Ana “Nana” González trabaja en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), desde 2011. Allí se ocupa de armar el contenido temático de las muestras del centro cultural. Es delegada de la Asociación de Trabajadorxs del Estado (ATE) en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación e integra la Junta Interna de dicho sindicato en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En diálogo con LATFEM, conversó acerca de los distintos conflictos que atraviesan hoy los trabajadores y trabajadoras del área a cargo de Germán Garavano y Claudio Avruj en un contexto de ajuste y despidos en el Estado.
¿Cuál es la situación actual de los trabajadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos?
En este momento están en riesgo 10.000 fuentes laborales en todo el Ministerio de Justicia. Lo que se sabe hasta ahora porque lo confirmó el propio ministro de Justicia, Germán Garavano, es que los Entes del Sistema de Cooperación Técnica por el que están contratados la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del ministerio de Justicia podrían pasar al ministerio de Hacienda. No se sabe aún cómo, si será a través de un decreto de necesidad y urgencia o si es algo que se va a incluir en el Presupuesto 2019. Tampoco sabemos cuál va a ser la modalidad de ese traspaso ni en qué condiciones quedarían lxs trabajadorxs cuyos contratos dependen de los entes de cooperación. Todo esto genera mucha incertidumbre y angustia entre lxs trabajadorxs.
¿Y cómo es la situación puntualmente en la Secretaría de Derechos Humanos?
Además de la situación de los entes de cooperación, hay otra situación que pone en riesgo la fuente de trabajo de los compañeros y compañeros de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, que conduce Claudio Avruj, y tiene que ver con la llamada “dotación óptima” que el ex Ministerio de Modernización (a cargo del ahora Vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra) envió a la Secretaría con el objetivo de achicar el Estado. Con el falaz argumento de evaluar la necesidad real de personal que la Secretaría necesitaría para funcionar eficientemente, dicen que el número de trabajadorxs que debería haber es de 920 cuando en la actualidad trabajan 1.014, por lo cual ellxs consideran que hay 94 trabajadorxs que “sobran”. Desde la gestión acercaron ese número a los sindicatos pidiéndonos que “colaboremos” con pases y personas que se quieran retirar. Nosotrxs contestamos que no vamos a aceptar ese informe mentiroso porque lo cierto es que desde que asumió esta gestión se redujo en 400 personas la planta de trabajadorxs de la Secretaría entre despidos arbitrarios, retiros voluntarios, jubilaciones, pases de área y renuncias por presiones de la gestión. No vamos a aceptar más ajuste cuando sabemos que falta gente en montones de áreas sensibles que a diario piden personal para poder seguir funcionando. Además de los puestos de trabajo, esto hace peligrar las políticas públicas de derechos humanos que dichos trabajadorxs llevan adelante.
¿Cómo impacta esto en el trabajo cotidiano?
Hay muchas áreas dentro de la Secretaría de Derechos Humanos que han tenido que absorber el trabajo con menos cantidad de trabajadores, además de un montón de áreas que fueron vaciadas con la llegada del macrismo como, por ejemplo, la Subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos y el Programa de Promotores que funcionaba en todo el país.
No sobran trabajadorxs, faltan políticas públicas.
La llegada del gobierno de la Alianza Cambiemos significó, desde sus inicios, la implementación de una política de vaciamiento del Estado, que vino de la mano de un fuerte ataque a lxs trabajadorxs estatales, quienes fueron señaladxs por los funcionarios del gobierno como “vagos”, “ñoquis” y “grasa militante”. Según datos del Observatorio de Políticas Públicas en Derechos Humanos 2017 elaborado por ATE Capital, durante los dos primeros años del gobierno macrista se desarmaron o redujeron equipos que cumplían funciones claves para el avance de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, que iban desde el registro digital del avance de las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, hasta el acompañamiento psicológico a las víctimas y el desarrollo de investigaciones sobre delitos económicos durante la dictadura. Todo esto acompañado del discurso del “curro de los derechos humanos”, la deslegitimación de los organismos y el cuestionamiento sobre el número de desaparecidos. “Lxs trabajadorxs de la Secretaría de Derechos Humanos somos conscientes de que estamos frente a un sector político que considera a los derechos humanos una punta de lanza contra sus intereses corporativos”, señalan en el informe.
Según datos del Observatorio de Políticas Públicas en Derechos Humanos 2017 elaborado por ATE Capital, durante los dos primeros años del gobierno macrista se desarmaron o redujeron equipos que cumplían funciones claves para el avance de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, que iban desde el registro digital del avance de las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, hasta el acompañamiento psicológico a las víctimas y el desarrollo de investigaciones sobre delitos económicos durante la dictadura.
Arte y Memoria.
El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, cuyo nombre rinde homenaje al escritor argentino secuestrado y desaparecido en 1976 por la última dictadura cívico-militar, fue creado en 2008 dentro del predio donde funcionó el centro de detención, tortura y exterminio de la ESMA con el objetivo de resignificar ese lugar y convertirlo en un espacio donde, a través de distintas expresiones artísticas, se promueva el compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia. Desde 2016, el Conti sufrió una fuerte reducción presupuestaria y sus trabajadorxs han logrado sostener la programación del centro cultural con su compromiso y el apoyo de lxs artistas que aceptan presentarse sin recibir honorarios. Avruj justificó el ajuste en diversas declaraciones a la prensa en las que aseguró que el presupuesto del Conti estaba “sobreestimado”. “Detrás de esa idea “se esconde una posición política que considera a la cultura como un ‘gasto’ del cual se puede prescindir”, señalaron los trabajadorxs en una campaña que tuvo como consigna la frase “El Conti no se achica”.
En este contexto, ¿cuál es la situación actual del Centro Cultural Conti?
En el caso del Conti, la realidad es que si se achica aún más la planta de trabajadorxs hay un montón de áreas sensibles que no podrían seguir funcionando. Una de ellas es el área de técnica del teatro, que cuenta con muy pocos técnicxs en relación a la programación que tiene el centro cultural. Una programación que en gran medida se sostuvo en los últimos dos años y medio por el impulso de los trabajadorxs que definimos en asamblea sostener el contenido de ese espacio y su programación, con la línea que el centro cultural tuvo desde su creación.
¿Tuvieron algún tipo de respuesta por parte de las autoridades?
Nosotrxs le planteamos a Avruj que rechazamos el informe de “dotación óptima” porque es mentiroso y lo único que intenta es achicar el Estado, sin importar cuales son los trabajos y las políticas públicas que se desarrollan dentro de la Secretaría. La semana pasada nos reunimos con él y le pedimos que rechazara el informe. Su respuesta fue que él “pertenecía al mismo espacio político” y que no podía rechazarlo porque se enmarca dentro de un decreto del presidente Macri para la reducción del Estado. Sí se comprometió a, por lo menos, achicar el número de despidos pero no a rechazar la “dotación óptima” que establece Modernización, tal como nosotrxs se lo pedimos.
Frente a este panorama, ¿qué medidas de fuerza van a llevar adelante los trabajadorxs del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos?
Esta semana convocamos a un paro de 48 horas para el martes y miércoles. Además, el martes 11 los trabajadores los trabajadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación vamos a concentrarnos frente al Registro Nacional de la Propiedad Automotor (uno de los entes de recaudación del Sistema de Cooperación Técnica) y vamos a realizar ahí un acto como forma de protesta. El miércoles 12 (en el marco de la jornada de paro y movilización convocada por ATE Capital) todos los trabajadores vamos a ir al Ministerio de Hacienda para exigir que no pasen los entes de cooperación técnica a ese ministerio. Por último, el viernes vamos a hacer una jornada de lucha en la puerta de la ex ESMA por la situación crítica que atraviesa la Secretaría y todo el predio en general.
¿Cómo analizas la participación de las mujeres en la organización sindical?
La participación de las mujeres en los últimos dos años dentro de los sindicatos, por lo menos dentro de ATE, ha sido muy alta. Hay un montón de delegadas de base en distintos sectores del Estado nacional y municipal que participan de la vida política del sindicato y es muchísimo más alta que la participación que había en otros momentos. Creo que se da por un proceso de representación genuina: las trabajadoras del Estado son más que los trabajadores; es lógico que se sientan más y mejor representadas por otras compañeras. En términos estrictamente personales, tengo un profundo cariño por mis compañerxs y por el espacio de trabajo. Me gusta poder representarlxs y defenderlxs, e intento hacerlo con responsabilidad y amorosidad.
