Dos días antes de las movilizaciones por el 8M, el Palacio Nacional, en el zócalo de la Ciudad de México, amaneció cercado. Un muro metálico de más de tres metros de altura se alzó de la noche a la mañana y despertó la bronca de buena parte de la ciudadanía: nunca antes este gobierno había tomado una medida igual frente a una manifestación. “Es un muro de la paz”, argumentó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), una división para evitar “la vandalización” y los “enfrentamientos”. Es un muro de guerra, dijeron las “morras”. Y su respuesta no tardó: por la noche mujeres, bisexuales, lesbianas, travestis, trans y personas no binarias corrieron al centro capitalino y montaron una performance que incluyó pintar, a lo largo y alto, los nombres de todas las víctimas de feminicidios que pudieron. Luego, lo llenaron de flores. Para el mediodía del día 8, cuando comenzaría la marcha, la desconfianza, tristeza y enojo por la medida ya habían hecho su caldo de cultivo.
México es el segundo país de América Latina con mayor violencia feminicida. Según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (Ocnf), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) y el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Comité Cedaw), en México se cuentan 10 feminicidios por día. Durante el 2020, año de la pandemia, 3.752 mujeres fueron asesinadas y solo el 26% de estos casos fueron caratulados como feminicidios. Además, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) señala que cada 3 días es asesinada una persona LGTB+ y que sólo el 10% de estos crímenes son tipificados como crímenes de odio.
“Esto es nuevo… estas protestas contra el gobierno, con la bandera del feminismo, cuando en realidad está impulsado por el conservadurismo que está sintiendo afectados sus intereses y privilegios”, dijo AMLO en conferencia de prensa la mañana siguiente a la movilización. Fue en respuesta a las preguntas que cuestionaban el accionar de las fuerzas de seguridad y la represión que se vivió en el centro de la ciudad capital: un saldo de al menos 12 agresiones a la prensa, 4 contra integrantes de brigadas defensoras de derechos humanos, uso de extintores, gases lacrimógenos y métodos de “encapsulamiento” a manifestantes por más de tres horas por parte de la policía de la Ciudad, entre otras violencias que hicieron de la marcha un caos casi constante. El presidente denunció un “acto de provocación abierto” orquestado por la oposición y hasta -en plena crisis sanitaria- chicaneó a las manifestantes: “Por eso ante una causa tan noble, que es la defensa de los derechos de la mujer, no llenan el Zócalo”. López Obrador se recuperó tan sólo hace algunas semanas de Covid-19 y en su primera aparición pública admitió que seguiría sin usar cubrebocas, como desde el inicio de la pandemia. México lleva un acumulado de 2 millones 150 mil casos y casi 200 mil muertes. Tan sólo ayer, se sumaron más de 600 víctimas fatales.
Para Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, el pasado 8 de marzo “no hubo abuso policial”. En conferencia de prensa, durante la tarde-noche de ese mismo día, cargó las tintas sobre posibles infiltrados, negó el uso de gases lacrimógenos y pidió comprensión para las policías de los cordones que “también son mujeres”. Pero admitió haber pedido la destitución del jefe de la Policía por abuso policial y agresión contra mujeres fotógrafas y periodistas, además de otros elementos de la fuerza. Al día siguiente la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reconoció que hubo policías vestidos de civil durante la manifestación.
Tanto AMLO como Sheinbaum prepararon sus exposiciones con una selección de videos en los que se ve a varones y a manifestantes encapuchadas lanzar cosas o prender fuego los cordones policiales. Sin embargo, a través de transmisiones en Facebook Live de grupos como la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta (un equipo que desde 2012 brinda auxilio de manera profesional y voluntaria a la población en contexto de movilización y protesta social), se pudo observar durante todo el día cómo varones vestidos de civil, al lado y en diálogo con la policía uniformada, lanzaban piedras y provocaban a las manifestantes. También se registraron los encapsulamientos, una práctica de antaño que en los últimos tiempos reapareció, que implica encerrar a pequeños grupos de manifestantes en un círculo con un doble o triple cordón policial, sin razón ni negociación posible, con el fin de desgastarlas y dispersarlas.
“En México se protege el Palacio Nacional antes que a las mujeres de los feminicidas y los violadores. En México va a la cárcel una mujer que aborta antes que un candidato violador”, se leyó en una carta pública enviada a AMLO, con firmas de más de 2500 activistas, periodistas, artistas y defensoras de derechos humanos. Le exigían un “alto a su desdén”: “Estamos hartas de que nos descalifique, no somos un partido político, somos una voz colectiva”.
Por su parte, la cantautora chilena radicada en México, Mon Laferte, escribió en su cuenta de Twitter: “Señor presidente con todo el respeto vengo a pedirle que dé un paso atrás y medite. Me gustaría que comprendiera que el movimiento feminista no fue creado por sus opositores y que no se trata de usted”. Y agregó: “A mi me gustaría que usted fuese recordado como el primer presidente de México que rompió el pacto y que comenzó con una transformación completa”.
#PresidenteRompaelPacto fue la campaña que en las últimas semanas tuvo en el centro de la escena al candidato a gobernador de Guerrero por el partido oficialista, Félix Macedonio Salgado, denunciado por abuso sexual. “Son tiempos de elecciones y hay acusaciones de todo tipo”, había respondido López Obrador ante el pedido de baja del candidato. “No podemos permitir los linchamientos, (…) fabrican víctimas, fabrican delitos. (…) que decida el pueblo de Guerrero”. Las últimas encuestas volvieron a ubicarlo como candidato preferencial.
Cuarta ola: avances y retrocesos
En 2020, la manifestación del 8 de marzo en la capital sumó más de 200.000 participantes según las convocantes y fue la más grande registrada luego de las de la masacre de Ayotzinapa. El paro económico nacional #UndíaSinNosotras, que se realizó un día después, provocó pérdidas estimadas en 1.850 millones de dólares, según la Asociación Mexicana de Dirección de Recursos Humanos. Todo indica que en los últimos años la avanzada feminista en México no sólo acompañó sino que fue también punta de lanza en la región. La aprobación de la ley de legalización del aborto en Oaxaca en 2019 (segundo Estado en legalizar la práctica luego de Ciudad de México en 2007), la creación de la Ley Olimpia, que contempla sanciones a quienes ejerzan violencia digital o ciberacoso sobre las mujeres, la Reforma Constitucional sobre paridad en todos los cargos de decisión de los tres poderes del Estado, la aprobación de la Ley Agnes, que reconoce la identidad de género autoapercibida de las personas, la toma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para convertirla en un refugio feminista o la promoción de proyectos como la Ley de Menstruación Digna, que propone quitar los impuestos a los productos de gestión menstrual, fueron algunos de los avances y triunfos para el movimiento en el país.
Sin embargo, la contraofensiva antiderechos amenaza la curva creciente. El 2 de marzo el Estado caribeño de Quintana Roo rechazó la legalización del aborto, luego de una toma feminista en el Congreso que duró tres meses. En 2020, el Estado de Querétaro, con una de las legislaciones más restrictivas de todo el país, había rechazado incorporar el peligro de vida de la gestante y la malformación genética del producto como causales de despenalización. Lo mismo pasó en Guanajuato, que tiene iguales restricciones y en donde se presentaron iniciativas para ampliar causales y despenalizar hasta la semana 12 de gestación. Unos meses más tarde, Michoacán rechazó el proyecto de legalización presentado en el Congreso. Luego, la Suprema Corte de Justicia tuvo que analizar un dictamen elaborado por uno de los magistrados que le ordenaba al Congreso de Veracruz que reformara su Código Penal para despenalizar el aborto antes de las 12 semanas, pero finalmente la Primera Sala votó por mayoría en contra de la propuesta, lo que desató protestas multitudinarias.
Durante el confinamiento las mexicanas se manifestaron sin pausa: las encapuchadas se enfrentaron a policías, jueces y narcos para exigir justicia por sus asesinadas y desaparecidas, las indígenas defendieron sus tierras, las cuidadoras enfrentaron las violencias del sistema sanitario. Pero siguieron matándolas de a una decena por día. El avance de los feminismos en el país se encontró limitado por un gobierno que no sólo no entiende las implicancias políticas del movimiento, su contexto e internacionalismo, sino que además desfinancia los programas de géneros para canalizar los presupuestos hacia otras carteras, y que cada vez profundiza más su retórica de confrontación y desprestigio.
El muro de este 8 de marzo fue una metáfora de la imposibilidad de diálogo entre el Estado y los feminismos en el país: un “hasta acá llegaron”, una grieta que al día de hoy parece irreconciliable. Casi un grito de guerra. Este 2021 es año electoral en México. El gobierno tendrá que decidir si mantiene su dirección y enfrentamiento hacia los colectivos feministas y de las diversidades o si hace honor a sus promesas y se pone a la altura “Cuarta transformación” que predica.
