“Que ninguna otra mujer pase por lo mismo”, dijo Belén cuando salió en libertad, en agosto del año pasado, después de pasar casi 900 días presa por un delito que no había cometido. Que ninguna otra pase por lo mismo, ni que tenga miedo de ir al Hospital, ni sea víctima de la violencia institucional y machista por una complicación obstétrica. Ese también es el deseo de todo el movimiento de mujeres de la Argentina que la acompañó hasta su liberación: nunca más otra Belén.
Esta semana la joven tucumana fue absuelta por una decisión unánime de la Corte Suprema provincial. El caso fue un punto de inflexión para el feminismo: logró ponerlo en agenda con la potencia de las redes sociales a través de tuitazos y la presencia de los cuerpos en las calles con manifestaciones simultáneas nacionales. Desde la provincia más pequeña del país, Belén se convirtió en causa nacional. Se logró su liberación y empujó su absolución. Una demostración más de la ética feminista: “si tocan a una, tocan a todas”. El fallo de 86 páginas que lleva la firma de los vocales Oscar Posse, el presidente del cuerpo, Antonio Gandur, y el otro vocal, Antonio Estofan, es histórico. Habla de “violencia institucional acaecida en el ámbito médico y judicial” que se “enanca inmediatamente con la cuestión de género”. Demuestra que lxs operadores de justicia tienen jurisprudencia y doctrina disponible para hablar de la violencia machista por su nombre. El fallo tiene que ser punto de partida para que nunca más haya otra Belén.
¿De qué manera el Estado repara el daño que le provocó a esta joven tucumana por pasar todo el tiempo que pasó detenida de manera injusta y arbitraria? [rad-hl]La prioridad es que sean investigados los efectores de salud del Hospital Avellaneda, de San Miguel de Tucumán, que violaron el secreto profesional y la convirtieron de paciente en criminal bajo la lupa de una sospecha sexista. Así como también todxs lxs operadores judiciales que no escucharon su palabra, que la criminalizaron y no respetaron las garantías procesales.[/rad-hl] El fallo absolutorio cuestiona y deja sin efecto la decisión de la Sala III de la Cámara Penal que la condenó a 8 años de prisión en 2016 por un aborto espontáneo. Los jueces del máximo tribunal provincial cuestionaron todo el proceso: la valoración arbitraria de pruebas, las irregularidades en la investigación-como la falta de un cotejo genético- y la actuación de la defensora oficial.
Tanto enfermeras, médicxs, como operadores judiciales siguen en sus puestos de trabajo. La Red de Profesionales de la salud por el Derecho a Decidir fue el único espacio que inició una acción para que sean sumariados lxs efectores de salud. La investigación administrativa estaba frenada hasta que la Corte resolviera el caso. Ahora, con el fallo absolutorio dictado esta semana, debería reabrirse.
Para que nunca más haya otra Belén es fundamental, además, que los gobiernos provinciales elaboren los protocolos de atención en casos de abortos legales. A cinco años del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que exhortó a las provincias a hacerlo, solo nueve de ellas cuentan con protocolos que respetan esas pautas. Siete jurisdicciones tienen guías de atención con requisitos ilegítimos, establecidos de manera arbitraria y de espaldas al fallo que en la práctica son obstáculos para poder abortar. Y ocho directamente no cuentan con protocolos para intervenir cuando una mujer víctima de violación llega a un Hospital o se acerca porque está en riesgo su salud.
[rad-hl]Para que nunca más haya otra Belén es urgente que el Congreso nacional de tratamiento al proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito [/rad-hl] . Una iniciativa que ya fue presentada por sexta vez y no pasa el umbral de las comisiones. La falta de una ley que clarifique los derechos de las mujeres y todxs lxs gestantes a decidir sobre sus propios cuerpos empuja a muchas a los abortos inseguros. [rad-hl] En 2015 murieron 55 mujeres por abortar, 12 más que en 2014, según cifras oficiales del Ministerio de Salud de la Nación. Los organismos creen que esa cifra podría duplicarse [/rad-hl]. Los datos corroboran aquello que trata de ponerse sobre la mesa ante debates maniqueos: la legalización y despenalización es un tema de salud pública, no tiene que ver con la moral, ni la ética, ni mucho menos con la religión.
A su vez, el déficit de una ley que despenalice y legalice el aborto y la ausencia de lineamientos claros para los efectores de salud empuja a las mujeres a la criminalización. [rad-hl]En los últimos años se registraron al menos 15 casos de mujeres judicializadas como Belén por emergencias obstétricas o por abortar. [/rad-hl] 15 casos que tuvieron red en el feminismo organizado y cobertura mediática, pero pueden ser muchas más. La falta de una legislación clara convierte a los cuerpos gestantes en rehenes de sus propios úteros. Dejan de ser pacientes para ser criminalizadas.
Ante las trampas del sistema de salud que sospecha de todas , de los operadores judiciales que bajo la lupa de la moral convierten en casos policiales a situaciones de emergencias obstétricas es evidente que la ley de aborto legal, seguro y gratuito es clave para dejar de contar muertes de mujeres que abortan o mujeres criminalizadas. Es la llave para que nunca más haya otra Belén en Argentina.
