mundo del trabajo no es el mismo que cuando se sancionó la Ley de Contrato de Trabajo, modernizar las relaciones laborales en las cuales la parte empresaria tiene más poder que la parte trabajadora puede volverse una situación de gravedad para aquellas personas que se encuentran bajo algún tipo de Convenio Colectivo. Las conquistas sindicales (higiene y seguridad, temáticas de género, licencias y reducción de la jornada) jaquean.
Otros derechos establecidos en la Ley 20.744 de Contratos del Trabajo se ven amenazadas con la propuesta de creación de un Fondo de Cese Laboral, que si bien sería de adhesión voluntaria y para actividades de alta rotación (tal como sucede actualmente en el sector de la construcción), en los hechos es un puntapié para terminar con las indemnizaciones por despido. Este tema se viene debatiendo hace más de un año ya que a simple vista reduciría rápidamente los costos que enfrentan las empresas para despedir sin justa causa. En la plataforma de Juntos se menciona la importancia de brindar previsibilidad al sector empresario, pero olvidan que esos fondos implican un costo fijo adicional. Además es un seguro que cubre al trabajador/a solamente ante el cese pero no por accidentes de trabajo, precarización u otra clase de incumplimientos. En 2017 el gobierno de Mauricio Macri presentó un anteproyecto para la creación de este fondo pero que no llegó a reunir los consensos necesarios.
Algunas otras propuestas de Juntos son el freno a la “industria del juicio”, modificando el sistema de multas por infracciones laborales, y un combate contra la informalidad. Si bien esto último es una tarea urgente (actualmente la tasa de empleo no registrado se sitúa en un 35,5%), no queda del todo explícito en la plataforma cómo propone lograrlo esa alianza política. Solo menciona que promoverá la formación continua de los/as trabajadores/as. Resulta paradójico el hecho de querer bajar multas por infracciones y combatir la informalidad, pues una de las mayores infracciones que puede cometer una empresa es tener a los trabajadores no registrados y por ende desprotegidos. Las y los trabajadores no registrados muchas veces eligen la vía judicial para hacer valer sus reclamos, por lo que realmente resulta difícil pensar que se puedan lograr las tres propuestas a la vez.
Juntos también proponen la creación de un estatuto laboral para las micro y pequeñas empresas, “modernizar” las funciones del Ministerio de Trabajo lo cual (que si bien no se explicita representaría perder parte de su capacidad de fiscalización de la parte empleadora) y “cambiar” el Potenciar Trabajo con una “transición a la baja” y agrega que se requerirá una “contraprestación con terminalidad educativa”, cuando en la actualidad esas contraprestaciones ya existen. Esto último cabe en agenda pues las 1,3 millones de personas beneficiarias deben insertarse en el mercado laboral con plenos derechos.
Otro tema de plataforma que resulta hasta irónico es el Plan de Empleo Jóven que contemple la orientación formativa y laboral. Las políticas del gobierno de Juntos en la ciudad y Nación no han sido especialmente favorables a ese nicho: en capital las y los estudiantes de las escuelas secundarias acceden a pasantías gratuitas, sin representación gremial y aportes a la seguridad social. Además, cuando Juntos estuvo en el gobierno el desempleo de las personas entre 18 y 24 años pasó de 19,3% en 2015 al 26% en 2019. Para la formación de jóvenes son relevantes los Institutos Profesionales que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta cerró. Tampoco se menciona la importancia de la capacitación por medio de los sindicatos.
Las candentes propuestas de Juntos continúan. Desde un punto de vista gremial, mencionan la importancia de dinamizar las negociaciones colectivas “para que en el diálogo social puedan surgir los cambios del trabajo” pero no se refiere puntualmente al trabajo de plataformas, cómo regularlo para que los trabajadores puedan tener al menos una cobertura ante riesgos y algún esquema de negociación salarial. También es una propuesta vaga la mención a “incrementar la participación laboral de las mujeres y también de la representación sindical femenina.” Pero a lo largo de la plataforma, por ejemplo, ni se menciona el trabajo de cuidado, la duración de la jornada o las licencias por paternidad, adopción o cuidados de adultos mayores.
Las propuestas son menos creativas en la plataforma de La Libertad Avanza. Su primera sugerencia es reducir el gasto público y promover una rebaja de impuestos, aunque no queda claro de qué manera esto ayudará a resolver los problemas del país. En materia de empleo menciona directamente una “Reforma Laboral” para promover la creación de empleo privado: esto incluye algunas propuestas estándar como pasar a un “sistema de seguro de desempleo” y eliminar las indemnizaciones sin causa, reducir las cargas patronales y los impuestos al trabajador (apunta al Impuesto a las Ganancias). Apunta, a su vez, directamente contra el sindicalismo al “promover la libertad de afiliación sindical” y la “limitación temporal en los mandatos sindicales”. Por último, recomienda reemplazar la Ley de Riesgos del Trabajo por otra “acorde al contexto internacional”, que no explicita pero podría referirse a emular una normativa similar a la del trabajo en plataformas en lugar de buscar regularla. La tarea de Milei es mesiánica, dice: “transcurrieron más de 70 años, y revertir y concretar la reforma integral que se necesita costará, según lo proyectado desde La Libertad Avanza, 35 años, en tres etapas sucesivas”. Da temor su propuesta en materia de educación y portación de armas, por ejemplo.
Por último, se presentó la plataforma del frente Unión Por la Patria que menciona explícitamente “Los convocamos a acompañarnos para recuperar el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones, garantizar y defender los derechos vigentes y promover nuevos derechos en el mundo laboral actual y así mejorar las condiciones de vida (…), recuperar la participación del salario en el ingreso de los trabajadores“. Si bien el frente no explicita cómo se van a llevar a cabo estas propuestas y tampoco nombra el trabajo no remunerado ni a las organizaciones sindicales de manera explícita, es el único frente que menciona la promoción de nuevos derechos para la clase trabajadora. En el caso de este frente, va a resultar interesante la PASO que se dará entre Juan Grabois y Sergio Massa ya que parten de la misma plataforma pero con dos ideas de país, en principio, bastante diferentes.
Si pensamos que el trabajo es un articulador de la vida en sociedad y de las rutinas de las personas, vale la pena a la hora de votar estudiar en detalle las plataformas de todas las fuerzas, analizar si las propuestas son ejecutables y sostenibles en el tiempo y si van a mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras o por el contrario traen consigo una pérdida de derechos. Si bien el mundo del trabajo cambió y hay debates que deben darse, es importante que no se confunda la actualización de conceptos con la implementación de medidas que vayan en detrimento del bienestar de la clase trabajadora.
