Vivian Genes estudia el cuarto año de arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño (FADA) en la Universidad Nacional de Asunción. Puede cursar esa carrera gracias al apoyo de la organización alemana Gesellschaft Staufen-Paraguay, que brinda becas a estudiantes en Paraguay. Desde que empezó a cursar supo que quería enfocarse a la arquitectura social o comunitaria, algo que no encontró en los espacios oficiales de la carrera, dirigida más bien a estudiantes de las clases más favorecidas y con una malla curricular bajo una lógica de mercado. Vivian quiere hacer de la arquitectura social su línea de trabajo al egresar de la carrera. “Todo depende de si no voy a la cárcel”, dice en diálogo con LatFem. Es que desde el 30 de marzo está detenida por haber participado de las protestas de lo que se conoce como el tercer marzo paraguayo, el estallido social que atraviesa Paraguay desde el 5 de marzo.
La jueza interina penal del Juzgado de Garantía 4 de la capital Hilda Benítez firmó su prisión preventiva. La joven está imputada por una batería de delitos: riesgos comunes, perturbación a la paz pública, daño a cosas de interés común, daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo. Hasta el jueves estuvo detenida en el Departamento de Seguridad Turística, pero el jueves la llevaron al Departamento Judicial Femenino a la espera de su traslado al Centro Penitenciario de Mujeres Casa del Buen Pastor.
Vivian proviene de Itaugúa, una ciudad periférica ubicada a unos 30 kilómetros de la capital paraguaya, Asunción, y creció en una pequeña casa de dos piezas. Quiere ser arquitecta para poder ayudar a su mamá así como para contribuir en la lucha por el derecho a la vivienda en Paraguay. Por eso, apenas Vivian ingresó a la universidad comenzó a abrirse paso en diferentes espacios de extensión universitaria y de militancia estudiantil, como por ejemplo en los movimientos A Mano Alzada y Soledad Barrett, ambos de la Facultad de Arquitectura, y en Guara, agrupación de estudiantes y profesionales de arquitectura con visión de derecho a la tierra y la ciudad.
“En la carrera de arquitectura los chicos se entrenan para trabajar para cierto sector socioeconómico que tiene poder y dinero para pagar un arquitecto. Mientras tanto, el trabajo que realizamos con el colectivo Guara es con la gente de los asentamientos, de la periferia. Hablamos de producción social, del hábitat, de mejorar esos espacios acompañando a la gente, no desde un rol verticalista ni que sea funcional al mercado, sino por el bien de la gente que vive ahí en malas condiciones”, dice a LatFem. Vivian explica que actualmente en esas zonas se está dando una segunda gran expulsión. La primera ocurrió hace décadas cuando pobladores del campo se vieron obligados a migrar a la ciudad, a lugares tradicionales como la Chacarita o los bañados. Actualmente poderosos sectores económicos buscan expulsar a los habitantes de estas zonas para liberar las tierras a la especulación inmobiliaria. “Se está dando una segunda expulsión a zonas más periféricas en donde no hay acceso a transporte, escuelas, ni hospitales. Hablamos de de personas que viven al día, que deberán bancarse el pasaje de ellos y de 5 hijos al día, que es lo que hubiese sido ya la comida”, agrega.
La participación de Vivian en el marzo paraguayo se remonta a la organización estudiantil a favor del derecho a la educación. Un derecho sistemáticamente negado en Paraguay en donde más del 60 % de la niñez es forzada a abandonar la escuela. De acuerdo al Fondo de Población de las Naciones Unidas, a medida que aumenta la edad el acceso a la educación es aún menor lo cual evidencia limitaciones importantes en el derecho a la educación superior.
“Quienes peleamos por el Arancel Cero (gratuidad de aranceles en las universidades públicas) somos chicos de familias trabajadoras. Tenemos que remarla a nivel económico. En mi caso, con apoyo de becas y demás cuestiones para seguir estudiando. Yo tengo el apoyo de mi familia, ¿pero qué pasa con todos los otros compañeros que no tienen ese apoyo, que no pueden entrar a la universidad pública o no pueden terminar la carrera? Hay una cuestión que me atraviesa directamente: mi hermana, por ejemplo, tuvo que dejar el país para poder estudiar porque acá trabajaba 12 horas y encima tenía que estudiar otra vez y ni siquiera le pagaban lo mínimo”, dice Vivian. Y remarca que la pandemia no hizo más que empeorar las desigualdades: “Compañeros que incluso están en una situación más estable económicamente, que viven en barrios de Asunción, pasan días sin comer en su casa y tienen que elegir entre pagar internet o comer. Y yo estaba ahí en una situación de impotencia total, tratando de mover dentro de la facultad por lo menos apoyo para los datos de internet o la alimentación”.
La militante dice que el marzo paraguayo no es algo que le pasa a alguien más o que se ve por la televisión. “En este contexto nosotros los estudiantes fuimos para sumar nuestras voces a las de otros sectores. Conversamos en la calle, con la gente, porque somos sujetos políticos, no somos gente apolítica. Las consignas fueron impulsadas por los jóvenes: los memes, los cánticos”, explica.
Mientras tanto, el tercer marzo paraguayo continúa. Las protestas ocurrieron de manera cotidiana en diferentes puntos del país desde el 5 de marzo hasta la cuarentena del 27 de marzo. El 31 de marzo hubo una manifestación frente a la casa de la jueza que ordenó la prisión arbitraria de los tres estudiantes. Para el 5 de abril continúan las convocatorias en diferentes puntos del país, no solamente Asunción. La demanda principal es la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez y “ANR Nunca Más”, es decir, el fin de más de 70 años de hegemonía del partido oficialista, Asociación Nacional Republicana, conocida como Partido Colorado.
Entre las causas de las manifestaciones se encuentran la negligencia del gobierno en la respuesta a la pandemia, lo cual ha desatado una preocupante crisis sanitaria además de una profunda crisis económica en un marco de inestabilidad política en donde la figura del expresidente Horacio Cartes, magnate vinculado al contrabando, narcotráfico y lavado de activos, asume preponderancia.
Paraguay es solamente superado por Brasil, epicentro de la pandemia, en muertes por coronavirus por millón de habitantes. El panorama diario es de colapso de hospitales tanto privados como públicos así como de cementerios, a esto se suma el desabastecimiento de insumos y medicamentos en uno de los sistemas sanitarios más deficientes de América Latina y el Caribe. Por si fuera poco, aflora la escasez de vacunas contra la COVID-19, con una de las tasas de vacunación más bajas del continente, debido a la lenta gestión del gobierno, presionado por sus relaciones con Taiwán y dependiente del mecanismo COVAX y de donaciones de otros países como Chile y Emiratos Árabes Unidos.
En el marco de las protestas de marzo ocurrieron diferentes violaciones de derechos humanos como abusos y torturas por parte de la policía, decenas de personas detenidas, activistas de derechos humanos perseguidos y un muerto. La deteriorada situación de los derechos humanos en Paraguay ha llamado la atención a nivel internacional: el informe del 30 de marzo del Departamento de Estado de Estados Unidos reúne hechos como ejecuciones extrajudiciales, torturas, persecución a manifestantes, falta de garantías para el ejercicio del periodismo, entre otros, y el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrão, expresó preocupación por la criminalización de la protesta en Paraguay.
“Ser apolítico, ser buena gente, seguir estudiando y trabajando puede que termine bien para uno individualmente. Pero, ¿qué pasa cuando se te enferma un familiar o cuando un amigo tiene que dejar la facultad porque no puede seguir pagándola? Esa comodidad nos va a costar muy caro”, dice Vivian a LatFem.
