Cuando había pasado menos de un mes de la primera movilización masiva contra los femicidios, en 2015, el Ministerio Público Fiscal creó la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). Se trata de una unidad enfocada en violencia contra las mujeres y lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales. Y actúa en tres áreas: Análisis Criminal y Planificación, Política Criminal y Litigio Estratégico. Es decir, intervienen en investigaciones preliminares y genéricas, como en el caso de la causa por la represión en el último Paro Internacional de Mujeres el 8 de marzo. También tienen actuación autónoma por delegación de las fiscalías y actuación conjunta por pedido de colaboración de fiscales. Además, monitorean casos relevantes y producen herramientas de investigación y actuación judicial. Esta estructura especializada, una de las respuestas al reclamo de Ni Una Menos, peligra si se aprueba el proyecto de ley de reforma del Ministerio Público que propuso el oficialismo.
La propuesta de reforma fue presentada por el senador de Cambiemos Federico Pinedo y será debatido el miércoles. En primer lugar, la iniciativa acota el mandato del futuro procurador general a cinco años, con posibilidad de ser reelegido por otros dos. En la actualidad, este cargo es vitalicio. Además propone que sea designado a propuesta del Poder Ejecutivo con el aval de la mayoría absoluta de los miembros del Senado, es decir, de 37 legisladores, la mitad más unx. La ley actual requiere los dos tercios del cuerpo, 48 senadores, lo que sopone al menos un mayor consenso.
El proyecto no incluye la Dirección General de Políticas de Género, de la que depende la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), un área específica para combatir las violencias machistas. Se trata de las dos únicas estructuras especializadas que existen en el organismo. Por otra parte, también se suprimiría por esta ley la Dirección General de Acceso a la Justicia, de la que dependen las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (ATAJO), en las que tres de cada cuatro denunciantes son mujeres y canalizan conflictos por violencia machista, cuotas alimentarias, exclusiones del hogar.
Desde el Sindicato de Trabajadorxs Judiciales (SITRAJU Nación, CTA) expresaron que el proyecto de ley ”viola derechos básicos de lxs trabajadores y afecta la estabilidad laboral de empleadxs y funcionarixs”. Además, “desarticula la política criminal en defensa de los derechos humanos y la promoción de la igualdad de género, al eliminar todas las Procuradurías, Unidades Especializadas y Direcciones Generales”.
Esta omisión deja al MPF sin política criminal en materia de femicidios, abusos sexuales, violencia doméstica, violencia contra la comunidad LGBTI y el resto de los delitos.
A su vez, la propuesta de Cambiemos y sus socios políticos de distintos bloques -todos varones- plantea un retroceso en materia de paridad de género al interior del organismo. El proyecto incluye el requisito de ser fiscal general y con 10 años de antigüedad para desempeñar ciertas funciones. Esto no solo vulnera el principio de igualdad respecto de otros fiscales con menor antigüedad y con otras funciones, sino que es absolutamente discriminatorio contra las mujeres. La mayoría de ellas ingresaron en los últimos años y casi no hay mujeres que ocupen sus cargos hace más de 10 años.
Respecto de la autonomía del Ministerio Público Fiscal, el proyecto contempla que en el caso de un proceso de destitución de la persona a cargo de la Procuración se abandone el mecanismo del juicio político y se reduzcan las mayorías necesarias tanto para acusarla como para removerla. Se incluye la posibilidad de que la máxima autoridad del Poder Ejecutivo pueda instar la remoción de oficio y con su sola acusación o la de la Cámara de Diputados se suspende de manera automática. Ninguna Constitución provincial contempla medidas de estas características. La estabilidad será garantizada por la arbitrariedad del Poder Ejecutivo de turno. Recordemos que el organismo investiga, entre otros, delitos de corrupción en la administración pública, criminalidad económica y narcotráfico, delitos que permean las esferas de poder.
El debate comenzará en dos días. SITRAJU, mientras tanto, convocó a una asamblea general el martes 7 a las 12 del mediodía.
