Irina Ceballos, Secretaria de la Junta Directiva de la Organización Mujeres con Dignidad y Derecho de Panamá (MDDP), fue detenida arbitrariamente, golpeada y privada de su libertad, mientras trabajaba en la esquina de la Plaza 5 de Mayo en Panamá el sábado 1 de abril. Desde la Red Latinoamericana de Trabajadoras Sexuales (RedTraSex) denunciaron el hecho de violencia institucional en un comunicado.
La madrugada del sábado pasado Irina estaba junto a dos compañeras cuando llegaron dos agentes de policía a decirles que se movieran de esa calle, que no deberían estar allí. Una de ellas preguntó cuál era la razón, a lo que los policías respondieron con insultos, le pidieron la cédula y la arrestaron. La llevaron detenida a la Estación de San Miguel. Irina fue hasta ahí a preguntar por su compañera y le indicaron que era porque no tenía cédula y a sus reclamos respondieron con nuevos insultos. Ahí fue cuando un policía sacó gas pimienta para arrojárselo. “Cuando el agente sacó el gas, yo corrí porque no quería que me lo tirara. En ese momento fue que el agente me correteó y me pateó en el pie para que me cayera, al pararme me arrojó contra un auto, me detuvo y me llevó hacia la subestación a empujones”, contó luego.
Irina junto a las otras dos compañeras fue detenida arbitrariamente, les negaron el derecho a una llamada e ir al baño, la respuesta a sus continuos reclamos fue arrojarles más gas pimienta dentro de la celda. Luego de más de 12 horas privadas de su libertad, salieron tras pagar cada 15 dólares de multa.
En marzo, el reclamo de las trabajadoras sexuales llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). María Lucila Esquivel, presidenta de Unidas en la Esperanza, organización de Paraguay habló de los asesinatos de trabajadoras sexuales. Según el documento que compartió, entre 2013 y 2016 se han documentado 28 asesinadas en Honduras; en El Salvador fueron 27 los feminicidios en ese mismo período y en República Dominicana, 14. La mayoría de esos femicidios fueron porque las mujeres se negaron a trabajar para proxenetas, a abonar cuotas para las mafias, las maras y las fuerzas de seguridad o denunciaron a sectores de poder.
Cuando fue su turno para hablar Adela Ainez Cabrera, de El Salvador, describió las amenazas, las situaciones de encierro, la extorsión a cambio de favores sexuales, la violencia física y psicológica que sufren por parte de la policía. “Sentimos impotencia. Sentimos que los que deberían darnos seguridad no nos la dan”, expuso. Dejó en claro que en vez de perseguir a proxenetas y explotadores, las fuerzas de seguridad en América Latina las persiguen a ellas. Si bien 7 de cada 10 trabajadoras sexuales fueron víctimas de violencia en el último año; 8 de cada 10 no hacen denuncia por miedo a represalias y desconfianza a la Justicia.
Crímenes de lideresas en la región
En Argentina, Sandra Cabrera fue asesinada el 27 de enero de 2004. Era dirigente sindical de las Trabajadoras Sexuales y la mataron después de denunciar la complicidad entre la policía y el crimen organizado para tratar y explotar sexualmente a niñas y adolescentes. En el Salvador, “Karla” Angélica Quintanilla presidía la Asociación Liquidambar y trabajaba junto a la Organización Orquídeas del Mar en la denuncia de la violación de los derechos laborales que viven las mujeres trabajadoras sexuales. Fue asesinada el 6 de mayo de 2016: le dispararon desde un auto.
