Cada muerte por aborto es injusta y evitable. El domingo 8 de diciembre murió V., una mujer de 33 años, madre de 3 hijxs, como consecuencia de un aborto inseguro producto de la criminalización de la práctica. Había llegado el viernes a la guardia del Hospital San Martín de La Plata con una infección masiva. Fue a la guardia, la esperaron y no sobrevivió. Falleció en la terapia intensiva. 

La situación de la provincia de Buenos Aires en relación a la salud sexual y reproductiva es crítica. La gobernadora saliente, María Eugenia Vidal, se declaró antiderechos, una postura personal que antepuso a la responsabilidad política de gestionar y que se tradujo en la omisión de la garantía en el acceso a la salud y la protección de la vida.

Siguiendo esta opinión, Vidal, por ejemplo, impidió que las y los profesionales de la salud adhieran al Protocolo para la Atención de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y hace poco en una entrevista televisiva dijo que no era un tema relevante. En 2017 forzó la salida de Zulma Ortiz a cargo de la cartera de Salud.

En 2017 hubo 14.591 internaciones por aborto inseguro en la provincia de Buenos Aires. Un tercio del total de las internaciones del país. De las 30 muertes por abortos inseguros en 2017 en todo el territorio nacional, 12 fueron en jurisdicción bonaerense. Son datos oficiales pero sabemos que hay muchísimo subregistro y el número real puede ser más amplio.

La muerte de V. evidencia que las políticas públicas son resultado de voluntades y que pueden salvar vidas. Lo que le pasó a V. no es una excepción sino una confirmación de que las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar siguen estando desprotegidas. Es una más que decide interrumpir un embarazo pero lo hace sola: ni llegaron los acompañamientos feministas ni el Estado. Una más que se ve empujada por el Estado, sus poderes y por los gobiernos nacional, provinciales y municipales a arriesgar su vida por decidir sobre su cuerpo- territorio.

El aborto legal, dentro de las emergencias sociales

La muerte de V. se enmarca en demandas integrales que constituyen emergencias sociales ante 4 años de abandono. La falta de voluntad política para terminar con la injusticia que significa los desiguales accesos a la salud y la información se lleva vidas. 

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y en su plenaria federal, se afirmó que además de la despenalización y legalización del aborto, se exige que la demanda sea incluida entre las que constituyen el acuerdo social del nuevo gobierno, a cargo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. 

“Los poderes de un Estado no pueden ser neutrales ante la injusticia que significa que una persona vulnerabilizada vaya presa o muera por decidir sobre su futuro”, dice la declaración de la Campaña “nuestra lucha y deseo es que se nos escuche ante lo evitable”, agregaron. “Exigimos cumplimiento de las Leyes Nacionales de ESI, con carácter urgente la Resolución Ministerial y garantía del cumplimiento del Protocolo ILE, la producción estatal y distribución pública de misoprostol y mifepristona para el acceso a la salud”. Exigieron además, se apruebe el Proyecto de aborto legal de la Campaña que “ya está en las calles” y una amnistía para las presas y reparación para las familias.

Por su parte, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir emitió una declaración en la que se solidarizan con la familia de V. y amigues y responsabilizan por su muerte, que constituye una vulneración de derechos, a las autoridades ejecutivas salientes: al intendente de la ciudad de La Plata, Julio César Garro; a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y al presidente de la Nación, Mauricio Macri. 

“Esto es consecuencia del disciplinamiento de nuestros cuerpos por parte de este Estado que nos oprime en nuestros deseos, nuestra autonomía, en nuestros derechos”, afirmaron lxs más de mil profesionales nucleados en la Red en todo el país. “A pesar de haber avanzado en la atención sanitaria, esta situación refleja que la expulsión del Sistema Público de Salud continúa y se sostiene gracias a un sector de la sociedad que aún insiste en que esta problemática permanezca en la clandestinidad”, agregaron. 

Desde el espacio afirmaron que en junio de este año, se reunieron con el secretario de salud del municipio de la Plata para exigir el acceso a las ILE, capacitaciones a los equipos de salud en perspectiva de género y acompañamiento en el acceso a derechos sexuales y (no) reproductivos. Lo hicieron además junto a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito regional La Plata y colectivas feministas que acompañan.

Solicitaron además, la garantía del acceso al misoprostol, a métodos anticonceptivos y la creación de nuevos espacios de Consejería en el territorio y para beneficio de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Denunciaron también demoras, obstaculizaciones y la falta de implementación de Leyes nacionales vigentes (Educación Sexual Integral y Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable), reclamos aún sin respuestas.