– En tu experiencia, ¿cómo se llega a un cargo público siendo mujer cis? ¿Cómo es la relación en la Asamblea de Ecuador entre varones y mujeres?
– Me tocó vivir una experiencia interesante, tengo 25 años, soy la legisladora más joven de Ecuador. En general, en Ecuador las personas que hacen política a mi edad son hijos o hijas de legisladores o ministros, heredan el puesto de sus padres por apellido. Todavía es difícil insertarse desde una posición en la que no hay poder económico o si no vienes de una familia tradicionalmente política. En este sentido, siento que este espacio de representación no me pertenece solo a mí, sino que es una lucha que hemos dado los hijos e hijas de la clase trabajadora y es una voz muy importante que tiene que estar representada en la democracia. Esto se torna más difícil siendo mujer y joven, lo cual ha sido un reto interesante porque en general asocian que, si eres mujer, joven y estás todo el tiempo con tu pañuelo (verde), que lo han exportado muy bien (risas), entonces solo puedes hablar de violencia de género o de aborto, que obviamente son temas que abordamos, pero es muy difícil cuando tienes que hablar de otros temas frente a señores con larga trayectoria en política, donde cuesta el doble hacer que tu voz tenga legitimidad. A pesar de que mis compañeras jóvenes y yo nos comprometemos y estudiamos la ley para tejer argumentos más sólidos. Sin embargo, gracias al movimiento feminista, esta barrera se convierte en una oportunidad para nosotras, siempre y cuando logremos estar juntas, apoyarnos y tejer relaciones más allá de las banderas políticas. La reivindicación es hacer una política distinta, desde el cuidado.
Con respecto a la paridad, en ninguna bancada, ningún partido tiene mayoría de mujeres en Asamblea nacional, de hecho, en la izquierda no tenemos mucha participación, estamos en un espacio de oposición respecto al gobierno nacional. Es muy difícil ser oposición de un gobierno que además tiene los medios de comunicación a su favor.
– Mencionaste el tema de cuidados, hace poco en la Argentina se presentó un proyecto de ley para crear el sistema integral de cuidados y que el Estado comience a intervenir en cómo se reparte el uso del tiempo. De hecho, hace poco salió la encuesta del uso del tiempo, donde las mujeres triplican el tiempo destinado a las tareas del hogar respecto de los varones. ¿Tienen alguna agenda de cuidados en Ecuador? ¿Cómo es el tema de las licencias por maternidad y paternidad?
– Este debate todavía no está puesto sobre la mesa, si bien es un tema presente, las mujeres cargan con la responsabilidad del cuidado de los hijos, cuando la pareja está junta y cuando no, mucho más porque el padre cumple ese rol solo los fines de semana. Esta es una realidad que vive el Ecuador, pero que está prácticamente normalizada. Más allá de la legislación específica que se deba implementar, también pasa por un cambio en la matriz cultural, porque cuando las mujeres intentan hacer que la responsabilidad del cuidado sea más equitativa, se las critica por no cumplir el rol de maternar al 100%. Hay un proyecto ingresado en la Asamblea para crear un sistema nacional de cuidados, pero todavía no se dio el debate, el tema está muy al inicio de la discusión. También hay una encuesta sobre el uso del tiempo, pero no está actualizada por falta de voluntad política por parte del Estado y sin estos datos es muy difícil construir iniciativas. Algo que me parece muy importante mencionar, es que no solo son las mujeres, sino también las niñas las que están asumiendo estas responsabilidades, mientras el niño se va a jugar a la pelota, la niña se queda ayudando a su madre en las tareas del hogar o cuidando a sus hermanos. Esto es muy importante al momento de pensar los cuidados.
Con respecto a las licencias por paternidad y maternidad, justamente estamos discutiendo la Ley de Economía Violeta, que es una iniciativa que heredamos del período legislativo pasado, un gobierno neoliberal. Este proyecto plantea que para que existan los permisos por paternidad, las madres deben ceder su permiso de maternidad, entonces es super regresivo y no se ha problematizado socialmente lo suficiente. Actualmente estamos por comenzar el segundo debate para pasar al pleno a votar, pero es importante revisar las leyes a detalle para ver dónde está la trampa, como en este caso que es una ley que pinta violeta y equitativa, pero tiene este punto que es regresivo. Sin embargo, abrió un espacio interesante, porque en Ecuador la competencia exclusiva del presupuesto general del Estado lo tiene el ejecutivo, nosotros como legisladores no podemos plantear reformas tributarias. Lo que sí podemos hacer es discutir y modificar una reforma que plantee el gobierno, pero no podemos abrir una discusión respecto de lo tributario. En esta ley de economía violeta abrieron modificaciones al Código Orgánico Monetario y Financiero que es el que regula los sistemas monetarios y financieros y lo que planteaba es que por la contratación de una mujer las empresas tengan una deducción de más impuestos que la contratación de un hombre, esto en principio nos parecía bien. Pero a partir del trabajo con organizaciones de diversidades sexogenéricas, lo que hicimos fue plantear que ese beneficio, que en principio tendrían las empresas para contratar una mujer, se amplíe para contratar a personas trans, que son las más excluidas y excluidos del sistema laboral. Otra observación que incluimos es que las empresas y emprendimiento creados por personas de diversa condición sexogenérica, no paguen impuestos al menos durante los tres primeros años desde que la empresa comienza a tener ganancias. Ahora estamos a la espera que se aprueben estas observaciones, de esta manera aprovechamos una ley que estaba vacía de contenido para nutrirla a favor de las personas más excluidas laboralmente.
– En Ecuador tienen el Consejo Nacional para la Igualdad de Género. ¿Cuál es la agenda de cara a 2023 en el país en materia de desigualdades? Recién mencionaste lo de cambiar algunos puntos de la Ley Violeta, ¿qué otros desafíos crees que se deben abordar?
– Sobre el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, la constitución establece que los Consejos son quienes deben elaborar la política pública y supervisar que las instituciones implementen estas políticas públicas. Sin embargo, al no ser vinculantes, los ministerios que no tengan la voluntad política de trabajar por la igualdad de género, la igualdad intergeneracional, no lo cumplen. Son varios Consejos que buscan que las poblaciones que están con mayor vulnerabilidad tengan un tratamiento específico en la generación de política pública, pero esto no se está cumpliendo, entonces no es un referente en el país este Consejo. Por otro lado, nosotros tenemos una Secretaría de Derechos Humanos, que antes era el Ministerio de Justicia, pero en el Gobierno de Lenín Moreno pasó de ser un ministerio a ser una secretaría, le bajaron de rango, redujeron recursos, redujeron competencias. Ahora, esta secretaría es el órgano rector de velar por los DDHH y tiene a su cargo varios programas para prevenir y erradicar la violencia de género, pero existe la intención deliberada del gobierno nacional de no ejecutar el presupuesto. Entonces, ahora nosotros estamos emprendiendo un proceso fuerte de fiscalización a la secretaría de DDHH porque del presupuesto que tiene, que de por sí es muy bajo, solo hay ejecutado el 15% y del programa para prevenir y erradicar la violencia de género solo han ejecutado el 5%. El correlato de eso es que, en el año 2022, sin cerrarlo, viene siendo el año más violento para nosotras las mujeres en el país desde que se tipificó el femicidio en 2014. Por un lado, hay más muertes violentas de mujeres y a la par, un gobierno que no hace nada, y no solo eso, sino que tiene recursos y no está ejecutando. Es importante meternos en esta discusión, sobre todo ahora que estamos por discutir el presupuesto para 2023, que no son discusiones netamente técnicas, también son discusiones políticas, porque en el Presupuesto General del Estado, se ven cuales son las prioridades de un gobierno y cómo están distribuyendo sus recursos. Sin recursos, las leyes solo quedan en la buena voluntad, mientras tanto en Ecuador se comete un femicidio cada 28 horas. Sin presupuesto no hay igualdad de género, no hay paz para nosotras.
– Actualmente el FMI está revisando las proyecciones de crecimiento de la economía global y se augura una recesión general ¿Qué posibilidad crees que tienen los Estados latinoamericanos para hacer política contra cíclica y contrarrestar los efectos de una recesión?
– De hecho, en el gobierno de Lenín Moreno se firmó un acuerdo con el FMI, se firmó una carta de intención donde se comprometían a recortar, lo que ellos llaman el gasto fiscal, lo que debería ser la inversión en sectores estratégicos como educación y salud. Esto tuvo impactos importantes, porque antes de que se firmara esta carta, el gobierno ya venía haciendo estos recortes. Hacia el año 2019 generó uno de los estallidos más grandes que hemos vivido, con varias muertes, porque una de las cosas que establecía este acuerdo era la eliminación de los subsidios a la gasolina, lo que derivó en un aumento en el resto de los bienes y servicios. Ecuador tiene un sector agrícola importante, no tanto para la exportación sino para el mercado interno y los que se dedican al trabajo en el campo son las personas indígenas, entonces a toda la carga de violencia histórica con la que vive la población indígena, se le sumó este acuerdo con el fondo. Antes del estallido de 2019, hubo una serie de movilizaciones, una de ellas que tuve la posibilidad de participar cuando era estudiante en la universidad pública, era sobre el recorte de presupuesto a las universidades. También se hicieron recortes en salud, lo cual nos pasó factura durante la pandemia, incluso en plena pandemia se despidió personal de salud. Todo esto para cumplir con los informes del fondo, hoy este acuerdo se mantiene y las consecuencias son evidentes. Hace tres meses salió una noticia de una asociación de padres de niños con enfermedades catastróficas y el reporte decía que entre 50 y 80 niños habían muerto por falta de medicinas. Ahí se ve como las discusiones económicas tienen un impacto real en la vida de la gente, y creo que si algo nos queda claro después de la pandemia es que no nos salvamos solos. Incluso en términos climáticos, el “sálvese quien pueda” no es sostenible desde ninguna perspectiva. Esa economía de goteo es la que ahora mismo se está aplicando en Ecuador y tiene graves consecuencias en la vida de la gente. Ahora mismo Ecuador es un país muy inseguro por una desinstitucionalización de la seguridad, y eso pasa también por el presupuesto. Hay muchas noticias a diario de unidades de policía comunitaria, donde los mismos vecinos juntan dinero para comprar la gasolina del patrullero del barrio. También es muy importante empezar una discusión respecto de la distribución de la riqueza y que sea sostenible. Pero debemos tener claridad política frente a esta apuesta que es riesgosa porque yo creo que el capitalismo no es solo un sistema económico, sino también cultural que te vende el hiper individualismo y crea el mito de que el pobre es así porque quiere, lo cual está muy instaurado en Ecuador.
– ¿Tuvieron impuestos a las riquezas durante la pandemia? Hubo varios países que los aplicaron, acá en la Argentina se aplicó el impuesto a las grandes fortunas. ¿Cómo trataron este tema en Ecuador?
– No hubo esa propuesta, el problema en Ecuador es que solo el gobierno puede proponer. Si bien a nivel social y entre algunas organizaciones lo estuvimos impulsando, pero a nivel legislativo no se pueden plantear esas reformas. Hace aproximadamente seis meses, el gobierno envió una reforma tributaria, pero desde su perspectiva los que tenían que pagar más no eran los más ricos. De hecho, ese proyecto de ley se aprobó y se eliminó el impuesto a las herencias que era un porcentaje muy pequeño de la población que lo pagaba. Mientras que, se aumentó la carga impositiva para la clase media, que antes podían deducir hasta un porcentaje de sus gastos y a partir de la reforma achicaron ese porcentaje fuertemente. Nosotros revisábamos la ejecución presupuestaria de este año y en comparación con el año pasado, tenemos más ingresos por la parte tributaria y porque hay más recursos petroleros, teniendo en cuenta que Ecuador es un país petrolero y le ha ido muy bien en estos dos últimos años. Sin embargo, los niños se mueren porque no hay medicinas, no hay recursos en los hospitales, todo el sistema de salud se cae a pedazos y el gobierno no paga la deuda que tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con lo cual no solo está destruido el sistema de salud público sino, también el privado. En la educación tampoco vemos ningún avance, entonces la pregunta es ¿dónde está esa plata? Una gran parte están en reservas y para los ministros de economía de este gobierno eso es un triunfo, tener las reservas afuera, en vez de traerlas, tratar de invertir y hacer que el dinero circule para que haya dinero en los bolsillos de la gente.
– Recién nombrabas el sistema previsional, siendo que en Argentina es tema de debate constante y los organismos internacionales permanentemente tienen sugerencias de modificación, de privatización ¿cómo funciona eso en Ecuador y cuál es la posición que tienen en cuanto a estas modificaciones?
Nuestro sistema de seguridad social es un sistema solidario que parte del aporte de todos, es decir, un porcentaje del ingreso de cada persona. Pero la atención que puede recibir la persona que aporta a partir de un sueldo básico respecto de la persona que aporta más es la misma. Este es el sentido solidario que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Además, hace algunos años se implementó que el acceso debía garantizarse a los hijos e hijas de los trabajadores, entonces la cobertura se amplió. Esto hizo que el IESS no diera abasto con sus centros de salud y comenzó a contratar a prestadores externos, pero hoy el sistema está colapsado. La derecha lo que sí hace muy bien es empezar a desprestigiar y deteriorar un sistema público para luego privatizarlo y se comienza a posicionar el discurso de que como ciudadanos libres deberíamos poder elegir si pagar al IESS o a un seguro privado, porque el seguro privado funciona mejor y se olvidan de esta naturaleza solidaria que tiene el sistema. Actualmente es obligatorio el aporte al IESS, pero ellos quieren transformarlo en una decisión. El problema de liquidez del Instituto es que si baja el número de empleo formal afecta a los ingresos del IESS, tanto la informalidad como el desempleo afecta a su financiamiento. El aporte al IESS cubre salud y jubilaciones, con lo cual privatizarlo es un gran riesgo.
– Hablando de cómo se está profundizando cada vez más, igual que acá, el discurso individualista y volviendo a lo que hablábamos al principio que nos contabas cómo es al interior de la Asamblea, respecto de los temas de cuidados, agenda de género, la subejecución presupuestaria, el individualismo… ¿Cómo está la agenda pública en estos aspectos? Acá justo se originó una corriente libertaria muy intensa y con un discurso técnicamente pobre, pero muy marketinero y tentador, sobre todo para los jóvenes. ¿En Ecuador, cómo está la agenda pública puertas afuera de la asamblea?
– Yo creería que lastimosamente no estamos discutiendo los temas que deberíamos. Es una agenda pública impuesta por los medios de comunicación que responden a ciertos intereses que se mueven y se pactan por arriba. A pesar de eso, la realidad de Ecuador, en este momento es tal, que ya no se puede ocultar el serio problema de inseguridad y no hay una política pública clara ni recursos que no vayan en una línea securitista ni punitivista, sino de prevención del delito. Y acá la derecha va ganando terreno en la discusión, por ejemplo, de la inimputabilidad de los menores de edad o la tenencia y libre porte de armas, siendo que por ahí no pasa la discusión, pero se aprovechan de este contexto de inseguridad en el que vivimos.
Otros temas que no están en la agenda pública es la redistribución de la riqueza. También hay un problema grave de migración, porque la gente no encuentra oportunidades en el país. Hace pocos meses la Patrulla Fronteriza encontró a un niño ecuatoriano de cuatro años abandonado en la frontera entre México y EE. UU. y se está investigando qué pasó. Pero esto es el retrato de lo que se está viviendo en Ecuador, el abandono por parte del Estado y que afecta muchísimo sobre todo a los más vulnerables. En cuanto a la educación, nosotros comenzamos el nuevo período de clases en septiembre y había un desface entre los estudiantes que venían del año pasado a este año y en los reportes figuraba que algunos habían migrado y a otros no se los podía ubicar, tampoco está la voluntad política de saber qué pasó con ese estudiante que no se matriculó. Otros estudiantes han tenido que abandonar las escuelas porque, a pesar de que existe la educación pública, donde principio no tendrías que pagar nada, igual se gasta. Durante el gobierno de Rafael Correa se garantizaba el desayuno escolar en las escuelas identificadas como más vulnerables y los libros eran gratuitos para todos los estudiantes hasta el bachillerato. En la constitución del 2008 tuvimos una conquista muy importante, conseguimos que se establezca que la educación pública superior universitaria sea gratuita. Si bien la educación sigue siendo pública, cada vez que se hacen recortes, la plata tiene que salir de los bolsillos de los padres de familia y estos son problemas que no se están discutiendo. Respecto a la ejecución presupuestaria, si bien estamos fiscalizando desde la asamblea tampoco tenemos las herramientas para obligar a que se cumpla.
– ¿Tienen algún tipo de ley de responsabilidad fiscal o de divulgación de datos?
– Ahora mismo, se supone que deben entregar a la Asamblea Nacional cada seis meses una revisión de cuentas. De hecho, a inicios de septiembre se aprobó una ley para que la revisión de cuentas se entregue cuatro veces al año. Otra conquista importante es que existan preasignaciones presupuestarias para los sectores de salud y educación. Esto hace que la inversión sea del 4% del producto interno bruto en salud y del 6% en educación, eso está en la constitución, pero no se cumple. Entonces, hicimos un ajuste en la legislación para que el cálculo del 0,5 que tienen que aumentar anualmente, lo hagan sobre el presupuesto inicial y no sobre el presupuesto devengado o el codificado, entonces no había tal aumento. Lo que planteaba en el ajuste que realizamos es que se mantenga la proporción del PBI, se aprobó en Asamblea, pero vetó el ejecutivo. En Ecuador, el poder ejecutivo puede vetar de forma total o parcial, si se veta de manera total, la ley se archiva durante un año y si se veta parcialmente, se necesita más votos, 92 votos para insistir en el texto original.
– Verte con el pañuelo (verde) nos llena de alegría, estamos muy felices de que el movimiento recorra América Latina y nos resulta imposible no preguntarte por la agenda del derecho al aborto.
En Ecuador estamos bastante más atrás respecto de Argentina (en cuanto a la ley de aborto), incluso de Colombia, con el último fallo de la corte que terminó siendo un proceso lo más justo posible. Nosotros estamos en una etapa en la cual se ha discutido tres veces la despenalización del aborto en casos de violación, que es como lo mínimo y parecería de sentido común que una mujer o que una niña pueda acceder. Además, Ecuador está entre los tres primeros países con mayor tasa de maternidad infantil y adolescente por violencia sexual, Ecuador tiene un problema grave de violencia sexual. Si bien el aborto no combate esa violencia previa a un embarazo no deseado, al menos corta el hecho de seguir revictimizando a esa niña o adolescente. Además, muchas veces terminan insertándose en círculos de pobreza grave, porque es una niña maternando a otra niña que tiene que salir a la calle a buscar comida y terminan en los trabajos más precarios. Sobre esto, tuvimos una discusión en la Asamblea Nacional, a partir de una sentencia de la corte que dijo que eso no era constitucional, que no se puede encarcelar a una mujer por abortar, pero en la legislatura tuvimos bastante entrampamiento en la discusión con respecto a las semanas de límite, a la objeción de conciencia, entre otras cuestiones. En otros países está instituido que, si hay un sistema de causales, no puede haber un límite de semanas porque se contrapone, pero los legisladores a veces no son lo más técnicos, sino que ponen su dogma por encima de todo. Finalmente, salió un proyecto de ley que era más o menos decente, que establecía plazos distintos para niñas, para adolescentes, personas con discapacidad y mujeres rurales. Sin embargo, en esa negociación, que suena horrible, pero era así, una negociación política, lo que hizo el presidente Guillermo Lasso fue unificar los plazos, pero a la baja, y en el veto el presidente regresó la ley con requisitos como la presentación de una denuncia o una declaración juramentada, lo cual es casi imposible para una niña. Además, sin considerar que estas niñas están siendo violadas en un espacio que debería ser seguro, que son muchas veces sus padres, abuelos, tíos, hermanos, primos y demás. Lastimosamente, no tuvimos los suficientes votos para ratificarnos en el texto original que salió de la asamblea, con lo cuál lo que rige ahora es el veto del presidente Lasso, donde hubiese sido mejor que no haya ley por cómo se dio el proceso. Ya estaba establecido que el aborto bajo la causal salud no era punible, esto era mejor porque muchas niñas y adolescente, podían acceder a un aborto por causal salud porque sus cuerpos no están preparados para gestar, entonces de esta manera era más fácil acceder. Ha habido varias organizaciones que han puesto denuncias ante la corte constitucional por incumplimiento de sentencia, pero tenemos que esperar para ver cómo se encamina esto.
