La vida de Cristina Vázquez cambió para siempre el 28 de julio de 2001 cuando tenía 19 años. En su ciudad, Posadas, Misiones, encontraron a una vecina muerta con golpes en todo el cuerpo. La habían matado a martillazos. Se presume que el ataque contra Erselida Lelia Dávalos, de 79 años, se produjo entre las 21:00 y las 24:00hs. La alarma de la casa no fue activada ni las entradas fueron forzadas. La última persona que fue vista con la mujer estuvo realizando reparaciones hasta las 21:30hs y un testigo asegura que se fue raudamente del lugar. El cuerpo lo encontró la empleada doméstica en un charco de sangre. En la vivienda faltaban joyas y las habitaciones estaban revueltas. En el barrio se comentaba que la anciana había cobrado un seguro de vida de su marido, quien había fallecido cuatro meses antes del crimen.
Desde un primer momento, la teoría fue que alguien conocido por ella -con ese dato- entró a la casa para robar esa plata. En base al relato de un vecino que dijo haber visto un muchacho de la cuadra, los policías dieron con tres sospechosos: Omar “Kolyno” Jara, Cecilia Rojas -que eran pareja- y Cristina, que en ese entonces tenía 19 años. En mayo de 2010 el Tribunal Penal 1 de Posadas los condenó a perpetua. Antes de escuchar la sentencia Cristina le dijo a la hija de la víctima: “Yo no le asesiné a su madre”.
Cristina Vázquez está presa hace más de una década por un crimen que no cometió. No hay pruebas directas que la involucren ni testigxs presenciales, sin embargo, fue condenada a prisión perpetua. Ahora su historia llegará al cine a través del documental que hizo su amiga, Magda Hernández.
Cristina Vázquez está presa hace más de una década por un crimen que no cometió. No hay pruebas directas que la involucren ni testigxs presenciales, sin embargo, fue condenada a prisión perpetua. Ahora su historia llegará al cine a través del documental que hizo su amiga, Magda Hernández. “Fragmentos de una amiga desconocida” se estrena este jueves 11 de julio en el cine Gaumont.
Cristina y Magda se conocieron en Buenos Aires en 2007, tres años antes de que la condenaran a perpetua. La primera, una migrante interna en la capital del país; la segunda, una colombiana viviendo en Argentina. Ambas trabajaban como camareras en un restaurant en el barrio porteño de Recoleta. En ese lugar la Policía Federal detiene a Cristina, para sorpresa de su amiga y el resto de sus compañeros. La cobertura mediática convierte a una joven camarera en “La reina del martillo”, una mujer desenfrenada, drogadicta y promiscua que es, además, una asesina. “¿Era posible que me hubiera hecho amiga de una asesina?”, se pregunta la documentalista.
Tras la condena, Magda tomó contacto con el expediente y se dio cuenta que era víctima de un proceso judicial injusto. La fue visitar a Posadas y surgió la idea de hacer el documental para poder ayudarla. Desde entonces viajó seguido a Misiones y fue armando el relato que se ve reflejado en el documental, al tiempo que acompañaba los intentos para revertir la decisión judicial.
El Tribunal Superior de Misiones confirmó el veredicto condenatorio. Desde su primera declaración indagatoria, la joven misionera sostuvo su inocencia con pruebas concretas. La noche del asesinato, ella estaba en Garupá, a 8 kilómetros de la escena del crimen. El testimonio de Celeste García y Pedro Oyhanarte corroboraron su versión pero el Tribunal que la juzgó se ocupó de desacreditarlo. Por otra parte, en la causa no hay pruebas científicas: en la casa de la anciana no había ni una huella de Cristina. “Cuando tomamos conocimiento del caso no lo podíamos creer. La sentencia construye la culpabilidad de Cristina en base a chismes de barrio y estereotipos de clase y género”, explicó a LATFEM Indiana Guereño, presidenta de Asociación Pensamiento Penal (APP) que acompaña el caso mediante el recurso de amicus presentando ante lxs ministrxs de la Corte.
Las irregularidades de la causa
Según se desprende del amicus, en el caso de Cristina se vulneraron distintas garantías constitucionales. “No hubo garantía que no haya quedado violada”, señaló Guereño. En principio, Marcela Leiva, la presidenta del Tribunal de juicio que la condenó en primera instancia, ya había tomado contacto con la causa antes de sentarse en el estrado como jueza. Leiva se había desempeñado como secretaria del Juzgado de Instrucción 1 donde se desarrolló gran parte de la instrucción. “No hubo imparcialidad. El Tribunal tiene que revisar lo que pasó en la investigación y en este caso no ocurrió porque ya había sido parte. La misma persona que había encarado la investigación estuvo en el Tribunal”, explicó la titular del Observatorio.
“No hay una acusación clara y concreta sobre lo que hizo Cristina el día del hecho”, destacó la especialista, que hizo hincapié en el sexismo y la discriminación de clase presente en el fallo condenatorio. “Juzgaron el estilo de vida de las personas cuando tendrían que haber juzgado el homicidio”, expresó Guereño. En varios tramos de la sentencia se la acusa de “tener un estilo de vida promiscuo y marginal. También la señalan por ser “adicta a la marihuana”. El propio fallo condenatorio admite la falta de pruebas y una sentencia en base a indicios: “Solo me resta hacer referencia a que si bien no existe prueba directa que acredite la autoría de los encartados respecto del hecho investigado, sí hay prueba de carácter indiciaria suficiente para consolidar un estado de certeza sobre el hecho investigado y sus autores”.
Otro de los puntos que se cuestionan en el amicus es que no se profundizaron otras líneas de investigación más firmes. “Se siguió la hipótesis más cómoda”, opinó Guereño. La última persona que fue vista en la casa de la víctima fue Juan Carlos Trinidad, un electricista que había ido a reparar un artefacto. Un vecino del lugar contó en sede judicial que el hombre se fue “raudamente” del lugar después de las 21. A pesar de que el horario coincide con la hora del ataque, esta hipótesis no fue investigada. “Tampoco se investigó a los familiares de la víctima u otros conocidos”, aportó Guereño.
