El convenio 190 se aprobó en 2019 en la 108° conferencia anual del organismo internacional. Sin embargo, los empresarios argentinos (empresarios con O porque son mayoritariamente varones) se abstuvieron. Desde ese momento, esa bandera se convirtió en un reclamo del colectivo de mujeres sindicalistas organizadas: el espacio conformado por referentes de las cinco centrales obreras y de los movimientos sociales. Por caso, el 5 de febrero de este año hubo una reunión en el anexo de la Cámara de Diputadxs impulsada por la Red Nacional Intersindical contra la Violencia Laboral, en donde sindicalistas y legisladores pidieron la “ratificación urgente” de dicho convenio. Allí estuvieron, entre otros, diputadxs de extracción sindical como Vanesa Siley (Judiciales), Walter Correa (Trabajadores del Cuero), Patricia Mounier (SADOP), Claudia Ormachea (Bancarios) y María Rosa Martínez, a la que se sumó la diputada en la provincia de Buenos Aires Soledad Alonso (Secasfpi) todos ellos militantes de la Corriente Federal de Trabajadores. En el Congreso hay presentados por lo menos dos proyectos, de Vanesa Siley y Hugo Yasky, que proponen la ratificación del convenio, y los diputados se comprometieron ante la Red a trabajar para la ratificación.
Los empleadores argentinos se abstuvieron en la votación del Convenio 190 contra la Violencia de Género y Acoso Laboral que se aprobó en el cierre de la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra.
¿Qué es el convenio 190?
Según la letra de molde:
- a) la expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género, y
- b) la expresión «violencia y acoso por razón de género» designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual.
En concreto, los países miembros que adoptaron este convenio deberán procurar la prohibición legal de la violencia y el acoso; velar por políticas pertinentes que aborden la violencia y el acoso; adoptar una estrategia integral a fin de aplicar medidas para prevenir y combatir la violencia y el acoso; establecer mecanismos de control de la aplicación y de seguimiento o fortalecer los mecanismos existentes; velar por que las víctimas tengan acceso a vías de recurso y reparación y a medidas de apoyo; prever sanciones, teniendo en cuenta que este Convenio se aplica a todos los sectores, público o privado, de la economía tanto formal como informal, en zonas urbanas o rurales; desarrollar herramientas, orientaciones y actividades de educación y de formación, y actividades de sensibilización, en forma accesible y garantizar que existan medios de inspección e investigación efectivos de los casos de violencia y acoso, incluyendo a través de la inspección del trabajo o de otros organismos competentes.
Reunión con las sindicalistas
El último viernes, el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación convocó por primera vez a una reunión ampliada con sindicales. El encuentro fue en el Museo del Bicentenario y contó con más de 300 mujeres gremialistas que llevaron parte del folklore sindical. Esta vez no estaban los bombos pero si las pecheras y el cantito clásico que esta vez también fue entonado por las funcionaras: “Unidad de las trabajadoras y al que no le gusta que se joda, que se joda”. En la apertura del encuentro junto a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta y la secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, Cecilia Merchan, estuvieron presentes Yamile Socolovsky, de la CTA de los Trabajadores—quien ocupa el lugar que dejó vacante Estela Díaz al asumir como ministra en la provincia; Claudia Baigorria, de la CTA Autónoma; Noe Ruiz, de la CGT; Mara Rivera, de la Corriente Federal de Trabajadorxs y Jackie Flores, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.
En su discurso de apertura, Gómez Alcorta hizo referencia a la “tensión” que debe existir entre el ministerio y los sindicatos: “Entendemos que esta es una herramienta política la de los sindicatos, una herramienta la cual nosotras valoramos particularmente y creemos que desde el Ministerio, desde la herramienta institucional, tenemos que ser aliadas inclaudicables a pesar de que sabemos que nos van a tensionar, sabemos que el movimiento de las mujeres sindicalistas nos tiene que desbordar del mismo modo que nos tiene que desbordar el movimiento de mujeres en la calle porque nosotras vamos a ser al revés desde este rol institucional, trabajando con las tensiones y las posibilidades, pero el movimiento nunca se tiene que conformar con las posibilidades porque siempre hay que reclamar más. En esa sana tensión y en esa sana convivencia, nosotras las consideramos compañeras estratégicas en el reclamo de todos los derechos”.
Después de las palabras de todas las que ocupaban la mesa central, se formaron, al estilo asambleario, dos grandes grupos de debate. Uno dirigido por la subsecretaria de Políticas de Igualdad Pilar Escalante dedicado a abordar el tema de “cuidados” y el otro, coordinado por la subsecretaria de Políticas de Diversidad Alba Rueda, dedicado a la participación de las mujeres y diversidades en el mundo del trabajo formal. Fue en este grupo en donde las violencias fueron un eje central y allí el convenio 190 fue uno de los ejes principales de las demandas, aún sin saber que dos días después, el propio presidente tomaría cartas en el asunto.