La Dirección General de Migraciones de Suecia le otorgó asilo político a María Teresa Rivera, una de las mujeres criminalizadas por emergencia obstétrica en El Salvador. María Teresa tuvo un parto precipitado extrahospitalario, primero fue acusada de aborto y luego fue condenada a 40 años de cárcel en 2012 por homicidio agravado. Pasó cuatro años y medio encerrada y el año pasado recuperó la libertad después de una revisión de su injusta condena. Sin embargo, la Fiscalía General de la República no aceptó esta sentencia absolutoria y presentó un recurso en contra de ella en junio de 2016. El recurso fue desestimado y ante esta permanente persecución y acoso, María Teresa y su hijo sintieron que su única alternativa era abandonar el país porque el Estado no les ofrecía ninguna garantía judicial.
“El Estado de Suecia reconoce que esta mujer fue víctima de una persecución judicial y política por el hecho de ser mujer”, dijo Morena Herrera, titular de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, en conferencia de prensa. Esta organización fue clave para la libertad de María Teresa ya que defendió su caso en el plano judicial y también empujó su visibilización a nivel nacional e internacional.
Entre 2000 y 2014 fueron 149 las acusadas de aborto u homicidio tras complicaciones con sus embarazos: 26 de ellas fueron declaradas culpables. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico llegó a estas cifras después de revisar cientos de expedientes judiciales y puso en evidencia una problemática estructural. En 2014 junto a Colectiva Feminista lanzaron la campaña “Las 17”, entre las que está María Teresa, para visibilizar estos casos. Con el paso del tiempo, conocieron más historias y tuvieron que cambiar el nombre a “Las 17 y más”. Desde 2006 el activismo feminista salvadoreño logró la liberación de 15 mujeres encarceladas.
La decisión del Estado de Suecia se dio a conocer el último 20 de marzo. Se trató de una gestión conjunta de Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Reproductivos y la solidaridad de la comunidad salvadoreña y sueca. “Es muy importante porque asegura la posibilidad de que María Teresa y su hijo puedan rehacer su vida con el acompañamiento que el Estado salvadoreño no le garantizó”, dijo Herrera.
Desde 1998, el aborto está prohibido en todas sus formas en el país más pequeño de centroamérica. Las consecuencias son criminalización y abortos inseguros. Unas 35 mil salvadoreñas abortan cada año en condiciones precarias.
Al menos 25 mujeres están encerradas acusadas de aborto u homicidio con penas muy altas. Mientras la criminalización no se detiene en el Congreso hay dos proyectos que disputan un cambio en la legislación: por un lado, una iniciativa de una treintena de organizaciones sociales apoyado por la diputada Lorena Peña, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), pretende despenalizar el aborto en caso de cuatro causales. Por el otro, una propuesta de los legisladores de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) que busca aumentar las penas para quienes abortan con hasta 50 años de cárcel.
El 3 de marzo de 2017 el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer de Naciones Unidas (CEDAW) en sus “Observaciones a El Salvador”, se debe revisar el Artículo 133 del Código Penal de El Salvador para despenalizar el aborto.
