Cuando sus compañeras de militancia pudieron ver el cuerpo de Angie Velázquez, ya estaba fría. Las autoridades del penal de Olmos demoraban el ingreso de Claudia Vázquez Haro, presidenta de Otrans, y de las demás visitantes con la excusa de que Angie estaba descompuesta. Cuando pasó una hora, les avisaron que había muerto. Recién ante la insistencia de las mujeres, pudieron verla. No había manera de que Angie hubiera muerto momentos antes; estaba helada.
“Ustedes la mataron”, increpó Maricielo Sinarahua al personal del penal antes de irse. Velázquez se encontraba privada de su libertad desde febrero de 2017. Sufría de una enfermedad crónica que requería de medicamentos y una dieta específica. Primero estuvo un mes en la comisaría 11 de Ringuelet. Compartía celda con presos varones y no le brindaban atención médica. La abogada de Otrans, Luciana Sánchez, presentó un hábeas corpus por ella y pasó a la unidad penal 32 de Florencio Varela. La madrugada del 16 de marzo fue trasladada al penal de Olmos, a doce kilómetros de la ciudad de La Plata, luego de una fiebre constante de 39 grados que el personal de atención de Varela no estaba preparado para manejar. Un día después, sus compañeras se enteraron de su muerte.
El fallecimiento de Angie es la segunda muerte de una travesti privada de su libertad en lo que va del año en la Argentina. La primera fue la de Pamela Macedo Panduro. Según las cifras del Proyecto de investigación TvT (2017) “Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM), en el año 2015 murieron 2 personas trans privadas de su libertad en todo el mundo, el año pasado no murió ninguna en esas condiciones. El Observatorio analizó información propia y de organizaciones que colaboran con sus estadísticas, de 69 países de Asia, África, América Europa y Oceanía. Solo las cárceles bonaerenses compiten con cifras mundiales. La violencia institucional al interior de los servicios penitenciarios es una de las causas de muerte de las personas trans y travestis en la Argentina y contribuye a su corta expectativa de vida.
Los personas trans están expuestas desde muy chicas a la marginación social -traducida en distintas violencias- que las vulnerabiliza. A fines del año pasado, el Ministerio Público de la Defensa porteño explicó en un informe que la expectativa de vida de las personas trans no llega a los 40 años. Angie murió a los 36. Distintas organizaciones han denunciado que los servicios penitenciarios argentinos no están preparados para brindar la atención necesaria para este colectivo específico y que las policías se ensañan de manera particular con esta comunidad. En la Argentina, el INDEC registró en la Primera encuesta sobre población trans 2012 que el 83% de las personas trans y travestis encuestadas había sido víctima de graves actos de violencia y discriminación policial.
La privación de la libertad de Angie tuvo serias irregularidades desde el momento de su detención. “La policía suele hacer razzias contra las travestis exclusivamente, las requisan, las desnudan y supuestamente les encuentran estupefacientes y les arman causas graves por lo que encuentran”, detalló Sánchez, que también es quien radicó la denuncia por “homicidio agravado en concurso con torturas por acción y omisión y en concurso con asociación ilícita”. Esta denuncia apunta a esclarecer las responsabilidades que tuvieron en la muerte de Angie el juez Juan Pablo Masi, los fiscales Álvaro Garganta y Marcelo Seiler, y el fiscal adjunto Christian Granados. “Hay asociación ilícita por parte del Estado en relación a la Justicia que parte desde la policía, los fiscales, los jueces y el servicio penitenciario. Es un mapa completo. De la denuncia no hemos tenido ningún tipo de respuesta”, explicó Vázquez Haro. “Los jueces tienen la obligación de revisar el accionar policial para ver justamente si las causas son armadas, si los delitos están inflados y ver que los procedimientos sean correctos. En general, lo que sucede es que los jueces convalidan lo que hace la policía sin cuestionarlo. Pueden actuar con mucha más impunidad porque saben que hay jueces que no controlan lo que tienen que controlar”, agregó Sánchez.
La muerte de Miss Latinoamérica Trans
En enero, a partir de la modificación de la Ley de Migraciones por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017, cualquier migrante puede ser expulsado por el simple hecho de que se haya iniciado una acción penal en su contra. Esta medida afecta directamente al colectivo trans: el 98% de las travestis que se encuentran en el penal de Varela son migrantes. No hay datos específicos sobre personas trans y travestis encarceladas sin condena pero el porcentaje de procesadas en la provincia de Buenos Aires pisa el 60%.
El año pasado, por primera vez en la historia de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), lxs expertxs de la Comisión recibieron un informe sobre los derechos humanos de las travestis y trans en la Argentina, elaborado por una coalición de 22 organizaciones que nuclean el activismo trans -como MAL, ALITT, el Bachiller Popular Mocha Celis, entre muchas- y de derechos humanos, como el CELS, el CIAJ y Andhes. Según este reporte, mientras sólo el 3% de la población total privada de libertad en el Servicio Penitenciario Bonaerense es extranjera, la población de mujeres trans y travestis extranjeras representa el 85% de la población total de mujeres trans y travestis privadas de su libertad. Aquí se evidencia el impacto de la doble discriminación.
Pamela Macedo Panduro murió el primer día de 2017 en el hospital Mi Pueblo, de Florencio Varela, a los 29 años. Había nacido en Nicaragua y en 2014 ganó el certamen Miss Latinoamérica Trans. Estaba presa en Varela desde hacía dos meses, también acusada de violar la Ley de Estupefacientes, la herramienta más común para la amenaza y el hostigamiento institucional que utiliza la policía contra el colectivo trans y travesti. En los últimos años distintos operativos en La Plata terminaron en detenciones por la supuesta comisión de delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Según Vázquez Haro, la totalidad de la población trans del penal de Varela se encuentra detenida por violar la ley antidrogas. “Muchas compañeras consumen. Cuando la policía las detiene en flagrancia y los fiscales caratulan la causa bajo el delito de narcotráfico, están abusando de su autoridad. Narcotraficantes o red de narcotráfico es otra cosa”, dice.
El 12 de septiembre del año pasado la sala 4 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata anuló un procedimiento policial por considerarlo vejatorio en grado sumo, a partir de una presentación de Otrans. Una semana antes, de madrugada, 25 mujeres trans y travestis migrantes fueron demoradas en una razzia -con requisas vejatorias en la vía pública, por policías varones y con desnudez forzosa- difundida en los medios platenses como operativo contra narcotravestis. Nueve fueron llevadas a la comisaría 9na. Solo una ellas tenía menos de un gramo de estupefaciente entre su ropa interior. El fallo Zambrano dio un antecedente legal del que agarrarse contra el ensañamiento cotidiano de las fuerzas de seguridad, aunque fue un hecho excepcional dentro del Poder Judicial, donde la regla es respaldar a la policía. El Observatorio de Violencia de Género, de la Defensoría del Pueblo de la provincia denunció el procedimiento de las fuerzas de seguridad a Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad.
“No todas las personas que venden drogas son travestis, sin embargo, a las prostitutas trans se las detiene casi exclusivamente por drogas. En los turnos de los juzgados ves en general que las únicas personas detenidas por cuestiones relacionadas con la ley de drogas son travestis. Esto también marca que las detenciones son ilegales, que hay un sesgo persecutorio contra un colectivo determinado”, dice la abogada Sánchez, apuntando a la selectividad penal que ya no tiene los viejos edictos para sacar de circulación a las travestis, pero sí la Ley de Estupefacientes -pese al fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que marca no penalizar el consumo personal- un instrumento para que salgan con miedo a la vía pública y para encerrarlas a diario.
Las represalias contra la organización OTRANS a partir de la denuncia de estos casos no tardaron en llegar. El 23 de marzo se detuvieron a otras tres militantes travestis bajo el mismo tipo de operativo, en el que denunciaron que las detenidas fueron sometidas a requisas vejatorias y humillantes. Priscila Guevara y Carla son testigos clave en el caso de Macedo Panduro, porque estuvieron privadas de su libertad en la misma comisaría de Ensenada en noviembre de 2016. Maricielo fue una de las que fue a visitar a Velázquez el día en que se cree que ocurrió su muerte.
Si las muerte de Angie y de Pamela dentro del sistema penitenciario bonaerense deben investigarse con la hipótesis de la violencia institucional atravesada por la violencia de género, fuera del sistema carcelario, el comité CEDAW pidió a la Argentina que los asesinatos contra el colectivo trans tengan “investigaciones, procesamientos, condenas y reparaciones”, un llamado contra la impunidad. Vázquez Haro percibe una acentuación de la marginalización de la comunidad trans a partir de lo que llama un “vaciamiento de políticas públicas” en todo el país por parte de la gestión del presidente Mauricio Macri. “Tiene que ver con las políticas de mano dura que se han implementado con este nuevo gobierno. Esto no pasaba antes, las compañeras no morían privadas de su libertad”, agregó.
