Olivia Arévalo Lomas tenía 81 años. Era una reconocida lideresa de la etnia shipibo-konibo, defensora de la Amazonía peruana, guardiana de la medicina tradicional y de los cantos sagrados de su pueblo (Íkaros). Fue asesinada el último jueves de cinco balazos en el pecho. Estaba en la comunidad intercultural Victoria Gracia, ubicada a 20 minutos del distrito de Yarinacocha, en la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.
La Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes – Feconau- máxima instancia del pueblo Shipibo condenó enérgicamente “estos hechos de sangre que enluta su familia y al pueblo Shipibo en su conjunto”. Y exhortaron al Estado peruano para que “brinde garantías la vida de otros líderes indígenas del pueblo Shipibo Konibo que hoy enfrentan amenazas de muerte,hostigamientos”.
La Defensoría del Pueblo de Perú pidió protección para los y las familiares de Olivia Arévalo Lomas. A través de un comunicado advirtió el contexto en el que se dio este asesinato: “el creciente incremento de actividades como la tala ilegal de madera, minería ilegal, tráfico de tierras y narcotráfico, ha colocado en una situación de especial vulnerabilidad a los integrantes de pueblos indígenas, poniendo en riesgo las vidas e integridad de sus miembros, especialmente, la de sus dirigentes y líderes”.
Su crimen no es un hecho aislado. En 2013 fue asesinado Mauro Pio Peña, jefe de la comunidad nativa asháninka de Nuevo Amanecer Hawai, en 2014 murieron cuatro dirigentes indígenas ashéninkas de la comunidad nativa de Alto Tamaya Saweto, en 2015 líderes y miembros de la comunidad nativa shipibo-conibo de Santa Clara de Uchunya sufrieron amenazas.
Su crimen no es un hecho aislado. En 2013 fue asesinado Mauro Pio Peña, jefe de la comunidad nativa asháninka de Nuevo Amanecer Hawai, en 2014 murieron cuatro dirigentes indígenas ashéninkas de la comunidad nativa de Alto Tamaya Saweto, en 2015 líderes y miembros de la comunidad nativa shipibo-conibo de Santa Clara de Uchunya sufrieron amenazas.
“Es obligación del Estado realizar acciones tendientes a evitar estos hechos, iniciar las investigaciones correspondientes, individualizar a los responsables y establecer las sanciones pertinentes”, señalaron desde Defensoría del Pueblo.