Por:

Cientos de mujeres se reunieron ayer en el Palacio San Martín, de la Cancillería argentina, para debatir sobre nueve ejes: mujeres rurales, acceso y uso de las tecnologías, mujeres empresarias, salud sexual y reproductiva, violencia machista y acceso a la justicia, paridad en el sector público, cuidado y trabajo, emprendedoras, inclusión en el sector privado.

Fue en el marco de las actividades del Woman 20, el grupo del G20 que aborda temas de desigualdad en función del género. Las integrantes de las 186 organizaciones y las representantes de la sociedad civil que se acercaron al Foro Nacional de Consulta y Debate propusieron dos recomendaciones por temas, en función de problemáticas específicas. Ahora estas sugerencias van a ser llevadas al G20.

Entre lo que la sociedad civil sigue reclamando al Estado se encuentran derechos ya consagrados en leyes, pero que no se cumplen, o que permanecen sin implementación, o que están en programas cáscara sin presupuesto ni personal. Respecto de la violencia machista, se pidió presupuesto para que quienes sufren estas violencias puedan tener salidas autónomas, con acompañamientos integrales y acceso a la justicia con un enfoque de género e interseccional. Se pidió no criminalizar el aborto, aprobar el uso ginecológico y obstétrico del misoprostol y la mifepristona, garantizar en los servicios públicos y privados la atención integral de la salud sexual y reproductiva, incluido el aborto legal, además del cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral.

La co-chair a cargo del W20 es la diputada del PRO y empresaria mendocina Susana Balbo. Sus declaraciones públicas respecto de las desigualdades que tienen a las mujeres como las últimas orejonas del tarro son de corte economicista. Si las mujeres tuvieran la posibilidad de trabajar más, podrían contribuir a que suba el PBI del país y sus atrasos son financieros, laborales y tecnológicos. No entra en su cuaderno contable las horas que destinamos al trabajo no remunerado, el aporte que hace de manera invisible al PBI. Entre los muchos feminismos, el capitalista del sector PRO confía en el acceso a derechos a través del engranaje aceitado con el capital. Porque la palabra “empoderamiento” es un fusible de uso universal.

En las recomendaciones se hizo hincapié en crear programas para potenciar a las mujeres en el trabajo, la creación de un fondo especial para las mujeres rurales y hacer efectivo su acceso a la tenencia segura de la tierra y el hábitat. Estimular la diversidad en la composición de los directorios de empresas, directorios y organismos internacionales, alcanzar paridad en el ámbito estatal; establecer cupos progresivos en las empresas privadas y que el Estado les brinde incentivos para quienes aborden políticas igualitarias.