Santa Fe: las dos caras de un mismo sistema de salud

Una mujer de 30 años en Santa Fe embarazada pide en el Sistema para la Atención Médica de la Comunidad (conocido también por su sigla SAMCo) el acceso a una interrupción legal del embarazo que cuadra dentro de la causal salud, según lo establecido en el Código Penal desde 1921 y ratificado por los protocolos hospitalarios a los que la provincia adhiere. Sin embargo, en el Hospital Cullen le niegan ese derecho y le ofrecen como única salida la maternidad forzada y que de en adopción el producto de esa gestación. Aún bajo el sistema de causales, en el mismo territorio en el que también se garantizan los abortos legales y no muere una persona por abortos clandestinos desde 2012, como en Rosario, las mujeres y personas gestantes encuentran obstáculos. Majo Gérez escribe sobre el abismo que hay entre la zona norte de la provincia y la ciudad de Rosario.

El mismo día que el Senado votó a favor del aborto clandestino, P.M., una mujer de 30 años se presentó a una audiencia de conciliación con el Estado de Santa Fe, acompañada por una de las abogadas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de esa provincia. Sí: aún en 2018 las mujeres y personas gestantes llegan a la justicia para poder decidir sobre sus propios cuerpos. Hacía semanas que venía recibiendo maltratos en el Hospital Cullen de Santa Fe. La habían derivado desde el Sistema para la Atención Médica de la Comunidad (conocido también por su sigla SAMCo) de la ciudad de Santo Tomé para acceder a una interrupción legal del embarazo que encuadraba en el artículo 86 inc. 1° del Código Penal. Sin embargo, en el Hospital Cullen le negaron su derecho y tuvo que transitar un camino administrativo y judicial. “Le dieron como única solución a su problema la continuidad de la gestación y la consecuente, puesta en adopción”, según relata la Campaña en un comunicado de prensa.

La historia de P.M., a quien nombraremos así para preservar su identidad, es la otra cara de un mismo sistema de salud que garantiza derechos en la ciudad de Rosario, por ejemplo. Durante el debate por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso, desde el gobierno provincial se difundió nacionalmente la “experiencia Rosario” como ejemplar y que en todo territorio provincial se garantiza el cumplimiento del Protocolo Nacional para personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Mientras esto sucedía, las organizaciones de mujeres y profesionales de la salud seguíamos acompañando y denunciando distintos niveles de obstaculizaciones por parte de efectores de la salud, en el centro norte de la provincia.

En representación del Ministerio de Salud de la Provincia concurrieron a la audiencia con P.M. y sus abogadas el Dr. Juan Carlos Carbone, Procurador General de la Provincia de Santa Fe, César Alberto Pauloni, Coordinador de la Secretaría Tercer Nivel de Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, Juan Pablo Gutiérrez en representación de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y Regulación Normativa, Oraldo Manuel Llanos, Coordinador de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Provincia y Juan Pablo Poletti, Director del Hospital Cullen. La fuerte presencia corporativa operó de manera disciplinadora: impunidad para los efectores y profesionales de la salud que no garantizan derechos, intemperie y clandestinidad para las mujeres y personas gestantes. Con la misma hipocresía que un día antes la Cámara de Senadores votaba en contra, el resultado de esta instancia fue nuevamente negativa para P.M. El estado santafesino le volvió a denegar el acceso a la I.L.E.

Hoy la causa se encuentra en instancia de apelación y a la espera de la resolución por parte de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Por eso, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de la capital provincial se convocó el martes a concentrar en la sede del Ministerio de Salud Provincial “por la no garantización de los abortos legales y por el incumplimiento de los protocolos de interrupción legal del embarazo en los hospitales Iturraspe y Cullen y en distintos centros de salud”, como expresaba la convocatoria en redes. Esta situación más que una novedad, es una suma más al hartazgo que se vive cada vez que se pisa un efector de salud en la ciudad.

A lo largo de todos estos meses de debate en torno a la legalización del aborto en el Congreso, la “experiencia Rosario” fue mostrada como ejemplar en todo el país. Desde 2012 que no se registran muertes por consecuencia de abortos en la ciudad, descendiendo tambien el número de internaciones por complicaciones. Esta experiencia se enmarca como parte de una política integral, siendo la provincia una de las primeras en adherir al Protocolo Nacional (desde 2010) y garantizando las Interrupciones Legales del Embarazo a través de la “Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles” (actualizado por última vez en 2016). También fuimos noticia hace unas semanas por ser la primer provincia del país en producir Misoprostol desde el laboratorio estatal con el que cuenta Santa Fe, el L.I.F. Algo que desde el movimiento de mujeres y feminista genera mucho orgullo.

Pero en la capital de la provincia, desde las redes de socorrismo y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto se viene alertando y denunciando hace tiempo que los dos hospitales públicos de alta complejidad obstaculizan y niegan a las mujeres el acceso a las ILE, quedando totalmente desamparadas las mujeres y personas gestantes del centro norte de nuestra provincia. Esta situación ya fue denunciada mediante al otrora Ministro de Salud en 2017, mediante una nota.

En este sentido, es contundente el comunicado que acompaña la convocatoria a movilizar por parte de la Campaña, en cuanto a la visibilización de las responsabilidades institucionales: “Denunciamos que el gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de los funcionarios del Ministerio de Salud, sostienen y encubren a profesionales de la salud que niegan a las mujeres el derecho a la interrupción legal del embarazo en el tercer nivel de la salud. Nuestra provincia se encuentra dividida en dos realidades absolutamente distintas: un sur, con centro en Rosario que garantiza la ILE y que se muestra al país y al mundo como garantía de derechos y un centro norte, abandonado a la voluntad de antiderechos y objetores de conciencia”.

Es tristemente conocida el área de incumbencia de los Servicios de Ginecología del Hospital J. B. Iturraspe, por haber dejado morir a Ana María Acevedo con tan solo 19 años al negarle una I.L.E en 2007. La misma está cargo del Dr. Samuel Seiref, quien cuenta con todo un equipo de médicos objetores de conciencia, y el mismo se toma el trabajo de entregarle a cada nueva residente la planilla para que firme la objeción. “Lo complicado es el sector médico”, dice Nerea Tacari una de las trabajadoras sociales de la consejería del Hospital Iturraspe. Es que claramente esta política anti-derechos por parte de los jefes del servicio, obstaculiza todo el trabajo que sostienen lxs demás profesionales (psicologxs, trabajadorxs sociales y enfermerxs) a través de la consejería (del primer nivel, ambulatoria) con la que cuenta el hospital.

La situación del Hospital Cullen no es muy distinta. Cuenta con una consejería integrada con equipo formado por Cuidados Progresivos, Ginecología, Servicio Social y Psicología que “atienden” Ias situaciones de I.L.E. Pero cuentan con psicólogas que por ejemplo suelen recomendar la adopción como única salida a las mujeres que recurren al dispositivo y rechazan las causales salud. Solo se han resuelto ambulatoriamente algunos casos. Una estrategia para ir generando alternativa a esta situación es fortalecer las consejerías en los centros de salud, pero en los mismos no se suele contar con stock de misoprostol. Es el cuerpo médico el que tiene que recurrir con las recetas a los hospitales a buscarlos, a veces perdiendo semanas para resolver las situaciones. Y sabemos que las semanas cuentan a la hora de garantizar una I.L.E. ambulatoria.

Mientras todo este escenario desfavorable para las santafesinas se sostiene inmutable, las semanas avanzan para P.M. y su embarazo también. Sus abogadas son Lucila Puyol y María Florencia Marinaro, integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de la capital santafesina. Ambas, fueron abogadas de la familia de Ana María Acevedo. Para ellas, “la situación de P.M. se decidió judicializar por la urgencia del caso y como expresión del hartazgo de las organizaciones y el socorrismo frente a esas negaciones infundadas de los hospitales”. Aunque la Corte Suprema dejó claramente sentada que es innecesaria la judicialización de los abortos no punibles mediante el fallo F.A.L., en la situación de esta joven mujer tuvo que hacerse “con la esperanza de que la justicia venga a suplir y a fundamentar esa negativa infundada por el efector de salud. Esto viene sucediendo hace dos años en Santa Fe y la vida de P.M. es la realidad de muchas mujeres que tuvieron que llevar adelante embarazos forzosos y significan una tortura”, sostiene Marinaro.

Aunque la Corte Suprema dejó claramente sentada que es innecesaria la judicialización de los abortos no punibles mediante el fallo F.A.L., en la situación de esta joven mujer tuvo que hacerse “con la esperanza de que la justicia venga a suplir y a fundamentar esa negativa infundada por el efector de salud. Esto viene sucediendo hace dos años en Santa Fe y la vida de P.M. es la realidad de muchas mujeres que tuvieron que llevar adelante embarazos forzosos y significan una tortura”, sostiene Marinaro.

Sigue doliendo la línea con la que trabaja la fiscalía en este caso, donde parece retroceder 12 años de políticas públicas, negando los derechos de las mujeres y personas gestantes en una provincia que públicamente se muestra de avanzada, pero donde existen situaciones como las de P.M y sus cinco hijxs, que tienen que afrontar esta situación de extrema vulnerabilidad. Por eso, cuesta escuchar a la Ministra de Salud, Andrea Uboldi, saliendo a desmentir al movimiento de mujeres cuando declara en los medios locales que el reclamo “no corresponde al contexto provincial”.

La semana pasada, con bronca y rabia nos enteramos la muerte de dos mujeres jóvenes en la Provincia de Buenos Aires por abortos inseguros. Mientras tanto, P.M. espera en la ciudad de Santa Fe una respuesta. ¿Qué mensaje le está dando el estado, en sus distintos niveles, a las mujeres?.Y no es solo una pregunta, es una exigencia por la vida. Porque valemos todo lo que la política estatal no está pudiendo representar ni garantizar.