Desde que asumió el gobierno de la Alianza Cambiemos los feminismos insistieron en la siguiente premisa: las políticas de ajuste impactan con mayor fuerza en las mujeres cis, lesbianas, travestis y trans. Frente a la feminización de la pobreza, también se feminizaron las resistencias. Estas últimas semanas, la consigna #NiUnaJubiladaMenos se instaló en las conversaciones públicas ante la inminente fecha de vencimiento de la moratoria previsional, que entre 2003 y 2016 permitió que se jubilaran 1.796.439 mujeres de entre 60 y 65 años, más del 80% de quienes accedieron al beneficio del Plan de Inclusión Previsional. El gobierno, acorralado por una oposición alineada y por la convocatoria sindical a movilizar, prorrogó la semana pasada por tres años la moratoria previsional para las mujeres a través de la Resolución 158/2019 de ANSES. Pero esa información que a priori parecía una buena noticia contiene una trampa y sigue excluyendo a muchas del derecho a la jubilación. Eso que llaman prórroga de la moratoria es una trampa patriarcal y neoliberal.
El gobierno, acorralado por una oposición alineada y por la convocatoria sindical a movilizar, prorrogó la semana pasada por tres años la moratoria previsional para las mujeres a través de la Resolución 158/2019 de ANSES. Pero esa información que a priori parecía una buena noticia contiene una trampa y sigue excluyendo a muchas del derecho a la jubilación. Eso que llaman prórroga es una trampa
Lo primero que hay que saber para entender por qué es una trampa es que la extensión de la moratoria no es universal. Es decir, no alcanzará a todas. Según un cálculo del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) alrededor de 500.000 mujeres de entre 55 a 59 años se quedan sin posibilidades de jubilarse. Medio millón de mujeres. ¿Por qué? Porque el gobierno de Mauricio Macri no incluyó la prórroga de la fecha de corte, que continúa frenada en el año 2003. Estiraron el plazo de vigencia hasta el 2022 pero el corte sigue siendo el mismo que figuraba en la ley que crea la moratoria en 2014, que permitía que las mujeres puedan “comprar” años hasta 2003.
Esto en la práctica implicaba la posibilidad de declarar los 30 años de aportes, que se pagaban a través del descuento mensual en el haber jubilatorio. La extensión es una trampa porque le exige a una persona de 60 años contar con al menos 4 años de aportes desde 2003 y a la vez limita la compra de años a 26. Para jubilarse, esas personas deberían contar con 4 años adicionales de aportes a través de un empleo registrado luego del 2003 (es decir, haber ingresado a un trabajo formal entre los 45 y 60 años).
De acuerdo a los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que analizó el CEPA para hacer este cálculo de la exclusión, en toda la Argentina a fines de 2018 se estima que hay 1.076.028 mujeres de entre 55 y 59 años que están cerca de cumplir con la edad para jubilarse en los próximos años pero sólo el 55% (588.248) tienen aportes, mientras que del restante 45% sus patrones o empleadores no ha realizado ningún tipo de aportes.
Por lo tanto, del 55% de las mujeres que tiene aportes, es decir que superan los 20 años aportados; solo un 10,5% presenta condiciones relativamente cercanas a las posibilidad de jubilarse. Es decir que no todas las mujeres con aportes de más de 20 años llegarían a un total de 30 aportados. Desde CEPA hicieron este cuadro para explicar los números:
La única alternativa que le da el gobierno nacional a quienes no cumplen con estos requisitos es esperar hasta los 65 años y cobrar una pensión que representa el 80 por ciento de la jubilación mínima, la PUAM. En junio de 2016 se aprobó la ley 27.260 (mal llamada “Reparación Histórica”) que lejos de reparar creó la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Esta pensión reemplazó la moratoria previsional de la ley 26.970. Este plan de inclusión permitía acceder a una pensión a las personas que no tenían suficientes aportes y que sus deudas previsionales se descuenten del haber que reciban. Hoy quienes reciben la PUAM están 9 puntos por debajo de la línea de pobreza. Además, a diferencia de la jubilación, no puede transmitirse o trasladarse al/la cónyuge luego de fallecida la persona beneficiaria.
En 2016 el Frente Renovador propuso la extensión en el acceso a la moratoria sólo para mujeres, aunque sin modificar la fecha de corte. Ello volvió a repetirse con la reciente resolución de ANSES.
Según el informe del CEPA, realizado por Julia Strada, Hernán Letcher y Alejandra F. Scarano, con el paso del tiempo esta moratoria se acota aún más. “Las mujeres que hoy tienen 57 años y tendrán 60 en 2022, último año de la actual prórroga, necesitarán no 4 sino 7 años de aportes registrados post-2003 para contabilizar los 30 requeridos por ley”, advierten.
Otro factor de exclusión de cara a la moratoria es el “análisis de vulnerabilidad socio-económico” que incluye parámetros de ingresos y bienes.
Legisladores de la oposición plantean que es en el Congreso donde tiene que discutirse este tema y plantearse una doble prórroga que tenga en cuenta la fecha de corte y la de vencimiento.
En esta misma línea, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) plantearon en un comunicado que “es urgente que el Congreso resuelva este escenario con una nueva ley, que modifiquen los plazos para plegarse a la moratoria más allá de 2003, y que el gobierno presente una evaluación del impacto social y de género diferenciado como parte del debate necesario y urgente en la sociedad”.
La diputada de Unidad Ciudadana Luana Volnovich tiene una propuesta en torno a este tema: el Plan de Inclusión Previsional Argentino
Para muchas jubiladas a través del las moratorias esto supuso el reconocimiento de las tareas de cuidado y reproductivas que realizaron toda su vida y nadie les reconoció. La doble jornada laboral pesa sobre las espaldas de las mujeres e identidades feminizadas pero también los índices de informalidad laboral. La moratoria venía a responder, en parte, a ese problema estructural.
En este contexto organizaciones sindicales y feministas convocan a una concentración este martes a las 15 frente a la sede de la Anses, sobre la Avenida Córdoba al 700. La convocatoria se replicará en Mendoza, Santa Fe, San Luis, entre otros.
Si la visibilización del patriarcado planteó que ninguna agresión quedara sin respuesta. Los feminismos vienen a señalar que tampoco los recortes y ajustes dejarán a las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries paralizadas.