Foto: Gala Abramovich.
Cuidar no es solo un acto individual de amor o responsabilidad: es una tarea fundamental para que la sociedad funcione. Nadie puede vivir sin cuidados. Por eso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) lo dijo con claridad: en su Opinión Consultiva de agosto, reconoció por primera vez el derecho al cuidado como un derecho humano autónomo, indispensable para garantizar una vida digna y para el ejercicio efectivo de otros derechos. Se trata de un derecho que abarca tres dimensiones: el derecho a ser cuidado, el derecho a cuidar y el derecho al autocuidado.
Cuidar es un derecho, pero también un trabajo y quienes cuidan tienen que tener derechos laborales. Hoy esa tarea está mal repartida: recae principalmente sobre las mujeres y muchas veces de forma invisible, no remunerada y sin reconocimiento. Esto genera una enorme desigualdad. En ese sentido, la Corte fue contundente: la distribución desigual del trabajo de cuidado es una forma de discriminación estructural de género, que tiene consecuencias concretas en la vida de las mujeres, como la pobreza, la falta de acceso al trabajo, a la educación o a una jubilación digna.
La Corte fue contundente: la distribución desigual del trabajo de cuidado es una forma de discriminación estructural de género.
Además, no todas las mujeres cuidan desde el mismo lugar. Hay quienes enfrentan mayores obstáculos: las mujeres que crían solas, las personas LGBTIQ+, las que viven en situación de pobreza, las mujeres indígenas, migrantes, mayores o con discapacidad. La Corte IDH también menciona a las mujeres que están presas o que cuidan a personas que están privadas de la libertad, y señala que el encarcelamiento para las cuidadoras tiene que ser una excepción. En todos estos casos, los Estados tiene que reconocer esas desigualdades y brindar herramientas para achicar esas desigualdades y garantizar el acceso al cuidado en tanto derecho humano. Además, los Estados tienen que reconocer que hay distintos modelos de familia y avanzar en servicios de cuidado adecuados que se adapten a ellas. Por eso, la Corte plantea que el cuidado tiene que ser una responsabilidad compartida entre las personas, las familias, la comunidad, el Estado y también el mercado. No puede seguir recayendo siempre en las mismas personas.
En Argentina, desde la asunción de Javier Milei las tareas de cuidado cada vez recaen más en las familias: tras 18 meses de gestión libertaria solo quedan en pie 4 de las 50 políticas públicas de cuidados que había en el país. La Corte señala la urgencia de construir sistemas públicos de cuidados que garanticen servicios accesibles y de calidad. Esto incluye jardines maternales, espacios de cuidado para personas mayores o con discapacidad, licencias para madres y padres, horarios laborales flexibles y otras políticas que permitan que cuidar no signifique perder derechos.
Pero todo esto no se puede hacer sin presupuesto, sino con medidas económicas que hagan del cuidado una prioridad en los presupuestos, que se financien los servicios, que se reconozca y se valore el tiempo y el trabajo que implica cuidar. Y que esto se haga con perspectiva de género, es decir, sabiendo que si no se interviene, la feminización de la pobreza va a ser cada vez mayor.
En Argentina, tras 18 meses de gestión libertaria solo quedan en pie 4 de las 50 políticas públicas de cuidados que había en el país.
También es importante reconocer que el cuidado no siempre pasa por instituciones. Muchas veces se organiza desde los territorios: redes comunitarias, comedores, organizaciones barriales, espacios autogestionados por mujeres. La Corte reconoce que los cuidados comunitarios son parte central de la solución, y que el Estado debe apoyarlos, no reemplazarlos ni ignorarlos.
En síntesis, cuidar, ser cuidado y poder cuidarse no es un privilegio, es un derecho humano. Y hacerlo posible requiere que como sociedad reconozcamos el valor del cuidado, lo saquemos del ámbito privado, lo compartamos entre todas y todos, y exijamos al Estado que lo garantice con recursos, leyes y políticas públicas. Reorganizar el cuidado con justicia e igualdad es también una forma concreta de transformar el presente y construir un futuro más digno para todas las personas.
