Ni Una Menos y el desafío de cambiarlo todo

Victoria Freire es socióloga y Coordinadora del Observatorio de Género y Políticas Públicas. Escribe esta columna de opinión por los 5 años del primer grito por Ni Una Menos.

Todas coincidimos en que el 3 de junio de 2015 que nos convocó en todas las ciudades y frente al Congreso, donde no cabía un alfiler de la cantidad de gente que había, fue un antes y un después en la historia de nuestro país. Desde entonces cada movilización despertó una marea de pibas, viejas, lesbianas, travestis, no binaries, mujeres de todos lados que nos volvimos a encontrar una y otra vez para construir un movimiento feminista, popular, diverso y democrático.

¿Qué cambió desde entonces?  

Hay dos cambios sustantivos. El primero tiene que ver con la irrupción en la agenda pública del movimiento feminista como actor político con demandas muy concretas y un proceso de organización que no tiene límites. Algunos de los hechos más significativos son el debate sobre el proyecto de aborto con sus vigilias e intervenciones, las marchas por los femicidios, transfemicidios y travesticidios, la paridad en las listas, la visibilización de la agenda de cuidados, el lenguaje inclusivo, la lucha por la ESI, la libertad de Belén y de Higui, los encuentros plurinacionales, la Ley Micaela y muchos otros eventos que dieron vida a un sujeto político con capacidad de acción y de interpelación masiva.

El otro cambio es negativo, estamos mucho peor que cuando decidimos salir por primera vez. Los cuatro años de gobierno de Cambiemos y el actual contexto de pandemia agravaron las condiciones de vida de toda la población y en particular de las mujeres, travestis y trans. Todos los indicadores empeoraron durante este tiempo: desocupación, reducción del ingreso de las familias, inflación, recortes en la seguridad social, y la onerosa deuda que se contrajo para ser fugada por un grupo reducido de empresarios. Por eso era tan crucial para el movimiento feminista ponerle un freno al modelo neoliberal que implementó Mauricio Macri, aunque alguna funcionaria obnuvilada lo haya presentado como “el feminista menos pensando”. Por el contrario, las feministas fuimos parte de la gesta popular y democrática que logró derrotar ese proyecto oligárquico, para tener hoy la oportunidad de escribir otra página de nuestra historia.

Lo que no cambió

Las cifras de femicidios y travesticidios nos muestran que a pesar de todo las violencias machistas persisten. Probablemente aunque no se haya hecho ningún diagnóstico al respecto que lo pruebe con datos certeros, el empeoramiento de las condiciones sociales y económicas tenga un correlato en la forma en que se manifiesta la violencia hacia mujeres, lesbianas y trans. En algunos lugares del país compañeras que están llevando adelante dispositivos de atención señalan preocupadas que ven un aumento de la violencia en términos cualitativos. Será tarea de los organismos públicos centralizar y analizar esta información. Lo que sí podemos señalar es que la violencia de género es estructural e histórica, y desarmarla es una ardua lucha para la que hay que ser muy creativas porque lo que se hizo hasta ahora no fue suficiente.

Lo que hay que cambiar

La visibilización de las violencias no es el único objetivo, aunque era central la primera vez que nos convocamos. Hoy estamos en el inicio de una nueva etapa política y necesitamos avanzar en acciones concretas que mejoren la vida de quienes más están padeciendo las injusticias. Necesitamos que haya presupuesto para las políticas públicas que deben garantizar los derechos que conquistamos.

La principal batalla en este contexto, reforzada por la pandemia pero antecedente, es en torno al reparto de la riqueza y es fundamental empujar desde una perspectiva feminista. ¿Por qué? Porque la pobreza tiene género. Porque de esto sí tenemos datos: en los barrios populares apenas 3 de cada 10 mujeres activas tiene un trabajo con ingreso. La desigualdad de género es mucho mayor que en cualquier otro segmento de la población. El 64% de los hogares en los barrios populares está a cargo de mujeres, y cuando decimos barrios populares nos referimos a territorios donde no hay cloaca, ni red de agua potable ni luz eléctrica, y por supuesto tampoco gas natural, ahora que se viene el invierno.

Hay dos cuestiones que están proponiendo en este contexto las organizaciones sociales que agrupa la Unión de Trabajadorxs de la Economía Popular: el proyecto de ley de emergencia en violencia de género, que ofrece herramientas económicas para las compañeras que están en una situación de violencia sin hogar ni trabajo, es el único proyecto sobre violencia impulsado por una unión sindical. Por otro lado el aumento del Salario Social Complementario y el programa Hacemos Futuro, de ahora en más “Potenciar Trabajo”, para que el monto sea mayor que $8500 y haya nuevas altas de personas que hoy lo precisan. ¿Cómo está conformada la población inscripta en estos programas? El 62% de quienes perciben el Salario Social Complementario y el 74% el Hacemos Futuro son mujeres.

Esta no es una lucha coyuntural que se resuelve con algún aumento, más bien es una pelea de fondo. Reconocer el trabajo de las compañeras tiene que significar redistribuir. Para construir una agenda de cuidados hay que que empezar por las que menos tienen, sin dejar de señalar y desarmar las desigualdades que nos afectan a todas. ¿Podemos desarrollar nosotras una agenda económica, además de cultural y educativa, donde desarrollemos propuestas realmente integrales? Algunas pensamos que no solo es posible sino urgente. Podemos impulsar un ingreso universal para que nadie pase hambre en nuestro país, y que cubra de ese modo a las principales trabajadoras sin ingresos que son las mujeres. Desarrollar una política de urbanización que reconozca y titularice a quienes viven en lotes precarios, y que sabemos en su mayoría son hogares sostenidos por mujeres. Garantizar una salud de calidad que llegue a todos los territorios y acompañe todas las decisiones. Promover los derechos laborales, especialmente en los trabajos más precarizados donde nuevamente la mayoría son mujeres, y el acceso al empleo para las personas travestis y trans. Promover políticas reparatorias para la seguridad social que restituya la jubilación, cuya falta afecta fundamentalmente a las mujeres. Y sobre todas las cosas alimentar la participación política, la voz de las más excluidas y la organización social para que los cambios sean realmente para todes. La paridad debe ser en todos los ámbitos y debe incluir a quienes se excluyó históricamente. Nadie dice que sea fácil, pero si no lo intentamos es probable que no cambie nada.