El 2 de septiembre bajo el título de “operativo exitoso” el presidente de Paraguay Mario Abdo Benítez, a través de su cuenta de Twitter, anunciaba el “abatimiento” de dos “integrantes del EPP” como consecuencia un enfrentamiento de militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y un grupo de civiles armados en la localidad de Yby Yaú, departamento de Concepción. Lo que hoy sabemos y está confirmado por la investigación es los militares de la FTC asesinaron a dos niñas argentinas. Se trató de un crimen de Estado.
Después de distintas versiones oficiales, irregularidades y hasta mentiras; las niñas fueron identificadas como María del Carmen y Liliana Villalba. Ingresaron a Paraguay desde la Argentina el 19 de noviembre de 2019, de a cuerdo al fiscal Federico Delfino. Eran hijas de integrantes del EPP. María Carmen sería hija de Manuel Cristaldo Mieres y Liliana Villalba, mientras que Lilian Mariana sería hija de Osvaldo Villalba y Magna Meza, todos miembros del EPP. A su vez, eran sobrinas de Carmen Villalba, presa política del EPP, desde 2004.
El Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) es una organización autodenominada guerrillera activa desde el 2008 que se le atribuye la perpetración de varios secuestros. Con el fin de atrapar a los principales líderes del EPP, en 2013 con un presupuesto de 14 millones de dólares fue creada la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), como una unidad especial de las Fuerzas Armadas de Paraguay.
Los cuerpos de las niñas fueron enterrados sin habérseles realizado la autopsia, además, se destruyeron evidencias como la ropa por protocolo sanitario debido a la pandemia del Covid. Esto último, se contradice con la guía oficial del Ministerio de Salud que solo se aplica a personas fallecidas con sospecha de coronavirus y, aún en ciertos casos, se permiten autopsias si son necesarias.
El número de ataques documentados contra niños, niñas y adolescentes en zonas de conflicto se ha triplicado desde 2010, con un promedio de 45 violaciones por día, según un informe de UNICEF. En 2018, más de 12 mil niños y niñas murieron o resultaron heridxs a causa de la violencia relacionada a conflictos.
Mariana de Jesús Ayala López es paraguaya, tiene 76 años y es la abuela de las nenas. Vive en Puerto Rico, Misiones. Entrevistada por el Equipo Misionero de DD.HH, Género y Justicia -mientras mostraba fotos de las nenas e identificaba cada una de ellas- aseguró que efectivamente tenían 11 años de edad y estaban viviendo con ella hasta que fueron a Paraguay porque querían “conocer a sus padres”. Con respecto a las declaraciones del gobierno de Paraguay ella señaló: “dicen todo lo que se les da la gana, porque están en infracción, porque mataron a dos niñas y no saben cómo hacer para salir de esta situación. Se valen de la mentira, de la difamación”.
Una cronología de contradicciones, irregularidades y mentiras
Horas después de publicada la información inicial aquel 2 de septiembre y luego de que se hiciera eco en varios medios locales paraguayos, aún se desconocía la identidad de las personas “abatidas”. En redes sociales especulaban que se trataba de Magna Meza y Liliana Villalba, conocidas dirigentes del EPP. El mismo día se filtró la información que los dos integrantes que habían sido abatidos eran en realidad dos adolescentes mujeres.
Finalmente, el 3 de septiembre el médico forense Cristian Ferreira, encargado de la identificación, explicó en una conferencia de prensa que eran dos cuerpos del sexo femenino y que según sus características uno de los cuerpos tenía una edad aproximada de 17 a 18 años y el segundo cuerpo una edad aproximada de 15 años. A partir de esta comunicación oficial, empezó una cronología de dudas y contradicciones sobre los comunicados oficiales.
Genoveva Oviedo Brítez, hermana de Alcides Oviedo, identificado como uno de los líderes del EPP, aseguró que las niñas habían sido ejecutadas y vestidas con las ropas camufladas por miembros de la FTC. La fotografía de una de las menores asesinadas con un traje camuflado puesto circulaba en redes, con el detalle particular de que el traje se encontraba intacto y excedía las medidas corporales de una menor de 11 años.
A pesar de ser una unidad especial que recibe un importante presupuesto para sus operativos, aún así, este procedimiento no fue filmado. Héctor Grau, miembro de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), dijo que se debe a que “no cuentan con los equipos necesarios” y que hacerlo en ese terreno “es difícil”.
En comunicación con un medio paraguayo, la abogada Daisy Irala, representante legal de Myriam Villalba, también identificada como líder del EPP confirmó: “Las niñas no son adolescentes, las que fallecieron son niñas, niñas de 11 años”. Y agregó: “No hay ninguna posibilidad de que haya ningún tipo de enfrentamiento, esas niñas de 11 años no pueden cargar fusiles, no pueden andar enfrentándose con ningún grupo de militares, ellos armaron ahí y desde un comienzo supieron que no mataron a Magna Meza (otra líder del EPP) ni a ninguna otra persona mayor. Desde el comienzo supieron que mataron a dos niñas, porque entre 11 años y 20 ya hay mucha diferencia, y entre 11 y 40, que es la edad de Magna Meza, aproximadamente, es abismal la diferencia”.
Así también la abogada también repudió que “desde el comienzo los militares supieron que mataron a niñas y también el presidente de la república y se fue, tapó, armó y vistió a las niñas para intentar justificar y hasta último momento dijo mujeres adolescentes, igual los periodistas, nunca dijeron que son niñas, porque es lo que son, niñas”
Grau negó que las menores fueron ejecutadas y afirmó que todo se trata de una guerra mediática y lo que se busca es deslegitimar las acciones del Estado y que “ambas fueron puestas por los líderes del grupo criminal en primera línea de la defensa de los campamentos”.
El 4 de septiembre la Cancillería argentina emitió un comunicado de prensa en el que demandó al Gobierno paraguayo el esclarecimiento y la identificación de responsables por la muerte de dos ciudadanas argentinas de 11 años: “Las autoridades paraguayas solicitaron la cooperación argentina ante la imposibilidad de identificar a las víctimas y que, al consultarse el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), fue posible determinar que las fallecidas son dos menores de nacionalidad argentina, nacidas el 29 de octubre de 2008 y el 5 de febrero de 2009, por tanto ambas de once de años de edad”.
El 5 de septiembre el médico forense Pablo Lemir tras una inspección de los cuerpos de las menores confirmó que se trataban de niñas de 11 años.
Con la verdad una vez conocida sobre la identidad y edad de las niñas, aumentó la presión de las organizaciones sociales a nivel internacional, la Cancillería Argentina, la ONU, Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) se pronunciaron repudiando los asesinatos y la reacción posterior del gobierno paraguayo.
Las protestas se propagaron en todas partes sobre el asesinato de las dos niñas en manos de la FTC. Tanto en Asunción como en Posadas se hicieron movilizaciones para exigir justicia por las niñas. En Paraguay, Mariángela Guidita Abdala, Paloma Chaparro Panimboza y Giselle Noemí Ferrer Pasotti fueron imputadas por haber realizado pintadas en el Panteón de los Héroes en repudio al doble asesinato. El Fiscal que las imputó pidió su detención y aplicación de prisión preventiva.
A su vez, se abrió la conversación sobre la responsabilidad sobre los menores de edad en zonas de conflictos armados y el rol de los Estados en su protección. El gobierno paraguayo no pudo ignorar que el EPP tiene la práctica de reclutar a adolescentes en sus filas.
Paraguay adhirió al Protocolo de las Naciones Unidas sobre la Participación de los Niños en los Conflictos Armados y tiene la obligación de “adoptar todas las medidas posibles para impedir que grupos armados recluten y utilicen para sus fines a niños, niñas y adolescentes”.
La comunicación del gobierno, más tarde, hizo otra vuelta para desviar la atención a que la culpa la tienen los padres por exponerlas al peligro.
De acuerdo a la versión oficial, una de las niñas hizo disparos con una pistola 9 mm ya que dio positivo a la prueba de nitritos y nitratos, mientras que la otra dio negativo. Es importante aclarar que, esta prueba no demuestra que haya disparado e incluso pudo haber dado positivo por estar cerca de alguien que haya hecho disparos.
Sin dudas, el gobierno paraguayo incumplió con todas las obligaciones de garantizar la seguridad y los derechos de los niños, niñas y adolescentes reconocidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño ratificado por Paraguay desde 1990, y en cual se estipula y prevé las obligaciones y deberes de los Estados respecto a los menores en situación de conflictos.
Los niños, niñas nunca deben ser tratados como una amenaza, menos aún en una situación de conflicto o zona de conflicto armado. “¿Qué pasó en Yby Yau?”, es una pregunta que sigue abierta en busca de respuestas y responsabilidades.
