Buenos días. Muchas gracias por la invitación y, fundamentalmente, muchas gracias por dar este tan postergado debate en el lugar donde estos temas deben debatirse: el Congreso de la Nación.
Fundación Huésped es una organización argentina que nació en los inicios de la epidemia del VIH/sida, otro tema muy vinculado a los derechos y la sexualidad. Porque, finalmente, de eso se trata mucho de este debate: de qué nos pasa como sociedad cuando debemos otorgar derechos vinculados a la sexualidad. Más aún, qué nos pasa cuando debemos discutir sobre la sexualidad.
Con el mismo espíritu que hace casi 30 años nos impulsó a comenzar esta organización para defender los derechos de quienes la sociedad estigmatizaba y discriminaba, de quienes veían sus derechos vulnerados, hoy seguimos en la misma lucha: procurar que todas las personas tengan acceso a información veraz y confidencial; a cuidados de excelencia y respetuosos con su dignidad como personas humanas; a vivir su sexualidad en libertad y plenitud, incluyendo la elección de ser o no madres.
Uno de los grandes puntos ganados a partir del inicio del debate por la legalización del aborto es que parece haber un acuerdo unánime acerca de la importancia de la educación sexual integral y la distribución de métodos anticonceptivos. Y lo celebramos. Pero no deja de llamar la atención que muchos de quienes hoy se oponen a la legalización del aborto antes se opusieron sistemáticamente al tratamiento y aprobación de otras leyes que otorgaron derechos. O de campañas que promovían el preservativo u otros métodos anticonceptivos. Y que aún sigue pendiente en muchas provincias de nuestro país la real implementación de la Ley de educación Sexual Integral.
Desde la aparición del VIH a comienzos de la década de 1980 sabemos que el preservativo es la única barrera de doble protección, ya que previene infecciones de transmisión sexual (como el VIH) y embarazos no intencionales. Sin embargo, como el VIH involucraba hablar de formas diferentes de ejercer la sexualidad, de hombres que eligen tener relaciones sexuales con otros hombres, de personas que no esperan al matrimonio para tener relaciones sexuales, de personas que estando casadas tienen relaciones extramatrimoniales, etc, se decía -se nos decía- que el VIH era un castigo divino. Y durante años se buscó impedir campañas de comunicación y la distribución gratuita de preservativos. Pero no confrontaban el uso del preservativo solo a partir de cuestiones vinculadas a las creencias de cada uno, sino que, además, le buscaban explicaciones pseudocientíficas a esta postura.
Así, por ejemplo, en 2005, hace solo 13 años, el consorcio de médicos católicos decía en un comunicado que “como el virus del sida es mucho más pequeño que los poros del látex, puede permitir la infección y el contagio del sida”. Más allá de que lo que se transmite (no se contagia) es el VIH, la utilidad del preservativo cuando su uso es correcto y consistente está debidamente probada científicamente. Las miles de parejas serodiscordantes (en los que uno de los integrantes tiene VIH y el otro no) pueden dar fe de que así es.
Algunos años antes, cuando este Congreso Nacional debatía la ley de salud sexual y reproductiva (tan unánimemente celebrada por estos días), escuchamos argumentos en contra como que “el proyecto no protege la vida desde la concepción” y abre las puertas a “métodos abortivos”, entre los cuales incluían al DIU. Y señalaban que “todo método que impida el anidamiento, es abortivo”.
En 2000, cuando se discutía la ley en la legislatura porteña, el comunicado de una autodenominada “Marcha por la Vida” afirmaba que “está científicamente comprobado que los anticonceptivos hormonales y mecánicos son abortivos porque impiden la implantación del nuevo ser en el útero materno y eliminan el embrión”.
Hoy, afortunadamente, ya no discutimos los métodos anticonceptivos. Ni siquiera el DIU o, inclusive, la anticoncepción oral de emergencia, que debió quedar afuera del primer vademecum cuando se aprobó la ley a raíz de las presiones por entonces ejercidas. Justamente en ocasión de la discusión alrededor de incorporar este método anticonceptivo, el editorial de uno de los principales diarios nacionales, nos decía en 2007: “no se explica, por otra parte, que las máximas autoridades sanitarias del país impulsen la utilización de un medicamento que ni siquiera previene el contagio del sida o de enfermedades venéreas, como otros anticonceptivos”. De pronto el preservativo era LA herramienta a utilizar.
Y así podría seguir enumerando argumentos pretendidamente científicos que se utilizaron para buscar impedir el derecho de las chicas y chicos a recibir educación sexual en las escuelas o a personas del mismo sexo a contraer matrimonio.
Despenalizar el aborto supone ampliar el alcance de la legislación vigente al dejar de castigar esta conducta: ¿debería ir presa una persona que decida interrumpir un embarazo?
Legalizarlo supone, además, ofrecer un marco que permita que las decisiones sobre el propio cuerpo se lleven a cabo en un entorno saludable y seguro. Camufladas en otras patologías, las mujeres de clase media y alta acceden a interrupciones del embarazo en entornos seguros. Mientras tanto, las de sectores más vulnerables suman a la ilegalidad los entornos inseguros que derivan en hospitalizaciones y muertes.
Terminar con un embarazo no es una decisión que se toma a la ligera. Es función del Estado garantizar las condiciones para que estas decisiones se tomen de manera no coercitiva: ofrecer educación sexual para elegir con libertad y autonomía; proveer anticonceptivos para planificar los embarazos; y legalizar el aborto para que la mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo.
Ya se ha dicho en este recinto, pero bien vale la pena decirlo una vez más: no estamos discutiendo si aborto sí o aborto no. Estamos discutiendo si desde el estado se garantiza el acceso a una práctica segura e informada o si seguimos viviendo en un país que elige mirar para otro lado acerca de esta problemática. Respetamos las diferencias de opiniones, sentimientos y creencias. Si la interrupción del embarazo fuera legal, haría obligatoria la posibilidad de acceder al derecho, no haría obligatorio abortar.
No tengo dudas de que, tarde o temprano, tendremos aborto legal, seguro y gratuito. Los distintos ejemplos alrededor del mundo así nos lo indican. Las sociedades más desarrolladas no solo tienen legalizada la interrupción del embarazo y con ello la disminución de complicaciones asociadas al aborto y mortalidad materna: también tienen menos abortos.
El interrogante es si ese derecho va a estar accesible este año. El futuro ya está aquí, las cientos de miles de mujeres que cada año deciden interrumpir su embarazo tienen el derecho a un Aborto sin Barreras, legal, seguro y gratuito. Muchas gracias.