El juicio al médico Leandro Rodríguez Lastra en Cipolletti, provincia de Río Negro, marca un antes y un después en el ejercicio profesional de la salud para garantizar los derechos de las niñas, adolescentes, mujeres y todas las personas gestantes. Una respuesta judicial, de seguro, no repara el daño físico y psíquico que una joven víctima de violación debió atravesar por decidir la interrupción de su embarazo. Pero este proceso —que ya definió en mayo “culpable” al médico— marca límites y emite un mensaje social en medio de la reacción antiderechos en el país y Latinoamérica.
A comienzos de septiembre, el Concejo Deliberante descartó la propuesta del Consejo de Pastores Evangélicos para declarar a Cipolletti “ciudad provida y profamilia”. El fin de este mes lo encontró a Lastra de nuevo en el banquillo de los acusados. Esta vez, para que se defina la pena que deberá cumplir por incumplimiento de los deberes de funcionario público. En mayo, había sido considerado culpable de realizar “maniobras dilatorias” para forzar la continuidad de un embarazo a una joven que había sido violada y reclamaba abortar.
Fue en 2017 que el sistema público de salud de Río Negro no pudo garantizar que una joven de 19 años víctima de violación acceda a un aborto no punible tal como lo establece el protocolo de la provincia a través de la Ley 4.796. Y al igual que lo señala la legislación nacional desde 1921.
En 2017 el jefe del servicio de ginecología del hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti, Leandro Rodríguez Lastra, no sólo obstruyó el aborto en curso que decidió practicarse con medicación la chica, sino que la retuvo dos meses en el hospital, le suministró la medicación para interrumpir el aborto sin informarle y, finalmente, le practicó una cesárea. A contramano de los derechos que le correspondían: fue forzada a ser madre y el producto de su embarazo, dado en adopción.
Un cúmulo de derechos vulnerados que hoy tiene respuesta por parte del sistema de administración de justicia y, al menos, la pretensión pedagógica de la Fiscalía: que estudie el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo y que se forme en perspectiva de género.
Pese al accionar de Lastra, en ese centro de salud se practican, en promedio, un aborto legal cada dos días. Según las propias estadísticas del Comité de Salud Sexual y Reproductivo de la institución, entre agosto de 2017 y agosto del 2018 se garantizaron 158 interrupciones legales del embarazo, contempladas hasta la semana 12 de gestación.
El camino judicial para cercar la impunidad
El juez de Cipolletti, Álvaro Maynet, dará a conocer su veredicto el viernes 4 de octubre al mediodía pero el proceso judicial tiene un largo recorrido de avances y retrocesos. En octubre del 2018 la justicia cipoleña confirmó la elevación a juicio oral y público de la causa “Leandro Rodríguez Lastra” por haber incumplido con la Ley Provincial 4,796 y el decreto provincial 182/2016, entre otras normativas que regulan el derecho de las víctimas de violación que resultaran embarazadas a acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Los hechos que investigaban eran dos: negarse a realizar la interrupción legal del embarazo e interrumpir el curso de un aborto no punible. El tribunal desestimó la primera y sólo mantuvo la segunda acusación.
Siete meses después, en mayo del 2019, un total de 27 testigos prestaron declaración en tres jornadas y brindaron detalles del violento accionar del médico. En las audiencias quedó probado que en un primer momento Rodríguez Lastra se negó a recibir en el hospital de Cipolletti la derivación de la joven desde el hospital de Fernández Oro —localidad a 7 kilómetros— en la que se solicitaba la intervención cumpliendo con todos los requisitos: comprendía una de las causales, contaba con el consentimiento informado y había completado la Declaración Jurada.
Pero Rodríguez Lastra exigía un informe psicológico, documentación innecesaria y no establecida en el protocolo. Además, teniendo conocimiento de que ese hospital no contaba con gabinete psicológico que pueda cumplir su pedido irregular, hizo todo lo posible para dilatar el traslado.
Ante los obstáculos para acceder a su derecho a un aborto legal, seguro y gratuito, la joven optó por iniciar una interrupción del embarazo de forma particular. Fue así que ingresó a la guardia del hospital cipoleño, donde se topó con la persona que anteriormente le había cerrado las puertas de la salud pública. Rodríguez Lastra la medicó y la retuvo por la fuerza por casi dos meses hasta hacerla parir. La obligó a ser una “incubadora involuntaria”, según lo entendió el propio fiscal de la causa, Santiago Márquez Gauna. Una vez alcanzada la edad gestacional apta para la sobrevida del feto, le practicaron una cesárea.
“Me pedía que le saquen esa cosa”
La historia de la joven, cuya identidad es reservada, llegó hasta la médica y legisladora rionegrina Marta Milesi, quien formalizó la denuncia penal ante la Justicia y fue testigo del sufrimiento al que fue sometida la chica. “Me contactó una cuidadora del hospital porque la situación era grave. Cuando ingresé a la sala no podía creer lo que estaba viendo. La joven tenía 19 años, pero realmente parecía de 14. Estaba en posición fetal, en una sala totalmente oscura, y se tapaba la cara con el cabello. Le llevé un regalito para intentar generar un vínculo, pero ella no hablaba. Me escribió un carta y me pedía que le saquen esa cosa”, contó Milesi durante el juicio. La abrazó y le dijo que podía contar con ella.
Su testimonio describió con detalle la situación de extrema vulnerabilidad de la joven y el daño psíquico causado. “Sentí vergüenza de ser médica, legisladora y mujer. Si tengo que contar todo lo que no se debe hacer en estas situaciones, es todo lo que se hizo”, sintetizó.
El 21 de mayo el tribunal presidido únicamente por el juez Álvaro Meynet declaró culpable a Rodríguez Lastra del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público al quedar probado su accionar contrario a la ley. Cuatro meses después, el 23 de septiembre, comenzaron las audiencias del juicio de cesura donde se discutió la extensión del daño provocado a la víctima y la pena que le cabría al ginecólogo.
Volvieron a pasar una decena de testigos por la sala judicial y se conocieron más detalles de los sufrimientos de la joven y del modus operandi que tenía el médico dentro del hospital. Psicólogas, trabajadoras sociales y médicas dieron cuenta de los padecimientos de la joven tras la cesárea obligada. “Llegó a estar en riesgo de vida dos veces y los trastornos físicos y psíquicos la acompañarán por siempre. Además, no puede sostener ningún proyecto, abandonó los estudios, los lazos familiares y sociales”, relató una de las psicólogas que siguió su tratamiento.
Un hombre felizmente antiderechos
Una funcionaria de la Junta de Disciplina reveló, además, que el ginecólogo cuenta con ocho expedientes abiertos por denuncias de maltrato, violencia y hostigamiento a personal hospitalario y pacientes, todas de ellas también mujeres. Nada casual. “Tiene una actitud de destrato hacia la mujer y eso quedó evidenciado en el juicio. Basta con ver a sus testigos, que son todos varones”, remarcó Márquez Gauna mientras exponía su alegato. De frente estaba sentado el ginecólogo, negando todo con movimientos de cabeza y sonriendo, actitud señalada y reprochada por el fiscal. El médico le respondió: “Mi sonrisa es la expresión de indignación e impotencia ante la situación en la que estoy bien seguro de no haber vulnerado derecho alguno”.
Tras el alegato de su abogado Damián Torres, Rodríguez Lastra le habló a Meynet y cuestionó de forma irónica: “En este proceso una mujer fue sobreseída y yo no tuve la misma posibilidad. ¿Debo decir que esto me ocurre por ser varón?”. Y refiriéndose a Milesi aunque sin nombrarla dijo: “Estoy a merced de una persona con poder cuya declaración —que, más que eso, fue un vergonzoso acto de campaña—, no aportó nada a la causa”.
Tras justificar su accionar por la salud de la paciente, Rodríguez Lastra se despidió: “Señor juez, yo soy un médico y nuestro trabajo se centra en curar a veces, aliviar a menudo, acompañar siempre, pero matar nunca”.
El Ministerio Público Fiscal expresó que el padecimiento de la joven no está comprendido en la escala penal y no se puede reparar con nada, e incluso señaló que la pena estipulada por este delito es escasa. Pese a eso, pidieron que Rodríguez Lastra sea condenado a un año y ocho meses de prisión en suspenso, tres años y cuatro meses de inhabilitación para ejercer como médico, además de una prohibición de acercamiento a no menos de 100 metros de la víctima. También exigieron que el médico se capacite en el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, consentimiento informado y asistencia hospitalaria con perspectiva de género. “Nunca se arrepintió. Y peor aún, dijo que lo volvería a hacer”, remarcó Márquez Gauna en su alegato.
Por su lado, la defensa solicitó una condena irrisoria de tres meses de prisión en suspenso e inhabilitación médica por seis, y pidió la posibilidad de poder ejercer otro tipo de función pública dejando habilitada la intención de una futura carrera política antiderechos. En las Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Rodríguez Lastra fue precandidato a diputado por Democracia Cristiana en CABA, aunque no consiguió el piso del 1,5% de los votos para participar en las elecciones del 27 de octubre.
Sobre los pedidos de capacitación en perspectiva de género, el defensor del médico se resistió como si fuera peor que una condena a prisión, y pidió al juez que la rechace.
La inyectaba sin su consentimiento
En mayo pasado, durante las testimoniales, la joven fue una de las convocadas para declarar ante el juez Álvaro Meynet. Su relato fue a puertas cerradas. Poco pudo decir esa mañana, el temor de estar frente al médico la paralizó. Pero algo cambió tras ese día: pidió presenciar las audiencias restantes y habló con la prensa por primera y única vez. En un contacto breve, la joven expresó que Rodríguez Lastra le había mentido y que le inyectó medicación sin su consentimiento.
Sobre la mentira, ella contó que al ingresar a la guardia del hospital cipoleño el ginecólogo le aseguró que estaba con trabajo de parto y próxima a romper bolsa, pero la realidad es que estaba con síntomas típicos de un aborto en curso. Dijo que “pasaban las horas y él no hacía nada”, y contó: “me inyectaba cosas y no me decía qué eran”. Ella afirmó estar consciente y recordar todo, y que al preguntar sobre la medicación suministrada, nadie le respondía. Luego se conoció que Rodríguez Lastra le había inyectado Indometacina IM 75, droga que tiene la capacidad de contraer el útero, frenar las contracciones y evitar la interrupción del embarazo.
Mientras se cubría el rostro con su pelo, la joven indicó que en reiteradas oportunidades pensó en hablar con el médico y decirle muchas cosas, pero que al tenerlo en frente, no pudo. Además, aprovechó el contacto con los medios para mandar un cálido mensaje a las enfermeras y trabajadoras del hospital que la acompañaron durante su internación, y manifestó su deseo de volver a tener un acercamiento con ellas.
Aborto legal en el hospital
“Nadie quiere ser Lastra, estar en esa posición de no garantizar derechos y ser cuestionado en su accionar como profesional”, aseguró María Verdugo, trabajadora social en el Comité de Salud Sexual y Reproductiva del hospital, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y activista de la colectiva feminista La Revuelta en Neuquén.
Para ella, la causa de Rodríguez Lastra marcó profundamente el trabajo cotidiano en el hospital y, a partir del juicio, además, se profundizó el trabajo en relación a la información para garantizar abortos legales. “Entre agosto del 2017 y agosto del 2018 se garantizaron 158 interrupciones legales del embarazo y se va expandiendo a otras localidades. En eso influyó el juicio pero también influyó el contexto, la marea verde y el movimiento feminista que instaló el debate que llegó al Congreso”, consideró.
Verdugo, además, consideró que la postura de la fiscalía “es esperanzadora” y remarcó que el alegato de Márquez Gauna fue “de una riqueza importante y de un cuidado hacia esta mujer que ha sido tan vulnerada en sus derechos”. Además, destacó que se haya expresado desde una perspectiva de derechos, marcando la responsabilidad institucional y haciendo hincapié en la vulnerabilidad de la joven, atravesada por un contexto de poca contención.
