Uruguay, esa esperanza

El desafío frenteamplista de llegar a un cuarto gobierno en un país que sorteó olímpico el fin del progresismo regional ante el avance de la derecha neofascista, con indicadores que muestran mejoras en los ingresos mínimos y una fuerte agenda de derechos. Lxs uruguayxs eligen presidente y vice, senadorxs y diputadxs, pero además se plebiscita una reforma constitucional que implica militarizar la seguridad pública y aprobar la cadena perpetua.

Qué se vota y quiénes votan

Unos 2.700.000 uruguayxs están habilitados para votar. Aquí no hay voto consular, y lo que se conoce como “voto Buquebus” -uruguayxs residentes en Argentina que viajan en esa flota de barcos a votar- se ha reducido respecto de otras elecciones debido a la crisis en el país vecino tras cuatro años de macrismo: en la elección de 2014 viajaron 15 mil uruguayxs de orilla porteña a orilla montevideana, este año lo harían entre 6 mil y 8 mil. La empresa ofreció una tarifa a mitad de precio para quienes viajen a sufragar en primera y segunda vuelta. En Argentina funcionan unos 20 comité de base del Frente Amplio.

Si bien las últimas encuestas publicadas el jueves dan entre 40 y 43 por ciento de intención de voto al candidato del partido de gobierno (Frente Amplio), Daniel Martínez, en Uruguay se necesita el 50+1 por ciento para ganar en primera vuelta.

En estas elecciones del 27 de octubre se elige presidente y vicepresidentx, senadorxs y diputadxs (renovando completamente ambas cámaras). Lxs intendentxs (gobernadorxs de Departamentos) se eligen en 2020.

En estas elecciones del 27 de octubre se elige presidente y vicepresidentx, senadorxs y diputadxs (renovando completamente ambas cámaras). Lxs intendentxs (gobernadorxs de Departamentos) se eligen en 2020.

También se plebisicta la reforma constitucional “Vivir sin miedo” que propone: crear una Guardia Nacional con 2 mil efectivos militares, que dependa del Ministerio de Defensa y realice labores de seguridad pública interna; habilitar los allanamientos nocturos; aprobar la pena de reclusión permanente -revisable a los 30 años de condena- para una serie de delitos.

La campaña contra la reforma ha sido muy fuerte. Se crearon comisiones en todo el país, con equipos que promovieron talleres, charlas, actividades culturales para reflexionar sobre el contenido de esta reforma y por qué “no es la forma” de lograr más seguridad en el país, sino que profundizaría el “sentimiento de inseguridad” con fórmulas que ya han fallado en otros países, como el aumento de penas, mayor números de personas privadas de libertad (en un país de 3 millones de habitantes hay 12 mil privadxs de libertad, segundo lugar después de Brasil en américa latina) y la militarización. El cierre de la campaña este martes 22 movilizó a más de cien mil personas por el centro de Montevideo, especialmente a jóvenes y mujeres. Que ningún candidato a Presidente apoyara el plebiscito -promovido por Jorge Larrañaga, senador del Partido Nacional-, sumado a las imágenes que llegan de la represión militar y policial en Chile, han hecho que el apoyo a la reforma se reduzca notablemente, pasando de encuestas que le daban casi 60% de apoyo a una intención de voto del 53%. La consigna de la contracampaña es: “Votes lo que votes, no pongas la papeleta” por el SÍ a la reforma.

A quiénes votar

Hay tres fórmulas paritarias con un candidato para la presidencia y una candidata para vicepresidenta, respectivamente: la frenteamplista (FA), con Daniel Martínez y Graciela Villar; la nacionalista (PN), con Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón; y la del Partido Independiente (PI), con Pablo Mieres y Mónica Botero -aunque esta fórmula no compite en las encuestas, con 2% de la intención de voto-. Mientras que dos varones encabezan las fórmulas del Partido Colorado (PC) y de Cabildo Abierto (CA), con 13 y 11% de intención de votos -respectivamente-, encabezadas por un “Chicago boy” como Ernesto Talvi, que quiere que Uruguay se parezca a Chile -aunque en la última semana se desdijo, pero no resiste un archivo- y por el ex jefe del Ejército, Guido Manini Ríos con Guillermo Domenech -fundador del Movimiento Social Artiguista, que luego pasó a ser la base de Cabildo Abierto-.

CA es la gran novedad de estas elecciones y flaca renovación le hace al sistema de partidos uruguayo: no sólo tiene como candidato a Presidente al ex jefe del Ejército, despedido luego de ocultar al Poder Ejecutivo información que brindó el teniente coronel retirado José Gavazzo sobre casos de desapariciones forzadas mientras era juzgado por el Tribunal de Honor. Cabildo Abierto tiene como asesor de seguridad a Antonio Romanelli, denunciado por un grupo de ex presxs políticxs de ejercer tortura psicológica cuando trabajaba como guardia de seguridad en el penal de Libertad, una de las cárceles políticas más grandes que funcionaron durante la última dictadura cívico-militar (1973-1985). La denuncia fue difundida en Radio Uruguay, La República, Montevideo Portal y Romanelli inició una denuncia penal esos medios de comunicación exigiendo derecho a réplica.

Por su parte, Manini Ríos se ha manifestado contrario a la agenda de derechos -al punto de prohibir el consumo de marihuana recreativa, evaluar la derogación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (o “hacer todo lo posible para que no se llegue a un aborto”) y querer cambiar la ley integral para personas trans-. Opositor a la “ideología de género”, su discurso nacionalista que ha tenido arraigo especialmente en el interior del país: 70% de los posibles votantes son del interior y más del 60% están en los estratos socioeconómicos más bajos, según distintas encuestas. El candidato también ha sido fotografiado con militantes neonazis. Si bien no adhiere a la reforma constitucional “Vivir sin miedo”, especialmente porque no está de acuerdo con la creación de la guardia nacional a cargo de sus pares, Manini propone crear un “cuerpo de serenazgo” para “controlar espacios públicos” a través de rondas de vecinos que patrullen de noche “para ver si hay movimientos raros”, un “complemento de las comisarías, allí donde los policías no llegan a cumplir con sus tareas”, ha declarado en el diario El País.

A esta presencia militarista y punitiva, que estimula el olfato social y la vecinocracia, y podría ganar nueve escaños en la cámara baja y tres en la alta, se suman las candidaturas de “cuatro miembros evangélicos – el pastor neopentecostal Álvaro Dastugue y el pentecostal Benjamín Irazábal, y el bautista Gerardo Amarilla y el valdense Ricardo Planchón (del cual no conocemos su perfil legislativo) – además de cinco católicos conservadores (Rodrigo Goñi, Ignacio Estrada, Sebastián Andújar y José Andrés Arocena), del Partido Nacional, y Daniel Radío, del Partido Independiente. Cinco de estos nueve serían reelectos”, según la investigación de Diana Cariboni y Nicolás Iglesias para Open Democracy sobre las posiciones de candidatos argentinos y uruguayos respecto a la agenda de derechos sexuales y reproductivos.

Sobre las candidaturas que se llevan mayor intención de voto: Daniel Martínez es el ex intendente de Montevideo, renunció a su cargo para comenzar la campaña. Militante socialista desde que era joven, fue dirigente sindical, presidió ANCAP (empresa nacional de combustibles) y fue ministro de Industria durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010). Su compañera de fórmula, Graciela Villar, es militante de las bases frenteamplistas, fue presa política durante la última dictadura cívico militar (1973-1985) y edila en Montevideo. Si bien se evaluaron sus “credenciales”, las mujeres políticas pasan por fuertes juzgamientos y su “capacidad” es doble o triplemente cuestionada -a diferencia de lo que suele pasar con candidatos-, Villar es representativa de la militancia del FA. Como exponente de los cambios que han producido los últimos 15 años de gobierno, en el acto de cierre de campaña Graciela recordó a su abuela, peona rural, que hoy tendría derechos laborales como la jornada de ocho horas, regulados recién en 2008, durante el primer gobierno del FA. También nombró a su madre, trabajadora doméstica, sector que también ha regulado la labor desde 2006, y hoy cuenta con el mayor salario mínimo negociado en los Consejos de Salarios, que se recuperaron con el FA, habiendo incrementado 130% el salario real desde 2018.

Si bien es el país más caro de la región, Uruguay cuenta hoy con el mayor ingreso per cápita y ha tenido un incremento de la riqueza y de su distribución en la población. Por eso, el índice de pobreza pasó de 40% en 2004 a 8% hoy.

Villar también saludó a sus hijas, parte del 48,6% de los estudiantes de la Universidad de la República (pública, libre y gratuita) que son la primera generación universitaria en la familia.

Ojo paritario

Si bien las mujeres políticas tienen apoyo popular, el techo de cristal parecen ponerlo sus propios correligionarios. De allí que la candidata a Vicepresidenta por el FA, que sería a su vez senadora, enfatizó que tener fórmulas paritarias en estas elecciones es “mérito del movimiento feminista”. Nombró a decenas de mujeres y hombres con quienes hablaron durante la gira de campaña con Martínez y destacó las intenciones del partido de gobierno de “que nadie quede por el camino”, sobre todo las mujeres, “que son más expulsadas del mercado y salen adelante con más dificultades que los hombres”. 

“La ola esperanza” es la idea que ha guiado el impulso para llegar a un nuevo gobierno, con un candidato que no tiene la fuerza ni la profundidad de discurso de sus antecesores, José “Pepe” Mujica y Tabaré Vazquez, pero que fue elegido en las internas por sobre Carolina Cosse, Oscar Andrade y Mario Bergara.

Martínez destacó que la “igualdad de género” será la consigna que, de resultar electo, guiará el gobierno, buscando que el “Ni Una Menos sea una realidad” y prometiendo que “los violentos se tienen que tratar”. El ex intendente ha tenido que fortalecer este discurso, luego de ser muy criticado por llegar a tener acercamientos a candidaturas como las de un cantante denunciado por abuso sexual -que, gracias a una fuerte campaña del movimiento feminista y de candidatas frenteamplistas, tuvo que bajar su intención de candidatearse, aunque amenazó con denunciar penalmente a varixs-. Desde el sector Casa Grande hicieron hincapié en aprobar una Ley de Emergencia Nacional por la violencia machista en Uruguay que, básicamente, impulsa la asignación del presupuesto y los recursos necesarios para implementar la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres Basada en Género aprobada a fines de 2017. En el país se cometen más de 30 femicidios y 4200 abusos sexuales infantiles al año, entre otras cifras de espanto. Además, en la última semana, Martínez prometió reducir el IVA al 10% en productos de higiene menstrual, por ser artículos de primera necesidad que se vuelven inaccesibles para mujeres de estratos socioeconómicos más bajos.

A su vez, Martínez prometió desarrollar las PYMES, actualizar la ley de inversiones, crear polos de innovación e inteligencia artificial e instalar un sistema nacional de formación y capacitación para desempleados y trabajadores que capacitaría a 400 mil uruguayxs en el quinquenio para que se desempeñen en las nuevas modalidades del trabajo.

Por otro lado, Luis Lacalle Pou del Partido Nacional tiene un 24% de intención de voto. Representa a la agenda neoliberal más acérrima: achicar el Estado, flexibilizar los consejos de salarios y por ende la regulación del mercado de trabajo, desmonopolizar las empresas públicas (combustibles, electricidad, telefonía), entre otros puntos que contendría una Ley de Urgente Consideración que prometió presentar apenas ganara el gobierno. Esta ley que se maneja con absoluto secretismo, tendría entre 300 a 500 artículos que propondrían la creación de una regla fiscal para recortar el gasto público, modificar los órganos de representación docente, reorganizar el Ministerio de Desarrollo Social, aprobar una ley de derribos para combatir el narcotráfico, habilitar la legítima defensa de los policías, desregular la importación de combustibles, reformar las empresas públicas, reformar la seguridad social aumentando la edad jubilatoria y modificar la Negociación Colectiva entre otras cosas que anunció.

Con el porcentaje de las intenciones de voto marcadas por las encuestas es muy factible que haya segunda vuelta y ahí está el desafío mayor para el FA, porque Lacalle Pou ha manifestado -desde antes de las internas inclusive- que quiere armar un gobierno de coalición en el que está dispuesto a incluir a todo el arco opositor, por fuera del FA.