En el transcurso de esta semana volvió a la boca de la gobernadora María Eugenia Vidal el tema del aborto en la provincia de Buenos Aires. Durante el programa de radio Y ahora quién podrá ayudarnos?, Ernesto Tenembaum, por medio de una pregunta le reeditó el conflicto de 2016 con las marchas y contramarchas del Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, que realizara el Ministerio de Salud de la Nación en 2015.
Le preguntó si como mujer y desde la empatía no debiera entender y apoyar a las miles de mujeres que abortan por año en la provincia. Vidal respondió con un argumento falaz, sacó la carta de la conciencia e indicó: “Yo no creo que las mujeres estemos obligadas a promover la despenalización del aborto por el hecho ser mujeres, tiene que ver una convicción de conciencia más profunda”.
Las declaraciones de la gobernadora la dejan en off side frente a las leyes, la Constitución, los tratados de Derechos Humanos, diversos fallos judiciales e incluso una condena internacional en el Comité de Derechos Humanos de la ONU que pesa sobre la Provincia de Buenos Aires, en la cual se estableció que obstaculizar el acceso a un aborto constituye tortura contra una mujer con discapacidad víctima de violencia sexual.
La gobernadora pone su conciencia religiosa por encima de todo ese bloque de leyes, pero sobre todo sobre la vulnerabilidad de mujeres, niñas y adolescentes de la provincia que día a día encuentran obstáculos institucionales de todo tipo para poder ejercer su derecho a una interrupción legal del embarazo. Sobre ellas se vuelven a generar casos de tortura psicológica, al obligarlas a continuar con esos embarazos producto de la violencia sexual, o se las fuerza a correr riesgos que ellas no desean, respecto a su salud o a su vida. Muchas quedan con daños irreparables a su salud física, psíquica y social, otras mueren.
Por otro lado, en la misma entrevista afirmó que el protocolo vigente desde 2012 en la PBA “(…)Transcribe casi lo que dijo el fallo de la Corte”. En este punto es importante señalar que diversas ONG especializadas en el tema como ADC, ELA o el CELS han dicho que ese Protocolo presenta múltiples inconstitucionalidades pues impone obstáculos, vallados y barreras a las mujeres, pero especialmente a las adolescentes y aquellas que tienen una discapacidad para acceder a la práctica médica.
En el mismo sentido, Vidal señaló que suspendió la aplicación del Protocolo de aborto no punible de la Nación porque no respetaba la objeción de conciencia. Es decir que la Gobernadora está más sensibilizada por el ejercicio de los derechos civiles de los médicos y médicas que por la vida, la salud y la libertad de las mujeres, niñas y adolescentes de la provincia.
En este contexto, es ineludible recordar que en enero de 2017 el Arzobispo de La Plata Aguer reconoció que la Iglesia intervino para que María Eugenia Vidal no adhiera al protocolo de aborto no punible en la provincia de Buenos Aires. “Cómo no íbamos a meternos en eso, por supuesto”. “La cuestión es ésta: matan a un niño. No será punible para el estado, pero es un pecado”, continuó.
A la gobernadora no la obliga el hecho de ser mujer a tomar una postura que facilite el acceso a la salud sexual y (no)reproductiva, la obligan las leyes, los tratados de Derechos Humanos y la Constitución Nacional, aunque ella hoy se crea más obligada por la moral y la religión católica.
