Desde el viernes 15 por la tarde hasta el domingo 17 de noviembre dos comisarías de San Juan, junto con la brigada, realizaron operativos policiales contra las trabajadoras sexuales. El personal de la comisaría 1°, de Capital, y de la 3°, de Trinidad, golpeó, amenazó y detuvo a quienes se encontraban ejerciendo el trabajo sexual en la zona del centro y de la terminal de San Juan.
En la Argentina, el trabajo sexual no es delito. Sin embargo, está criminalizado con multa o arresto en los códigos contravencionales de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, San Luis, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y San Juan.
En esta provincia, la Ley 7819, en sus artículos 124 a 127, criminaliza con arresto de hasta 20 días la prostitución “escandalosa” y la prostitución “peligrosa”. Las dos figuras le dan poder total a las fuerzas de seguridad. La policía puede, por su solo parecer, sin necesidad del mandato de una autoridad judicial, hostigar, pedir sobornos, amenazar y detener a las trabajadoras sexuales que utilizan el espacio público para obrecer sus servicios.
Ese cuadro legal -pero con una constitucionalidad dudosa-, que es herencia del poder que las dictaduras dieron a la policía para ejercer el control moral de la población, deriva a diario en la vulneración de los derechos de las trabajadoras sexuales, cuyo trabajo no está prohibido en la Argentina. El sindicato que las representa, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, AMMAR, denunció la violencia institucional que sufrieron este fin de semana, “con razias desmedidas donde terminan generando golpizas a las mujeres cis y compañeras travestis trans para hecharlas de las zonas, arrojándoles el patrullero encima, amedrantándolas y llevándolas detenidas de manera arbritararia”.
“En estos cuatro años de gestión del macrismo -dice a LATFEM Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR- venimos denunciando el recrudecimiento de la violencia institucional. También se dio el fenómeno de que muchas compañeras que habían dejado de ejercer el trabajo sexual, por la crisis económica, volvieron a ser empujadas al espacio público y ahí encontraron situaciones conflictivas, con lugares hostiles. Y el hostigamiento no es exclusivo para las trabajadoras sexuales, “para nosotras tiene que ver con criminalizar la economía popular y criminalizar la pobreza, no solo apunta a las trabajadoras sexuales sino también a lxs trabajadorxs ambulantes”. “Nos preocupa mucho -agregó- que al final del mandato de Macri se sigan dando estas situaciones. Queremos que el próximo gobierno pueda tener un mayor control de las fuerzas de seguridad y ponerle fin a esta persecución”.
La seccional San Juan de AMMAR puso al tanto a la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Fabiola Aubone, y se van a reunir con ella para solicitarle que tome las medidas necesarias para terminar con el hostigamiento policial. Mónica Lencina contó a LATFEM “las trabajadoras sexuales nos declaramos en estado de alerta y vamos a definir qué acciones tomar luego de la reunión, en una asamblea con las compañeras. Necesitamos que de una vez por todas se deroguen los códigos de falta”.
