Foto de portada: Catalina Distéfano
Hace casi diez años, varias chicas de entre 11 y 16 años empezaron a desaparecer en Bajo Flores. Algunos días después aparecían por sus propios medios, sanas y salvas. Sobre esta problemática que empezó a tener en vilo al barrio una década atrás indaga Juan Pablo Hudson en su libro Chicas en fuga. Deriva de las adolescentes de las periferias urbanas (2022). Tras preguntarse qué había detrás de estas ausencias, su investigación puso de manifiesto uno de los modos más radicales que encontraban las chicas para salir del encierro que buscaba protegerlas: la fuga de sus casas para vivir experiencias intensas de ocio y consumo. Esas derivas por las calles encarnaban una paradoja: para ganar mayores niveles de autonomía, decidían asumir mayores niveles de riesgo.
Cuando el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara nos estalló en la cara, se materializó la expresión más indecible de estos riesgos que, sumados al empeoramiento de las condiciones materiales de vida, constituyen el peor destino posible. Pasaron dos meses desde que se colmaron las calles —primero del barrio de Flores, después en marcha multitudinaria desde Plaza de Mayo a Congreso y en varios puntos del país— para exigir justicia por ellas. En ese momento, cuando todo estaba en carne viva, las redes sociales desbordaron de indignaciones, oportunismos y un señalamiento vil alimentado por el morbo sensacionalista de algunos medios de juzgar la vida de las pibas, de sus madres, de sus familias. Mientras tanto, en los territorios también señalados tras los crímenes, existen —y persisten— otras redes. Son las redes comunitarias que sostienen búsquedas, reciben la vida como viene, acompañan, construyen espacios colectivos y gestionan hasta lo imposible con la mirada puesta en las vidas atravesadas por la precariedad y la vulneración desde hace tiempo.
Ahí donde parece que nadie mira, el Estado abandonó casi por completo y no hay perspectiva de futuro ¿qué se hace?, ¿contra qué se batalla? ¿Cómo se vive el día a día de los espacios que buscan contener a las pibas y pibes pobres de los barrios? ¿Cómo se organizan frente a las violencias cotidianas? Donde todo parece estar roto hay escuelas, clubes, comedores, asambleas, centros barriales, parroquias y casas convivenciales donde vecinas, madres, docentes, trabajadores de la salud, curas villeros, cocineras y cuidadoras, referentes comunitarias y militantes sociales se entraman.
“Ni encerradas, ni desaparecidas, con vida y derechos todas las pibas. Es tejiendo redes que las pibas aparecen”. Con esta frase acompañan desde la Red de docentes, familias y organizaciones de Bajo Flores cada buena noticia de una piba encontrada. Apareció y se encuentra bien, dicen ante cada búsqueda exitosa. Su trabajo fue tomando distintas formas de acuerdo a las demandas y necesidades, aunque no se diferencia tanto desde sus inicios en 2015 cuando el grito de #NiUnaMenos conmovía y alertaba. A su vez, se trata de estar atentas a lo que el barrio necesita, por ejemplo en temas como la seguridad y los cuidados. El comunicado que difundieron cuando se confirmó el hallazgo de los cuerpos de las tres chicas, dice en sus primeros párrafos: “La búsqueda con sus caras circulaba en nuestras redes villeras feministas porque claro, eran pobres. Hoy los medios, de nuevo, están buscando la causa del horror en sus malas decisiones de vida. Indagan en sus conductas antes que en las de sus asesinos o en las causas políticas que hacen que hoy el narcotráfico tenga poder en el territorio y en el cuerpo de las mujeres. Un poder que goza de impunidad porque tiene el visto bueno del Estado. Por más que ’tranquilice’ pensar que ser asesinadas fue causado por algo que ellas hicieron, Brenda, Morena y Lara son la muestra extrema de lo que muchas pibas de nuestro barrio padecen. Esto que desde la Red venimos denunciando desde hace diez años. El vínculo entre las desapariciones, los narcos, la circulación de drogas, ciertos boliches, la connivencia del Estado. Pobreza, juventud, machismo, consumo, abuso y explotación, vidas precarizadas, vidas descartables”.
El centro de la cuestión es la precarización de las vidas en los barrios populares. Sus estrategias de cuidado tienen que ver con el acompañamiento a infancias y adolescencias que son quienes están en mayor riesgo y sufren más profundamente la vulneración de sus derechos. En ese marco se van dando esquemas de exigencia y denuncia al Estado. Desde la lucha por los jardines comunitarios hasta la reanudación de los recorridos de líneas de colectivos que dejan de pasar por el barrio. También las denuncias por pibes asesinados por la violencia social e institucional. “Pedimos más presencia estatal pero no para que pongan bala, sino para que el Estado proponga políticas”, sostienen.
Para salir del paradigma del adultocentrismo hay que disponerse de otro modo, anteponer una escucha activa desde el rol de los adultos que acompañan infancias y adolescencias. Es la única manera de conocer y entender qué les pasa, qué padecen. También qué desean, con qué sueñan. “Armamos un espacio de pibas que habían estado en desaparición para conocer cómo era su vida y sus deseos de poder salir, disfrutar. Pudimos descubrir que hay circuitos, por ejemplo de boliches que funcionan en horario escolar, de circulación de pibas que se ausentaban de la escuela para ir”. Quien habla es docente en Bajo Flores, integrante de la Red y prefiere mantener el anonimato. En aquel momento —reflejado en el libro de Hudson— pensaron cómo generar un espacio de confianza con las chicas que querían hablar de lo que les pasaba. El dispositivo empezó como un espacio para encontrarse, jugar, hacer salidas y luego —en conjunto con un Centro de Formación Profesional— se organizó un taller de estética que pudo vincular a las chicas con algunos deseos que traían, acompañadas de sus madres para fortalecer también ese vínculo. “Nos decían que querían conseguir maquillajes, cremas, ropas”, cuenta la docente. Para las búsquedas funcionan como red de organizaciones que están en permanente comunicación con otras redes villeras para difundir y solidarizarse con búsquedas de otros barrios. Generalmente las desapariciones les llegan porque son docentes y están en las escuelas del barrio, o por el diálogo más cercano con las familias. Desde ese rol se acompaña a denunciar a la comisaría y a espacios estatales, se les consulta lo que quieren que se comunique y se arma la dinámica de la búsqueda. Donde deben recibirse las denuncias les siguen diciendo que hay que esperar. “Tenemos que reforzar la importancia de que esa búsqueda es urgente”. La comunicación con la familia es permanente y ante cada rumor de aparición esperan hasta que un referente afectivo lo confirme, se aseguran de que la persona está bien y se ponen a disposición para un acompañamiento posterior que muchas veces es necesario.
La Ley 26.061 —que acaba de cumplir 20 años de su sanción— establece el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo el territorio de nuestro país. Desde la actual gestión nacional, el Ministerio de Capital Humano degradó el rango institucional del organismo rector de políticas públicas en la materia, la SENNAF (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia que pasó a ser una Subsecretaría), creada por la ley para coordinar las políticas que garantizan los derechos que establece, junto al Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia y la Defensoría de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA). A la pérdida del rango institucional se suma la reducción de asignación presupuestaria y de dotación de personal y la merma significativa de presencia territorial y capacidad de intervención.
“Pedimos más presencia estatal pero no para que pongan bala, sino para que el Estado proponga políticas”. Red de docentes, familias y organizaciones de Bajo Flores
Nadin Hennawi es profesora de educación física y abogada. Dirige la Casa Comunitaria San José, donde recibe a infancias y adolescencias que sufren violencia, abuso sexual y maltratos graves de distintos barrios populares del AMBA. La casa está en el barrio de Flores pero integra la parroquia Santa María Madre del Pueblo, una institución histórica dentro del Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli (ex villa 1-11-14) de Bajo Flores. Con una larga trayectoria de inserción territorial, Nanu —como la conocen en el barrio— es parte de los proyectos preventivos desde sus inicios. En ese marco, participó de la creación del jardín infantil, de la escuela secundaria y del Club Atlético Madre del Pueblo. También acompañan a otros barrios para que puedan tener sus escuelas, clubes, actividades recreativas, deportivas, culturales. “La escuela se inauguró por niveles pero se priorizó la secundaria porque se necesitaba una escuela para esas edades, que los abrace y acompañe. Así también surgió el movimiento infantil que recibe a niñas y niños con diversas propuestas y actividades para combatir a una institución que está 24/7 en el territorio: el narco”, cuenta Nanu.
— En 2012 cuando arrancamos con el club, nos ubicamos en un sector del barrio que estaba lleno de transas pero había presencia del Estado y era otra la parada. De repente se volvieron a copar las esquinas, cada vez hay más pibes vendiendo. Esa es una de las batallas más grandes: el consumo en los pibes. No encuentran sentido, buscan plata y que llegue cada vez más rápido. Porque no hay laburo y eso les permite llevar el mango más fácil a casa.
Nadin habla de la ausencia del Estado en dos sentidos: “Es doblemente doloroso porque además de retirarse del territorio, menosprecia y denigra el trabajo comunitario. A partir del cambio de gestión, la falta de recursos se sintió fuerte. No hay interés en poner presupuesto en los barrios populares”.
Cuenta que los llaman familias que pidieron prestado y quedan cautivas de esa situación. Por la vía del endeudamiento y el acceso a recursos, el narco se mete dentro de las propias familias. Pero para el estado es más fácil tomar la foto de lo que hacen las pibas y pibes para sobrevivir y montar la escena del punitivismo. “Si están pensando en bajar la edad de imputabilidad es porque ya se está llegando tarde. Vayamos a lo preventivo, hay posibilidades. Pensemos en la adolescencia como la instancia donde más fuerza hay que poner, donde dirigir todos los recursos. Y es donde menos mirada hay. Muchos adolescentes están sin ganas de vivir, es muy fuerte que pibes de esa edad sientan que no tiene sentido su vida”. Así afirma la necesidad de validar los espacios comunitarios y las organizaciones territoriales: “Si los organismos o las instituciones no pueden o no llegan, hay que convocar y escuchar a quienes ponemos el cuerpo en lo cotidiano. No hay que empezar de cero, apoyémonos”.
La casa San José está conveniada con el Consejo de NNyA y trabaja con la comunidad de Hogares de Cristo cuya población atraviesa consumos problemáticos. El acompañamiento es integral e interdisciplinario con talleres lúdicos y terapéuticos. Recepcionan la demanda a través de los clubes, las escuelas o por los mismos curas villeros que están en los barrios. Al ver cómo trabajan los derivan incluso desde los mismos juzgados porque se propone algo muy distinto a lo que ofrece el poder judicial. Implica la articulación y el trabajo en red permanente. Se entrelaza lo comunitario: es imposible desvincular esas realidades del contexto social y político que se está viviendo. “Vemos qué instituciones u organismos acompañan y nos vamos poniendo en comunicación. Primero porque los recursos son escasos y también porque es importante buscar estrategias de conjunto para fortalecer a los chicos y a sus vínculos. Es imposible pensarlo de otra manera”.
En la parroquia tienen como lema recibir la vida como viene. Nanu apuesta a redoblar esa consigna: “Sí, recibimos la vida como viene, la abrazamos, caminamos con ella. Pero acompañamos ese camino para que sea de transformación. Que no se queden dando vueltas en esa vida como viene. Estamos para ayudar a transformar todo lo que se pueda”.
Según datos del INDEC del segundo semestre de 2024, el 52,7% de las niñas y los niños en Argentina se encuentra en situación de pobreza monetaria. Si bien esto muestra una caída en relación al mismo período del año anterior, aún persisten marcadas desigualdades dependiendo del nivel educativo del jefe de hogar, la inserción laboral de los adultos o la residencia en barrios populares. El informe de UNICEF difundido en julio de este año, Pobreza monetaria y privaciones vinculadas a derechos de NNyA, evidencia esas desigualdades. La tasa de pobreza alcanza al 81% en hogares con capital educativo muy bajo y al 60% en aquellos liderados por una única persona adulta mujer. En estos últimos, la pobreza extrema afecta al 23,1% de las niñas y los niños, casi 11 puntos por encima del promedio. La combinación de bajo capital educativo, jefatura femenina y condiciones laborales precarias constituye un núcleo estructural de alta vulnerabilidad. En los barrios populares, la pobreza afecta al 72,3% de niños y niñas. Lo que conocemos como feminización e infantilización de la pobreza.
Todas las personas consultadas para esta nota coinciden acerca del impacto que genera la ausencia de políticas públicas de acompañamiento a las personas que viven en los barrios y comparten que la retirada del Estado de estos territorios produce un efecto de reemplazo donde la narcoestructura toma un rol que el Estado debería cumplir. Las organizaciones hacen todo lo que pueden con las herramientas que tienen. Pero no alcanza.
“Los clubes de barrio y pueblo tienen un rol fundamental en la vida de la comunidad y en tiempos de crisis ese rol se amplía hacia temas comunitarios, más hacia las necesidades que a lo deportivo. Me gusta decir que somos trinchera de humanidad“. Ana Rodríguez, integrante de la Comisión Directiva del Club Malvinas Argentinas
Elisa Juárez es comunera, integrante de la Junta Comunal de la comuna 7, compuesta por los barrios de Flores, Parque Chacabuco y el invisibilizado Bajo Flores. Entre otros temas sigue de cerca los vinculados a géneros, salud y seguridad. Cuenta que cada vez que hay un problema emergente, las compañeras de las distintas organizaciones se ponen en marcha y se contactan con los organismos institucionales que todavía funcionan. Desde el cierre de un Centro de Primera Infancia hasta la búsqueda de niños que desaparecen. “Por ejemplo, este año desapareció un nene y enseguida nos pusimos en contacto con la defensoría que funciona muy bien. Se ponen a disposición, tienen una escucha muy respetuosa, te orientan y contienen a las personas. Hay un acompañamiento real con una abogada y una terapeuta”.
Otro apoyo para el barrio es el servicio social del Hospital Piñero que tiene un compromiso activo pero no es suficiente. “Es necesario que se fortalezcan los CeSAC, las salitas como se conocen en el barrio, y que son centros de salud de cercanía”, cuenta Elisa. “El problema de fondo es que el poder ejecutivo no nos responde, quieren hacer todo centralizadamente y las comunas no tenemos injerencia en ninguno de los problemas complejos del territorio. Solo podemos hacer algunas cosas con lo que tenemos. Termina funcionando una suerte de red de vínculos y contactos donde alguien conoce a alguien y así vamos resolviendo”.
Otra de las grandes problemáticas de los barrios tiene que ver con la salud -mental y física, aclara Elisa- y no hay nada de cercanía. Hubo mejoras en el hospital pero no en los centros de salud, y están estallados de demanda. Lo que se puede resolver termina dependiendo de la buena voluntad entre comuneros y organizaciones en un trabajo para fortalecer los vínculos y que se sostengan.
En Bajo Flores las preocupaciones centrales están vinculadas con la seguridad y el aumento de las violencias. “Hay mucha violencia y lamentablemente por necesidad muchas familias toman la venta de drogas como salida laboral”, suma Elisa. Los vecinos y vecinas piden mayor presencia policial, senderos escolares y un plan de continuidad que se sostenga.
“Es como que la Policía está y no está a la vez. La inseguridad se siente mucho, a las tres de la mañana solemos escuchar tiros en los pasillos, hay mucha violencia. De repente estás tranquilo y ves que están pasando cosas afuera, empiezan a disparar y no sabes de dónde viene. Nos da miedo mandar a los chicos a comprar porque los policías los agarran para que salgan de testigos y eso nos da miedo”. Viviana y Mabel, ambas trabajadoras de la economía popular y vecinas, coinciden en sus preocupaciones.
Rosario, también vecina y trabajadora migrante, vive hace ocho años en el barrio. Dice que cuando estaba la Gendarmería se sentía más segura. “Sabemos que no hay que caminar en determinados horarios y si lo hacemos es siempre con miedo”. Ella también sufrió violencia de género y sabe lo que significa sentirse sola: “Hay mucha violencia machista y las mujeres no buscamos ayuda por temor o por vergüenza. Por eso, me parece que es necesario hacer talleres sobre violencia para que las mujeres no se sientan solas, que sepan que se puede frenar y que pueden salir adelante”.
La comunera cuenta que el ministro de justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, estuvo en el barrio pero la gente está cansada de que vayan y no resuelvan nada de fondo. “Desde la junta comunal no tenemos autoridad para intervenir, entonces ¿cuál es nuestra función? ¿llamar al 911? Me parece un plan muy frágil. Entre todas las organizaciones y desde los roles institucionales hacemos lo que podemos pero hace falta la presencia del Estado con un plan integral que aborde todos los ejes prioritarios”, suma Juárez.
Ana Rodríguez, integrante de la Comisión Directiva del Club Malvinas Argentinas lo expresa con claridad: “Los clubes de barrio y pueblo tienen un rol fundamental en la vida de la comunidad y en tiempos de crisis ese rol se amplía hacia temas comunitarios, más hacia las necesidades que a lo deportivo. Me gusta decir que somos trinchera de humanidad. Si hablamos de infancias y adolescencias hoy notamos que somos sus lugares seguros donde son escuchados, porque hay un mundo adulto que dejó de hacerlo. Hoy tenemos que pensar cómo cubrir necesidades básicas de pibes y pibas que vienen a los clubes -alimentarias, vestimenta- y el transporte que implica un costo alto. Muchas veces nos preguntamos qué pasa si no estamos”.
“El triple femicidio nos puso en la situación de decir que esas pibas podrían ser algunas de nuestras pibas. Porque todos los días se les van cortando los caminos de poder ser, de trabajar, de tener una propuesta de vida. En esta perspectiva de futuro que intentamos trabajar, nos preguntamos qué propuesta de mundo se les ofrece. Hoy luchamos contra un mundo que te invita a jugar a lo individual, con problemas de salud mental, consumos. Contra todo eso luchamos. Siempre tejiendo redes desde lo comunitario porque creemos que es la salida cuando no hay un Estado. Seguimos en pie, se nos pone todo más difícil pero no hay opción de dejar de hacer lo que hacemos”.
Entre Flores y Bajo Flores los límites son difusos, pero a medida que se avanza hacia el sur sucede una distinción notoria, como si en un efecto degradé del paisaje se fuera desdibujando la infraestructura urbana. Es el abandono estructural en clave de urbanización e integración sociourbana por parte del Estado.
Varias vecinas coinciden en que la ausencia del Estado también se nota en las obras a medio terminar o mal hechas. Repetidamente se desbordan las cloacas, se inunda todo o se corta la luz. “Es tremenda la basura que hay, las cloacas desbordadas de mierda. Es insalubre”. A esto se suma la falta de transporte público que los deje cerca de sus casas como sucede con las líneas 23 y 76 que dejaron de pasar a causa de los robos. “Nos quedamos sin colectivos, perdimos dos líneas que teníamos cercanas en el barrio y ahora nos dejan muy lejos”.
La voluntad de no dejar de nombrar lo que duele y oponer resistencia a un Goliat penetrando en los territorios es muestra clara de una potencia persistente. Aún en la peor adversidad asoma la capacidad de seguir tejiendo, de seguir apostando a entramar. Como una inmensidad que contiene multitudes.
La presencia del narco se repite en los relatos: “Nuestra mayor preocupación es ver que la droga sigue apareciendo cada vez más en el barrio y nuestros jóvenes son usados para la venta. Es pelear contra ellos que por lo visto son más fuertes que nosotros. Lo que queremos es que se vayan y no vengan más a ensuciar a nuestros chicos. Pero con este gobierno ellos tienen más ayuda que nosotros como barrio popular. Acá se vive luchando cada día para poder sacar a los chicos de toda la porquería que los narcos están metiendo en el barrio”, dice Paola, una vecina.
Cecilia es militante en Bajo Flores y enumera las múltiples violencias que padecen vecinas y vecinos: “El día a día en el barrio se ha vuelto muy difícil, hay muchos robos, ves a lxs pibis tan dados vuelta, la policía violenta. Es muy difícil para los jóvenes no tener la libertad de transitar el propio barrio donde viven”.
En 2023, el intento por sacar las garitas de Gendarmería había sido impedido por resistencia de los vecinos y vecinas que se organizaron con acampes y cortes de calles. Pero a principios de este año, la Gendarmería nacional dejó de prestar seguridad en Bajo Flores para dar paso a la Policía de la Ciudad de forma definitiva después de más de 15 años. Tal como se describe en un informe del Mapa de la Policía, esto rompió la dinámica propia de los barrios en materia de seguridad atravesada por el vínculo con los agentes, el rol del narcotráfico y el abordaje de un plan que desconoce las necesidades de quienes habitan el territorio. Antes la Policía ubicada en los límites operaba mediante “un control cuyo fin era garantizar una política del gueto: lo que ocurre adentro importa menos que evitar que la violencia rebalse de esos límites”. Ahora, continúa el informe, con la Policía dentro del barrio “se impone una coreografía del control y la sospecha constante. No hay diálogo ni vínculo posible, solo vigilancia”. Y más violencia.
En Flores, las trabajadoras sexuales también se organizan desde hace años contra la violencia institucional que viven en sus propios cuerpos. Desde el año pasado, la preocupación por la violencia policial recrudecida se volvió un tema urgente. Así fue que organizaron asambleas periódicas en el barrio para tratar el tema en la casa de YoNoFui —colectivo antipunitivista, transfeminisita y abolicionista penal integrado por personas LGTBIQNB+ y mujeres cis— y acompañadas por organizaciones aliadas. En las asambleas reunieron testimonios sobre una reiteración de situaciones violentas a las que la policía somete a las trabajadoras que están en las calles y que fue en aumento desde los cambios de gestión a nivel nacional y de la ciudad. Asi lo relata Laura Meza, delegada de AMMAR: “Todas las detenciones se daban por sexo en vía pública a las que le sumaban resistencia a la autoridad y eso nos encendió una alarma. YoNoFui nos ofreció el espacio y la Defensoría se sumó también”. En ese marco, y con el apoyo de otras organizaciones con las que articulan, consiguieron una reunión en la comisaría 7C, responsable de las detenciones. Acompañadas por la comunera Elisa Juárez y por la secretaria general del sindicato, Georgina Orellano, expusieron las violencias a las que eran sometidas sistemáticamente por parte del personal policial. Durante un tiempo breve la situación pareció calmarse. Duró poco. Cambió la jefatura y el nuevo comisario inspector no autorizó más reuniones. La violencia policial y las repetidas detenciones se reanudaron sin reparos. Por eso, la organización de las asambleas en Flores no descansa y ahora se sumó la preocupación por la judicialización de niñas y niños, hijxs de las trabajadoras sexuales a quienes se las señala por ser ´malas madres´. “Estamos dando la batalla para que nuestras compañeras sepan que no estamos cometiendo ningún delito, que el trabajo sexual no es delito. Y que de ninguna manera merecemos ser maltratadas, violentadas”, cuenta Laura.
Brenda y Morena en algún momento participaron de las asambleas, por las esquinas de Flores que también habitaron. “Ellas eran chicas muy jóvenes con sueños de querer superarse y salir adelante. Da muchísima bronca y dolor que sus vidas hayan sido truncadas de esa manera tan violenta” se lamenta Laura y reflexiona: “El Estado también estuvo ausente ahí. Hay que dejar de lado el dedo acusador que señala a las pibas y a las madres —como se hizo respecto a Lara que tenía solo 15 años— y entender que se trata de la precariedad que se vive en las barriadas populares donde hay muchísima necesidad”.
A mediados de octubre, en la legislatura porteña se dio inicio a una mesa de trabajo contra la violencia de género y el avance de la narcoestructura en barrios populares, enmarcada en el pedido de Justicia por Morena, Brenda y Lara. Estuvieron presentes referentes de organizaciones, trabajadoras comunitarias y vecinas de distintos barrios populares de la ciudad junto a dirigentas y legisladoras. El propósito fue poner voz y mirada a lo que sucede en los territorios para visibilizar, anticipar un diagnóstico y construir propuestas de políticas públicas de prevención, protección y acceso a derechos. Busca ser una instancia de diálogo y articulación para generar respuestas colectivas e integrales frente a una problemática que duele, vulnera derechos y se cobra vidas. Para eso será necesario que se sostenga, que pueda trazarse una línea de continuidad planificada en el tiempo entre las instituciones y los espacios comunitarios y territoriales.
La multiplicidad de violencias que atraviesa la vida cotidiana de las personas que viven en barrios populares da cuenta de un estado de emergencia que requiere de acciones urgentes. Para todo parece tarde. La sostenibilidad de la vida anudada por los hilos de las redes territoriales está al borde de volverse insostenible. Sin embargo, la voluntad de poner sobre la mesa la situación, de no dejar de nombrar lo que duele y oponer resistencia a un Goliat penetrando en los territorios es muestra clara de una potencia persistente. Aún en la peor adversidad asoma la capacidad de seguir tejiendo, de seguir apostando a entramar. Como una inmensidad que contiene multitudes. Quizás porque colectivamente y en red sea la única forma posible de no dar todo por perdido, de acercarse a abrazar una esperanza.
