La promulgación de la ley 27.610 en Argentina es el comienzo de nuestras vidas dignas de ser vividas. El inicio de nuestra ciudadanía plena, nuestra ciudadanía sexual. Con la conquista de esta normativa, el derecho a decir que no dejó de ser un privilegio masculino. Es el fin de un paradigma de casi cien años de criminalización y persecución que fueron revertidos con 50 años de lucha sostenida. Para el fin del patriarcado falta mucho y eso no saldrá por decreto o resolución de un gobierno, pero se abren nuevos horizontes de lucha con una ley que cuidar en una ruta allanada: clandestinas, nunca más. Con miedo a ir presas, nunca más. Niñas madres, nunca más. Zona de riesgo, nunca más. Muertas por decir que no, nunca más.
En un contexto en el que la muerte se ha naturalizado en la forma de reporte diario, la vida se impuso por sobre todas las especulaciones políticas, mezquindades y operaciones de quienes intentaron obstaculizar la votación para que no fuera un “triunfo del gobierno”. La pulseada la ganó la voluntad política de ampliar derechos.
Triunfó la ley del deseo y la política del “feminismo insistencialista”, como denomina a esa tenacidad militante propia de la política feminista la filósofa Amelia Valcárcel.
El primer proyecto presentado en el Congreso para revertir la criminalización y que el Estado garantice el derecho a interrumpir un embarazo fue en 1937. En 1992 la Comisión por el Derecho al Aborto presentó un proyecto de ley de Anticoncepción y Aborto a través de la diputada de la UCR, Florentina Gómez Miranda. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto hizo 8 presentaciones. El presidente Alberto Fernández lo había prometido en su campaña y en 2020 envió al Congreso su propia propuesta que retoma parte de las discusiones e iniciativas de la sociedad civil. “Hoy empezamos a escribir otra historia: la historia de buscar más derechos donde los desequilibrios aún existen”, dijo en el acto de promulgación en el Museo del Bicentenario.
“Ya no tendremos muertes en abortos clandestinos. Habrá menos lesiones en la salud de las mujeres. Habrá menos perforaciones de útero. Habrá menos humillaciones, menos sufrimientos y esa reparación que hace hoy el Estado nos enorgullece profundamente”, enumeró emocionada la Secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
La rosca para conquistar nuestros derechos tiene una línea de tiempo que va desde antes de la última dictadura cívico-militar entre la calle y el palacio. En 1973, en el día de la madre, feministas de UFA y activistas del Frente de Liberación Homosexual repartieron estos volantes en microcentro. “El embarazo no deseado es un modo de esclavitud. Basta de abortos clandestinos. Por la legalidad del aborto”, decían esos volantes.
Una foto en blanco y negro inmortalizó el primer 8 de marzo después del regreso de la democracia: en ella se ve una enorme concentración de mujeres en la plaza del Congreso y subiendo las escalinatas está María Elena Oddone, con un vestido claro entallado, sostiene un cartel grande que tiene absoluta vigencia por estos días: “No a la maternidad, sí al placer”. Era 8 de marzo de 1984. Oddone había sido fundadora del Movimiento de Liberación Femenina (MLF) y una de las referentes feministas de la década del 70. Su pancarta anticipaba una lucha que se sostendría, con distintas intensidades, narrativas y estrategias, más de tres décadas después.
Cualquier recorte será injusto y dejará nombres, construcciones, constelaciones y articulaciones afuera, pero todos los caminos conducen a un nombre: Dora Coledesky, abogada, sindicalista y trotskista. Nadie nace feminista. Dora Coledesky, como muchas, volvió feminista del exilio en Francia, al que partió en septiembre de 1976 con el golpe cívico-eclesiástico militar en marcha en Argentina. Allá militó en la Liga Feminista Revolucionaria de Francia (LCR) y conoció a otros y otras militantes de Latinoamérica. Volvió en 1984 decidida a pelear por el aborto legal en Argentina. Tres años después ya había creado, junto con otras, la primera organización que se propuso la legalización y despenalización desde el regreso de la democracia en el país: la Comisión por el Derecho al Aborto (Codeab), el antecedente más inmediato de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Entre fines de la década del 80 y principios de los 90, Dora Coledesky y un grupo de mujeres y activistas hicieron de la esquina de Rivadavia y Callao su búnker. Dos lunes al mes, de 18 a 19.30 horas, ponían una mesa plegable y se paraban con un megáfono. Repartían volantes que ellas mismas hacían a mano y vendían una revista, también artesanal. Desde 1989 hasta 2007, la Codeab editó dieciséis números de Nuevos Aportes sobre Aborto.
Se abalanzaban sobre las personas que pasaban por la vereda de la extinguida confitería El Molino y les pedían su apoyo. Algunas firmaban. Otras les contaban historias de abortos al oído. Muchos les gritaban a lo lejos “¡asesinas!”. Ellas insistían.
Las generaciones que siguieron continuaron ese legado de insistencia. Con la masificación del feminismo, a partir de 2015, todo fue desborde y sostener articulaciones que antes eran entre unas pocas. Las pioneras históricas, las de las generaciones intermedias que pusieron el cuerpo para garantizar la calle y los acuerdos, las políticas feministas que apostaron a la transversalidad, con los aprendizajes de construcciones que dieron el cupo, la paridad y la presencia en el Congreso, sumado a la irreverencia de las pibas: todo empujó para la conquista de este derecho.
“En esta lucha está en juego nuestra propia dignidad, y por eso decimos que no es una simple reivindicación: no ser consideradas como cosas, sino como seres humanos dispuestos a vivir una vida digna de ser vivida”, dijo Dora Coledesky Fanjul en junio de 2003. Hoy que tenemos la Ley Dora en vigencia la vida digna es ley.
